Transparencia en manos ciudadanas: un derecho que no podemos soltar

Por años, los organismos autónomos como el INAI y el ICAI representaron una conquista ciudadana: fueron la vía institucional para ejercer el derecho a saber qué hacen nuestros gobiernos, cómo gastan nuestros recursos y cómo toman decisiones que nos afectan a todos. Hoy, con su desaparición, no sólo retrocedemos en materia de rendición de cuentas, sino que enfrentamos un riesgo mayor: que la opacidad se normalice y gane terreno.

Este comentario viene a cuento a propósito del reportaje que publicamos hoy en SEMANARIO, nuestro suplemento de periodismo de investigación, en donde se advierte que la eliminación de estos contrapesos institucionales –aun con sus defectos sumamente perfectibles– no fue un accidente, sino una decisión política.

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En su lugar, se ha instaurado un modelo donde el acceso a la información depende, en gran medida, de la voluntad del poder y ya no de reglas claras garantizadas por órganos imparciales.

Lo que antes era una ventana de cristal hacia el funcionamiento del Estado, amenaza ahora con convertirse en una persiana cerrada. Así lo advierte el académico José Carlos Nava al referirse a la “persianización del poder”: un retroceso hacia estructuras oscuras, donde el control y la discrecionalidad reemplazan a la claridad.

Frente a este panorama, el reto ya no recae únicamente en el Estado. Como señala el especialista Miguel Ángel Ordaz, ningún gobierno está naturalmente inclinado a transparentar sus acciones. La vigilancia debe provenir de la sociedad.

Hoy, a la sociedad le toca asumirse como mandante, como sujeto activo que exige cuentas y no como un simple espectador de decisiones unilaterales.

El acceso a la información pública, aunque debilitado institucionalmente, sigue siendo un derecho humano protegido por la Constitución. Y ahí radica la clave: que el derecho prevalezca, más allá del organismo que lo garantice.

Para ello, los ciudadanos debemos organizarnos, aprender a formular solicitudes más precisas, recurrir al amparo cuando sea necesario y, sobre todo, generar alianzas entre sociedad civil, periodistas y academia. Ya no hay árbitros y los procesos legales serán más largos y complejos. Pero eso no debe desalentarnos. Al contrario: debe encender la alerta de que, si no defendemos activamente este derecho, lo perderemos de a poco.

Como advierte la periodista Priscila Cárdenas, la eliminación de los órganos autónomos no sólo entorpece la labor informativa, también pone en jaque la capacidad para investigar casos de corrupción o violaciones graves a los derechos humanos. Si acceder a los expedientes sobre Ayotzinapa o las desapariciones forzadas fue posible gracias al INAI, ¿qué pasará ahora sin esa vía?

Además, los riesgos de discrecionalidad crecen con leyes ambiguas que permiten reservar información con criterios tan vagos como “la paz social”.

Esta falta de definición puede convertirse en una herramienta para esconder lo que no conviene mostrar. El peligro no es menor: si el gobierno clasifica como reservada toda información incómoda, la transparencia se convierte en simulacro y la democracia, en discurso vacío.

El desmantelamiento de estos organismos también dejó lecciones. El ICAI, por ejemplo, tuvo fallas: evaluaciones que ignoraban impugnaciones ciudadanas, calificaciones perfectas a sujetos opacos, información publicada en formatos incomprensibles. Pero esas deficiencias no justifican su eliminación. Al contrario, debieron haber sido corregidas para fortalecer el derecho, no suprimirlo.

Hoy, el camino es cuesta arriba. Ya no basta con solicitar información: hay que argumentar, fundamentar, resistir y, en muchos casos, judicializar.

Los ciudadanos debemos capacitarnos, aliarnos, insistir. Porque si renunciamos a este derecho, no habrá quién nos defienda. La transparencia dejó de ser una conquista garantizada: es una batalla que ahora se libra en cada solicitud, en cada recurso, en cada voz que no se conforma con el silencio oficial.

La democracia se alimenta de información. Sin ella, las decisiones públicas se convierten en imposiciones privadas. No podemos permitir que la opacidad se imponga como norma. Hoy, más que nunca, la transparencia depende de nosotros.