Saltillo: Corregir el desorden: ¿basta con ‘endurecer’ las leyes?

Modificar los usos y costumbres de una comunidad no es una tarea fácil, sobre todo cuando estos se ha practicado largamente o a su alrededor se ha generado una cultura de normalización. Y la tarea resulta aún más difícil cuando, además de lo anterior, las conductas que se pretende modificar se encuentran vinculadas a actividades que producen ganancias económicas.

En el mejor de los casos, quienes se benefician de la existencia de las reglas actuales defenderán sus “derechos adquiridos” y demandarán el establecimiento de un periodo de transición para que la conducta sea sustituida de forma gradual. En el peor, la conducta habrá generado poderosas cadenas de complicidad que presentarán dura resistencia al cambio y, acaso, lograrán imponerse en el proceso.

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La segunda posibilidad es una que por desgracia se ha consolidado en múltiples actividades de la vida pública, largamente caracterizada por la corrupción de quienes ocupan cargos gubernamentales y ven en dicho espacio una puerta de acceso a los privilegios.

Tener en cuenta lo anterior es entonces necesario para dimensionar el tamaño del esfuerzo que implica modificar conductas que resultan dañinas para la sociedad, particularmente cuando a su alrededor se han construido islotes de impunidad anclados a la existencia de cadenas de complicidad, dentro y fuera del sector público.

El comentario viene al caso a propósito del reporte que publicamos en esta edición, relativo al llamado que diversos especialistas y servidores públicos hacen para que la legislación en materia de desarrollo urbano sea “endurecida”, a fin de obligar a los desarrolladores de proyectos habitacionales a cumplir con todas sus obligaciones.

La propuesta se plantea, desde luego, a partir de los estragos que en distintos puntos de la mancha urbana provocaron las lluvias de los días recientes y que, como se ha dicho hasta la saciedad, son producto de las malas decisiones tomadas al autorizar desarrollos habitacionales en Saltillo.

Sin duda que la legislación en la materia puede −y debe− perfeccionarse. Siempre existe espacio para la mejora en este sentido. Pero claramente no son más o “mejores” leyes las que requerimos para combatir las consecuencias de las acciones toleradas en el pasado, o para conjurar nuevos yerros del mismo tipo en el futuro inmediato.

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Lo que se requiere es que se combata la impunidad; que las personas a cargo de las instancias públicas responsables del desarrollo cumplan y hagan cumplir la ley y, en todo caso, que sufran consecuencias que se alcen como un disuasor eficaz ante cualquier intento futuro.

Al respecto, una cosa debe decirse con toda claridad: ninguno de los problemas que hoy padecemos se gestó por falta de reglas o por defectos en aquellas. En todos los casos estamos ante actos de incompetencia y corrupción que, si no comenzamos a combatir con eficacia y determinación, seguiremos padeciendo eternamente.