Una de las más importantes conquistas de los movimientos obreros que tuvieron lugar en el siglo 20, alrededor del mundo, fue el reconocimiento del valor de la fuerza laboral como bujía de la generación de riqueza y, de allí, su derecho a beneficiarse de las ganancias obtenidas por las empresas para las cuales prestan sus servicios.
Una de las traducciones de esta conquista es el reparto de utilidades, consagrado en nuestra Constitución en 1917, tras el triunfo de la Revolución. Se trató, en su momento, y sigue siéndolo hasta hoy, de un avance enorme en la transformación de las posibilidades de progreso de la clase trabajadora.
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En general, el reparto de utilidades ha sido en México una regla respetada por el sector empresarial, la cual se cumple porque existe claridad respecto de su razonabilidad, pero también porque las instituciones públicas responsables de vigilar el respeto a las normas laborales han sido eficaces en su aplicación y vigilancia.
La Región Sureste de Coahuila no ha sido la excepción en este sentido, y como una donde la planta industrial está conformada por numerosas empresas que generan alto valor agregado, el reparto de utilidades constituye una de las derramas económicas más importantes.
Este año, sin embargo, empleados de diversas compañías se han inconformado por los montos que los cuerpos directivos han anunciado serían entregados a cada persona. Ayer, el conflicto que este hecho ha provocado en la empresa Tupy, llevó al cierre temporal de vialidades en Saltillo.
Los empleados inconformes aseguran que el monto ofrecido hasta ahora no corresponde al nivel de ganancias logrado por sus empleadores durante el año pasado. Se han registrado intentos de negociación, pero estos han fracasado, escalando la tensión por este motivo.
La situación reclama claramente la intervención de las autoridades laborales a fin de que los números puedan ser transparentados y eso abra la posibilidad de alcanzar un acuerdo para que las actividades productivas vuelvan a la normalidad.
Resulta importante en este sentido advertir que la paz laboral en la región, que ha sido históricamente uno de los elementos más relevantes para la promoción industrial del Sureste de Coahuila, no debe resultar dañada por episodios que pueden -y deben- ser resueltos a través de la negociación.
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Los empleados tienen derechos y estos deben ser respetados de forma escrupulosa; las autoridades laborales tienen el deber inexcusable de apoyar esta posición y las empresas deben favorecer en todo momento el diálogo para encauzar los reclamos y encontrar un acuerdo.
La estabilidad laboral tiene que ser el resultado natural de un proceso de convivencia, entre trabajadores y patrones, en el cual no exista duda de que los derechos de los empleados están siendo garantizados de forma absoluta.
Cabría esperar que todas las partes involucradas empeñen su esfuerzo en la pronta resolución de la diferencia.
