Coahuila, destino de familias desplazadas del sureste y centro del País

Ante el incremento de familias que abandonan sus lugares de origen por condiciones de inseguridad, fenómenos naturales o falta de oportunidades, en Coahuila se inició un proceso de análisis para atender el desplazamiento forzado interno, informó el defensor de derechos de las personas migrantes, Alberto Xicoténcatl Carrasco.

El también director de la Casa del Migrante de Saltillo señaló que la entidad no solo recibe población extranjera, sino también personas provenientes de estados del sureste y centro del País, como Guerrero, Oaxaca y Chiapas, así como de regiones afectadas por inundaciones en Veracruz.

HACIA UNA POSIBLE LEGISLACIÓN ESTATAL

Explicó que ya se sostuvo un primer acercamiento entre representantes del Gobierno Estatal, organismos de derechos humanos y la Agencia de la ONU para los Refugiados, con el objetivo de abrir el debate sobre la creación de un marco jurídico que atienda esta problemática.

La intención, detalló, es evaluar la viabilidad de una ley que contemple la coordinación entre entidades federativas, de modo que los estados de origen también participen en la atención de las personas desplazadas.

No obstante, advirtió que el proceso implica retos significativos, tanto en materia presupuestal como política, debido a la complejidad de establecer responsabilidades entre distintas jurisdicciones.

BARRERAS DE ACCESO Y DESAFÍOS INSTITUCIONALES

Xicoténcatl Carrasco subrayó que una de las principales dificultades que enfrentan las familias desplazadas es la falta de documentos oficiales, lo que limita su acceso a programas sociales, muchos de los cuales exigen acreditar residencia en la entidad.

Asimismo, planteó que existe un vacío en la corresponsabilidad entre estados, ya que no se puede obligar a las entidades expulsoras a garantizar la integración de su población en otros territorios.

En este contexto, consideró necesario definir mecanismos que faciliten la incorporación de estas personas a una nueva vida, mediante políticas públicas que atiendan sus necesidades básicas y favorezcan su inclusión social.

En las mesas de diálogo participaron instancias como la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la Unidad de Derechos Humanos del Gobierno del Estado, instituciones académicas y diversas dependencias.

Finalmente, destacó que si bien estados como Chihuahua cuentan con legislación en la materia, su enfoque se centra en el desplazamiento interno dentro de su propio territorio, lo que difiere del fenómeno que enfrenta Coahuila, caracterizado por la recepción de población de otras entidades atraída también por oportunidades laborales.