Coahuila: chocan Poderes Judicial local y federal por posible liberación de profe acusado de abuso
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El caso de la secundaria Urbano Flores, en donde se señala a directivo de abusar de dos menores, confronta a la justicia
El caso de la Secundaria Urbano Flores en Saltillo en el que su ex subdirector Gerardo “N” fue declarado culpable de violentar sexualmente a por lo menos una menor de edad, ha dado un nuevo giro y ha generado una disputa entre los poderes judiciales de Coahuila y de la Federación debido a que una reciente resolución de este último, la cual fue emitida en ‘fast track’, podría ponerlo en libertad.
La controversia comenzó el pasado 13 de febrero, cuando la familia de la joven víctima fue notificada que la jueza primera de distrito del Poder Judicial de la Federación en Saltillo, Claudia Luz Hernández Sánchez había otorgado un nuevo amparo a favor de Gerardo “N” , en cual solicitó de forma inmediata el “cambio de medida cautelar” que consistía en retirar al docente de la prisión para pasarlo a libertad con brazalete.
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La situación encendió la alarma, toda vez que dicha resolución resulta contradictoria, puesto Gerardo ya no cuenta con una situación jurídica para la aplicación de medidas cautelares, pues el docente ya fue sentenciado a una condena de 40 años de prisión, desde el pasado 18 de diciembre.
Este caso data desde junio de 2022, cuando después del suicidio de una joven de 11 años llamada Valentina, su mejor amiga de clase, denunció que el suicidio había sido efecto de una violación perpetrada por el entonces subdirector en activo, y que ella a la par también había sido víctima.
Mientras que la sentencia de la causa 1373/2022 no ha sido apelada ante un tribunal de alzada a nivel local, la defensa de Gerardo, Jorge Ríos Coss, sí optó por promover el amparo cuya petición fue aceptada desde el 10 de enero por el secretario de la juez Jaime Jasso Dávila en el Poder Judicial de la Federación.
La resolución a este amparo en pro de Gerardo fue emitida el pasado 13 de febrero, y los familiares fueron notificados el día 14.
Esta situación es considerada a vista de la autoridad judicial local y de la familia, como una resolución sin precedentes, ya que el tiempo que tardó el análisis fue sumamente corto en comparación con otros casos que tardaron hasta dos años en ver la luz.
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De acuerdo con el documento en poder de VANGUARDIA, el abogado del docente reclamó que la prisión preventiva justificada violentaba el derecho a la presunción de inocencia de Gerardo, y este argumento fue admitido por la jueza.
“La Justicia de la Unión ampara y protege a Gerardo”, resuelve la jueza en el amparo.
“La juez no tomó en cuenta que ya está sentenciado, que la situación ya cambió. Ni tampoco tomó en cuenta los videos de las audiencias donde se exponen que cada vez que el sentenciado ha salido, la menor quien era mejor amiga de Valentina, cae en intentos de suicidio”, dijo.
Al respecto, las autoridades judiciales y cercanas al magistrado presidente, Miguel Mery Ayup aseveraron que la resolución de la jueza contiene errores evidentes, y por lo tanto la autoridad local se abstendrá de cumplir los efectos, aún cuando esto puede caer en un desacato que podría derivar en multas u otros castigos.
“Esta resolución cae en lo absurdo. Están en contubernio con la defensa”, sospechó la abogada Brenda de la Peña quien dice que a lo largo del proceso la juez ha resuelto cuatro amparos a favor de Gerardo.
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Una de las sospechas sobre el contubernio entre la autoridad federal y los abogados de Gerardo recaen en que, cada vez que se promueve un procedimiento como estos, la autoridad local notifica una actualización a los Secretarios sobre la situación jurídica que enfrentan los imputados; es decir, que con antelación, el Poder Judicial Federal tenía conocimiento de que Gerardo ya no era sujeto a la aplicación de medidas por haber sido extraído de su presunción de inocencia a partir de la determinación del Tribunal.
Además, la representación reveló que después de que fueron notificadas y en un intento por dialogar, ni el secretario, ni la jueza recibieron a los familiares, como sí lo hicieron con el abogado de Gerardo.
“Definitivamente esto no es un error. Sería un error ni de principiantes. Esto es un acto total de corrupción”, indicó Brenda de la Peña.
“Vamos a enfrentar todos los riesgos”, dijeron fuentes al interior del Poder Judicial de Coahuila quienes presentaron el caso al presidente magistrado, Miguel Mery Ayup.
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En vísperas de una respuesta, la familia de la joven víctima de esta causa, junto con la familia de Valentina cuyo caso todavía se encuentra en proceso, realizó una manifestación para exigir que la jueza resuelva el recurso de revisión de forma pronta y expedita como lo hizo con el amparo de Gerardo y prohíba de forma inmediata su salida del Centro de Reinserción Social Varonil de Saltillo.
Por su parte, fuentes del Poder Judicial Local incluso informaron que el caso podría caer posteriormente en una denuncia ante órganos como el Sistema Nacional Anticorrupción o la Fiscalía General de la República.
