Jorge Torres Lopez: ¿not guilty?

El hecho es sabido por todos ya: en la semana, el exgobernador interino Jorge Torres López fue extraditado a Estados Unidos para enfrentar las acusaciones enderezadas en su contra, como presunto responsable de tres delitos federales, en la Corte del Distrito Sur de Texas, en Corpus Christi.

Lo adelantamos en este espacio apenas el 14 de septiembre pasado: Jorge Torres perdería la batalla para impedir su extradición y lo veríamos portando el uniforme de huésped de una cárcel norteamericana.

A principios de octubre surgió la confirmación de la especie: un trascendido según el cual el sucesor de Humberto Moreira habría desistido del amparo interpuesto para frenar su juicio de extradición, a fin de enfrentar a las autoridades estadounidenses y “limpiar su nombre”.

Preguntar sobre el significado de la expresión “limpiar su nombre” resulta obligado, pues para lograr eso existen solamente dos opciones:

La primera sería ver a la Fiscalía norteamericana desistirse de las acusaciones, pero no solamente se trataba de algo improbable sino absurdo: ninguna autoridad va a invertir recursos en lograr la extradición de un presunto delincuente para luego desistir de llevarle ante un juez.

La segunda sería obtener un veredicto de inocencia por parte del jurado responsable de valorar las pruebas y testimonios, con los cuales la Fiscalía asegura haber armado un sólido caso en su contra.

Esta última pareciera ser la apuesta de Torres López y sus abogados, pues al presentarse el jueves ante la juez B. Janice Ellington, y tras escuchar los cargos en su contra, el exmandatario interino se declaró “not guilty”.

Tal declaración se traduce, en estricto sentido, en el arranque del proceso penal cuyo punto culminante es la audiencia de juicio oral. También implica haber fijado una postura firme ante las acusaciones: estas no podrán ser probadas por la Fiscalía y la presunción de inocencia prevalecerá.

Mucho se ha especulado sobre la posibilidad de ver convertido a Torres López en testigo de la Fiscalía estadounidense a cambio de una sentencia benigna o incluso de ser exonerado totalmente. Esa posibilidad sigue existiendo, pues hasta antes del juicio oral los abogados del coahuilense pueden negociar un acuerdo con la Fiscalía.

La pregunta importante no es pues, si Torres López intentará negociar un acuerdo favorable a sus intereses, sino cuáles son los elementos a partir de los cuales negociaría, es decir, a quien o a quienes puede “entregar” a las autoridades norteamericanas a cambio de su benevolencia.

Porque, como se explicó en un texto publicado el miércoles anterior en VANGUARDIA, el acuerdo con la Fiscalía depende de la entrega de información útil para capturar a “peces más gordos”, a partir de revelar los detalles de delitos cometidos por estos en territorio estadounidense.

Al respecto, resulta importante destacar un detalle: entre el 90 y el 95 por ciento de los procesos penales iniciados en Estados Unidos –a nivel federal y estatal– terminan con un acuerdo y no con un veredicto del jurado.

Y esto ocurre por una razón muy simple: a diferencia de nuestro País, donde los fiscales actúan por consigna y, por regla general, enderezan acusaciones endebles –porque lo importante es la foto del acusado tras las rejas, aunque luego el caso termine perdiéndose–, en Estados Unidos los fiscales se cuidan mucho de no ir a un juicio sin los pelos de la burra en la mano.

Porque allá –también a diferencia de aquí– sólo una cosa diferencia a los fiscales eficaces de los incompetentes: su récord de condenas en juicio, el cual es registrado de forma escrupulosa porque es un parámetro con el cual se evalúa el uso de los recursos de los contribuyentes.

En otras palabras, aunque la apuesta de Torres López pareciera ser la de afrontar el juicio –con el riesgo de ser encontrado culpable y resentir entonces “todo el peso de la ley”–, puede apostarse desde ahora a lo contrario: el juicio concluirá muy seguramente con un acuerdo.

La incógnita es entonces: ¿de cuáles delitos, cometidos en territorio de Estados Unidos, tiene conocimiento Jorge Torres López para negociar con el Fiscal la entrega de “peces más gordos” y así obtener una sentencia benigna o incluso la inmunidad?

ARISTAS

Con independencia de los beneficios a los cuales pueda acceder Torres López en los tribunales estadounidenses, en Coahuila está clara la determinación de las autoridades estatales de encubrir a quienes convirtieron al Gobierno del Estado en una organización delincuencial.

El abogado del exgobernador interino lo dijo con exactitud en la audiencia del jueves: su cliente no ha sido acusado de ningún delito en México. Y como si se tratara de reforzar la afirmación un solícito Miguel Ángel Riquelme se apresuró acá a reiterar lo coartada ofrecida repetidamente a los responsables de la “megadeuda”: en las arcas coahuilenses no falta ni un centavo…

Con esa ayuda oficiosa, ¿quién dudaría en declararse not guilty?

¡Feliz fin de semana!

@sibaja3

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