Surfeando la ola violenta en México
Este 5 de mayo la fiscalía de Baja California ha puesto fin a una trama que exhibió a la entidad ante los ojos del mundo como uno de los núcleos de la violencia mexicana. A ocho días de reportarse la desaparición de dos hermanos australianos y de un amigo de ambos, originario de Estados Unidos, la autoridad confirmó sus identidades, se formó una hipótesis de cómo fueron asesinados y notificó el arresto de tres presuntos responsables, dos hombres y una mujer. Sin embargo, el tufo de la tragedia no es algo que se moja y se seca.
Los hermanos Jake y Callum Robinson arribaron el jueves 25 de abril a Ensenada, acompañados por el amigo mutuo, Jack Carter. Tenían la idea de surfear tres o cuatro días antes de regresar a San Francisco, en donde residía temporalmente uno de los dos hermanos. Viajaron a bordo de una Chevrolet Colorado de color blanco, con la que llegarían a un punto conocido como Punta San José para acampar la tarde del sábado 27. La fiscalía dice que los presuntos asesinos pasaron por el lugar a bordo de una Ford Ranger, igualmente blanca, y simplemente decidieron acercarse para robar las ruedas y otras partes de la pick-up. Se opusieron y les metieron un disparo en la cabeza a cada uno, para luego llevarse los cuerpos a un pozo localizado a unos 7 kilómetros de donde los mataron.
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En un país en el que cada día son asesinadas 80 personas y desaparece otra decena, el triple homicidio anula el efecto de la anestesia frente al asombro. Lo hace no por tratarse de extranjeros, sino porque se coloca un espejo que refleja la condición criminal que se tiene. En Australia, la prensa que siguió diariamente el caso publicó un dato duro: en 2022 la tasa de asesinatos en México fue de 28.7 por cada 100 mil habitantes, mientras que allá apenas fue de 2 por cada 100 mil. El arresto que se ha hecho de los tres sospechosos no elimina tampoco la idea de injusticia, y en ello sin duda pesa el índice de impunidad que prevalece desde hace años, con nueve cada 10 crímenes.
La fiscalía sostiene que el asesinato de los surfistas es ajeno a las operaciones de cualquiera de los “cárteles” que ahí operan, pero los presuntos criminales fueron detenidos en posesión de drogas y, al menos uno de ellos, tiene antecedentes de narcomedudeo y cobro de piso. Puede que la autoridad sea honesta en sus aseveraciones, pero se pierde relevancia cuando, por ejemplo, la alcaldesa de la principal ciudad del estado, Tijuana, vive en una base militar por temor a ser asesinada por una de las organizaciones delictivas.
Baja California es, desde hace unos años, el principal bastión de Morena en el norte, y todo indica que así seguirá tras las elecciones del 2 de junio. Sin embargo, la forma en que se dio muerte a los turistas es la razón por la cual la violencia se mantiene como centro del debate electoral no sólo en la entidad, sino en todo el país. La facilidad con la que se asesina explica el paquete de los actos violentos que se cometen a diario y es la gran encrucijada para las candidatas y el candidato presidenciales.
Los estudiosos más serios del fenómeno de la violencia criminal han dicho que ninguna de las candidaturas ha expuesto un proyecto sólido para contenerla y eventualmente contrarrestarla. La ligereza con la que se conduce la candidata opositora, Xóchitl Gálvez, les concede la razón. El mismo domingo que se confirmó la identidad de los surfistas, Gálvez mantuvo el tono discursivo que, según ella y los dirigentes de los partidos de la alianza, le funcionó en el segundo debate: señalar los supuestos nexos del gobierno de Andrés Manuel López Obrador con los cárteles de la droga. “Vamos a construir un país unido, sin odio, sin división”, declaró en Colima. “Morena representa a la Santa Muerte. Nosotros representamos la vida, la verdad y la libertad”. Efectista, sin duda, pero sin propuesta seria y detallada de cómo alcanzar tales propósitos.
En el lado opuesto, la oficialista Claudia Sheinbaum aprovechó su visita en otro de los epicentros de la violencia criminal, Michoacán, para referirse al tema. Lo hizo atizando el fuego en contra del Poder Judicial, al que demandó comprometerse en pos de la pacificación del país. “El Poder Judicial no puede lavarse las manos frente a la inseguridad”, dijo. “Vean ustedes los recientes amparos que hubo. Entonces qué, ¿aquí no hay responsabilidad?”.
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La candidata de Morena apunta con la misma dureza que el presidente López Obrador hacia uno de los tres poderes, pero lo hace sin autocrítica. Ninguno de los dos −ni ella ni el Presidente− hace referencia a la corrupción criminal que anida dentro del Ministerio Público, por ejemplo. Mucho menos hacia las fuerzas federales encargadas de la seguridad pública.
A ello obedece la facilidad con la que se delinque sin consecuencias y la razón por la que, a excepción de los apologistas de una y otra propuesta electoral, se les exige altura de miras.
