Coahuila: Sin freno, muertes en clínicas de adicciones

Los casos de fallecimientos y homicidios en centros de rehabilitación contra las adicciones, conocidos como anexos, han sido una constante en los últimos años, a pesar de las inspecciones, clausuras y esfuerzos de las autoridades para regularlos, así como de las denuncias penales interpuestas por familiares.

Desde 2025, la Región Sureste suma al menos siete casos, tres de ellos relacionados con el mismo anexo, Alegría de Vivir, además de otro registrado en Monclova.

Este viernes se registró un nuevo caso, luego de que un hombre identificado como José Alberto fuera localizado inconsciente alrededor del mediodía dentro de una de las habitaciones del centro de rehabilitación Alegría de Vivir, ubicado en el cruce de las calles Leopoldo Lugones y Ramón López Velarde, en la colonia La Madrid.

De acuerdo con la información proporcionada en el lugar, el hombre tenía antecedentes de epilepsia. Personal de atención prehospitalaria acudió para valorar sus signos vitales, pero ya no pudo intervenir debido a que había fallecido, presuntamente por una sobredosis.

Esta no es la primera muerte registrada en este lugar. En diciembre de 2025, Francisco Covarrubias, de 39 años, murió después de ser trasladado desde este anexo al Hospital General de Saltillo. De acuerdo con los reportes de ese momento, presentaba signos de violencia y desnutrición, por lo que el caso fue investigado por la Fiscalía.

Antes, en febrero de 2024, se documentó la muerte de Santos Giovanni, un joven que, según los reportes de entonces, habría sido golpeado por personal del establecimiento, lo que habría provocado su muerte.

Con estos antecedentes, el nuevo fallecimiento pone nuevamente en duda las condiciones en las que operan estos centros y la capacidad de las autoridades para impedir que un establecimiento con antecedentes de muertes y señalamientos por violencia continúe funcionando.

La Ley para la Regulación de Establecimientos Privados para la Atención a las Adicciones del Estado de Coahuila, aprobada en diciembre de 2025, establece que estos establecimientos deben estar incorporados a registros estatales y cumplir con criterios técnicos, operativos y de infraestructura. También contempla visitas de censo, diagnósticos, visitas de seguimiento y revisiones para verificar que los centros subsanen las irregularidades detectadas.

La propia ley establece que el personal de estos lugares tiene la obligación de vigilar, proteger y brindar seguridad a las personas durante su estancia. Además, prohíbe cualquier acto que vulnere sus derechos humanos y reconoce como posibles motivos de queja las malas prácticas médicas o psicológicas, la falta de supervisión y registro, los tratos crueles o degradantes, así como el abuso físico, psicológico o sexual.

Incluso, el marco legal contempla que, cuando se identifiquen incumplimientos, el Comité Estatal para la Supervisión de Establecimientos Especializados en Adicciones puede emitir recomendaciones a las autoridades competentes para adoptar medidas de aseguramiento, clausura o suspensión de actividades.

El cuestionamiento sobre la vigilancia y atención dentro de estos establecimientos también quedó expuesto esta semana, cuando Natalia Verduzco dio a conocer públicamente las circunstancias que antecedieron a la muerte de su padre, Héctor Antonio Verduzco, de 63 años, quien murió por suicidio el 22 de julio dentro de la clínica Gaia, en Saltillo.

Natalia relató que su padre presentaba un deterioro importante en su estado emocional antes de volver a ingresar al centro y cuestionó la atención que recibió, así como las medidas de vigilancia implementadas en el lugar, pues el hombre habría estado alcoholizado al momento de terminar con su vida.

La Fiscalía General del Estado mantiene abierta una carpeta de investigación para determinar si existieron omisiones por parte del personal de Gaia. Julio Loera, delegado de la Fiscalía en la Región Sureste, señaló que una de las líneas de investigación está relacionada con la obligación del personal de mantenerse al pendiente de la salud y la vida de los pacientes.

De acuerdo con un recuento realizado a partir de información publicada por VANGUARDIA, desde enero de 2025 se han registrado ocho fallecimientos en centros de rehabilitación en el estado. Los casos incluyen muertes por problemas de salud, posibles sobredosis, violencia y suicidio, y algunos han derivado en investigaciones penales y detenciones.

Poe su parte, la Secretaría de Salud estatal señaló que ya revisa de manera particular el expediente de Alegría del Vivir y que personal del área de Regulación y Fomento Sanitario acudirá al establecimiento para verificar sus condiciones de operación.

Entre los aspectos que corresponde revisar a la dependencia están que el centro cuente con permiso sanitario, responsable médico registrado y con título y cédula profesional, así como que los expedientes de los pacientes estén completos y que las instalaciones cumplan con las condiciones requeridas.

La dependencia explicó que, cuando durante una inspección se detectan incumplimientos en materia sanitaria, el establecimiento debe solventar las observaciones antes de poder continuar operando. De esta manera, un centro puede haber sido previamente sancionado o incluso suspendido por irregularidades de carácter sanitario y posteriormente reanudar actividades una vez que acredita haber corregido las deficiencias detectadas.

En el caso de un fallecimiento, sin embargo, la determinación de las causas y la posible responsabilidad por violencia, omisiones u otros hechos corresponde a las autoridades de procuración de justicia.

Para atender de manera coordinada este tipo de situaciones, el Gobierno del Estado creó una comisión interinstitucional para la supervisión de los centros de rehabilitación, encabezada por la Secretaría de Gobierno e integrada por dependencias como Salud, Seguridad Pública, Fiscalía y DIF, además de representantes del Congreso, universidades y asociaciones médicas. La intención, explicó la dependencia, es que ante un señalamiento o incidente cada instancia realice la revisión correspondiente y se actúe de manera coordinada.

Ante la falta de un mecanismo público consolidado para que las familias puedan consultar de manera sencilla cuáles centros cumplen con los requisitos, la recomendación de la Secretaría es que, antes de internar a una persona, se solicite información sobre si el establecimiento está registrado, si cuenta con permiso sanitario y quién es su responsable médico. Con información de Ulises Martínez