Coahuila: Gobierno federal da carpetazo a ‘pataleo’ por compra de carbón

La administración federal cerró filas en torno a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y dio por concluida la polémica generada por los reclamos de los políticos coahuilenses Ricardo Mejía Berdeja y Antonio “Tony” Flores, quienes denunciaron presuntas irregularidades en la asignación de contratos de compra de carbón en la Región Carbonífera de Coahuila.

En un comunicado emitido este miércoles, la CFE informó que la reciente licitación de carbón mineral térmico fue la más diversificada en su historia reciente, con un monto total adjudicado de 12 mil 239.3 millones de pesos y un volumen de 7 millones 988 mil 087 toneladas. El proceso —solicitado por la Coordinación Regional de Producción Norte— se dividió en dos contratos (números 500659278 y 500659243), por montos de 7 mil 065.3 millones y 8 mil 818.1 millones de pesos, respectivamente.

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De acuerdo con la empresa estatal, 27 partidas fueron adjudicadas a distintos proveedores, tras una evaluación basada en precio y en el mecanismo de “Porcentaje Base de Descuento”. En la investigación de condiciones de mercado se consideraron 247 productores nacionales e internacionales, con el objetivo de beneficiar al mayor número de participantes.

La CFE subrayó que el proceso se realizó bajo los principios de transparencia, legalidad y competencia, y que mantiene la facultad de inspeccionar minas y centros de acopio para verificar el cumplimiento de los contratos.

SHEINBAUM DEFIENDE APERTURA Y EQUIDAD

Las declaraciones de la empresa se suman a la postura de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien en conferencia de prensa había defendido el nuevo esquema de compra de carbón. Aseguró que el proceso fue “más equitativo y con mayor apertura para los pequeños productores”.

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“Antes era para una o dos empresas; ahora se buscó que la compra llegara a más personas”, afirmó. Reconoció que el cambio generó molestia entre quienes concentraban la venta del mineral —“los que antes compraban todo”—, pero sostuvo que la diversificación “era necesaria para garantizar un reparto más justo y acorde con la ley”.

RECLAMOS DENTRO DE LA PROPIA 4T

En las últimas semanas, Tony Flores, diputado local del PT y empresario carbonero, y Ricardo Mejía, diputado federal del mismo partido, se pronunciaron en contra de la licitación.

El pasado 7 de octubre, Flores presentó un punto de acuerdo en el Congreso local para investigar el proceso, pero fue rechazado. Días después, volvió a cuestionar desde tribuna los resultados, pese a que otros legisladores y productores locales expresaron su respaldo a la CFE.

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La tensión escaló el 23 de octubre, cuando en una reunión privada con directivos de la empresa, Mejía Berdeja protagonizó una pelea con el diputado panista Theodoros Kalionchiz, luego de discutir sobre los contratos de carbón. Posteriormente, durante la comparecencia de la directora de la CFE, Emilia Esther Calleja, el petista acusó que la evaluación “fue dirigida” y exigió mayor transparencia.

ROMPEN CON MODELO CONCENTRADOR

En contraste, el Gobierno del Estado y productores locales respaldaron el proceso, al destacar que rompe con el modelo concentrador que por años benefició a un reducido grupo de empresarios del carbón.

El gobernador Manolo Jiménez Salinas afirmó que más de 50 productores —pequeños, medianos y grandes— resultaron beneficiados. “Lo que antes se repartía entre unos cuantos, hoy está abierto para la gran mayoría. Fue una reunión histórica, sin precedentes”, señaló.

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Productores locales emitieron el 25 de octubre un desplegado en el que reconocieron que la licitación reafirma “un compromiso con la transparencia, la legalidad y la justicia”.

Con ello, la administración federal dio carpetazo a las acusaciones de Mejía y Flores. La CFE y el gobierno de Sheinbaum sostienen que el nuevo esquema abre oportunidades, diversifica la economía regional y pone fin a los privilegios en la industria carbonífera.