Sin berrinche: El INE y el abaratamiento de la democracia

La presidenta del INE, Guadalupe Taddei, afirma que la elección de juzgadores habrá de tener lugar “sin berrinche” a pesar del severo recorte al presupuesto solicitado para organizar el proceso. Patética declaración de quien debería estar preocupada y comprometida con defender al INE en su delicada encomienda de organizar una elección histórica para abrir paso a una experiencia inédita y complicada en extremo: la elección de juzgadores por voto directo. No cabe duda, la degradación de la política y del servicio público a todos alcanza, incluso a la institución emblemática de la transición democrática más exitosa conocida.

La democracia cuesta. Las instituciones y prácticas electorales se construyeron para dar certeza, siendo indispensable desarrollar una amplia burocracia electoral, así como instrumentos confiables y de elevado costo, como el padrón electoral y la credencial de elector. La duda es si la disminución del gasto podrá acompañarse de la misma calidad. Quizá, pero hay una derrota que todo compromete: la merma de la imparcialidad e independencia de la cúpula del INE, particularmente por parte de la señora Taddei y de los consejeros designados en el pasado reciente.

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Berrinche debieran estar haciendo muchos mexicanos, no por el financiamiento, sino por la colonización que el régimen obradorista ha hecho del órgano electoral y de la Sala Superior del Tribunal Electoral. Berrinche por la pérdida, por el cinismo del gobernante, por la complacencia ciudadana, por la indolencia de los interesados en la imparcialidad; ejemplo, los partidos opositores.

A la democracia ha sido fácil destruirla porque no hay quién la defienda. Licencia grande al berrinche que no ocurre en unos y otros porque el problema son todos, especialmente los partidos, que se han vuelto usufructuarios de las decisiones de la autoridad electoral. La partidocracia es el reverso de la medalla del deterioro de la institucionalidad democrática, una complicidad que ha hecho de los partidos negocios de sus dirigencias.

Por ahora, la polémica se centra en cómo reducir el gasto sin deteriorar la calidad del proceso electoral. El INE debe revisar el método; ha encontrado respuesta que afecta al ciudadano y que potencia a los movilizadores electorales para definir los resultados. Reducir los centros de votación abarata la elección, incluso permite una mayor vigilancia. Presente está el señalamiento de Enrique de la Madrid sobre que la oposición fue incapaz de tener representantes en 40 por ciento de las casillas. Pero para la elección de juzgadores no son los partidos los que vigilan, serán los medios, la sociedad civil y observadores sin legitimidad para impugnar que no sea el berrinche mediático.

El problema es triple, por una parte, para muchos votantes, particularmente a los de las zonas rurales, a quienes ir a votar les llevará más tiempo; por otra parte, cambiar los lugares en los que tradicionalmente se vota hará más difícil e incierto sufragar. Finalmente, menos centros de votación implica mayor concentración de casillas para desahogar la hipotética participación electoral, porque las definiciones al respecto se hacen con quienes pueden ir a votar, no con quienes votarían.

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El problema más grave y de mayor impacto no es la organización de la jornada electoral, sino el absurdo de las restricciones para hacer campañas, limitaciones explicables porque los jueces no son partidos ni candidatos convencionales. Con las limitaciones financieras y mediáticas que se imponen, muy difícil será conciliar el voto informado y las libertades políticas de los candidatos, como la de expresión o las asociadas a una elección justa. La clave está en las campañas y en la movilización electoral, que difícilmente será espontánea, y que dejará en manos de los gobiernos y de las estructuras partidistas oficialistas una decisión que previsiblemente será acompañada por un elevado abstencionismo y una grosera manipulación de votantes, nada que garantice un voto libre y razonado y, por lo mismo, una decisión virtuosa para que lleguen los mejores.

Berrinche debieran estar haciendo también los consejeros comprometidos con la encomienda que les atañe. Su pataleo por el abandono y deslealtad de la consejera presidenta a la institución, ahora los convoca a organizar y avalar una elección destinada al fracaso y, lo peor de todo, de ser razonablemente exitosa en el estándar de los que gobiernan, el método de reducir costos habrá de ser solución no sólo para la aventura absurda de elegir juzgadores, sino para resolver interesadamente y con afectación a la imparcialidad el pecado de origen: el muy elevado gasto electoral.