Zonas áridas; ¿por qué no hay presupuesto para atenderlas?
La crisis hídrica por la que atraviesa el país y, en particular, la zonas donde la sequía y la aridez están presentes, convocan con urgencia a invertir más en la atención del fenómeno
El uso eficiente del agua es, a no dudarlo, el gran reto del futuro inmediato en el mundo. Y nuestro país no escapa a tal circunstancia, sobre todo en las regiones donde la condición de aridez se intensifica y, de acuerdo con diversas voces especializadas, no existe ninguna razón para considerar que esa realidad vaya a revertirse.
El señalamiento anterior es más cierto aún para el caso de las zonas rurales cuyos habitantes enfrentan particulares dificultades para sostener sus actividades productivas e incluso para sostenerse a sí mismos debido a una creciente disminución en la disponibilidad del vital líquido.
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Ese es justamente el caso del norte del país -aunque hay otras regiones donde esta condición está presente-, donde lo que se requiere con urgencia son políticas públicas orientadas a mejorar la infraestructura y la técnica para afrontar con eficacia la situación de sequía.
Por ello, el trabajo de instituciones como la Comisión Nacional de Zonas Áridas (CONAZA) tienen particular relevancia pues, de acuerdo con sus propias definiciones, tal Comisión tiene como objetivo el “mejoramiento del bienestar de las comunidades rurales de las zonas áridas, semiáridas y en proceso de desertificación”.
Pero declarar que tal objetivo es su razón de ser solamente puede convertirse en realidades tangibles mediante la asignación del presupuesto que permita desplegar las acciones tendientes a enfrentar con eficacia los estragos que provoca la sequía. Por desgracia, en los tiempos de la autodenominada “cuarta transformación” eso no ocurre.
Como lo reportamos en esta edición, la CONAZA ha sido reducida en el actual sexenio a una institución de carácter testimonial que apenas cuenta con recursos para mantener al personal que labora en ella pero carece del presupuesto para implementar las acciones que le dan sentido a su existencia.
Los números no dejan lugar a dudas: de un presupuesto de 876 millones de pesos, ejercido en 2028, la CONAZA pasó 54.5 millones en 2019; luego a 57.3 en 2020; 61.7 los dos años siguientes y en 2023 se le asignaron apenas 64.1 millones, de acuerdo con el presupuesto de egresos de la Federación.
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Para decirlo con mayor claridad: si descontamos el efecto de la inflación de los últimos cinco años, la CONAZA recibe hoy apenas el equivalente al cinco por ciento de lo que se le asignó en el último año del sexenio pasado.
Seguramente el Gobierno de la República aducirá que el recorte obedece a que ahora “ya no hay corrupción” y que el dinero no se administraba bien en el pasado, pues esa es su excusa favorita. Pero, como se ha dicho en innumerables ocasiones, la corrupción debe combatirse investigando los desvíos y castigando a los responsables, no sacrificando a los beneficiarios de programas específicos.
Cabría esperar que ante la crisis hídrica que vive el país, cuyos efectos no harán sino agravarse en los próximos años, exista una rectificación urgente por parte del Gobierno de la República, rectificación que debe traducirse en una mayor asignación de recursos para la atención de las zonas afectadas por la aridez.
