Esclavos en el Saltillo Colonial

A muchos saltillenses les cuesta creer que aquí se compraron y vendieron personas. Pero así fue. Durante más de dos siglos hubo en la villa hombres, mujeres y niños de origen africano que se heredaban, se rentaban y se remataban como cualquier otro bien.

La mayoría de los esclavos que hubo en Saltillo no venía directamente de África. Eran criollos o ladinos, nacidos en la Nueva España. Se llamaba ladinos a quienes entendían el castellano, aunque a veces fingían no entenderlo, como una forma de resistencia y de protección. Unos pocos esclavos habían sido traídos de Angola o Mozambique.

En los testamentos aparecen inventariados junto con el ganado y los bienes raíces. La ley los trataba como bienes muebles: se compraban, se vendían, se empeñaban, se remataban y se donaban. Así lo registran los fondos Protocolos y Presidencia Municipal del Archivo Municipal de Saltillo.

Buena parte de lo que se sabe sobre los esclavos negros se debe al libro de Carlos Manuel Valdés e Ildefonso Dávila del Bosque Esclavos negros en Saltillo, siglos XVII–XIX, publicado en 1989. Los autores encontraron en el Archivo Municipal alrededor de 248 expedientes de compraventa de esclavos y un acervo amplio sobre negros, mulatos y sus descendientes. El libro se volvió lectura obligada para los estudiosos del noreste novohispano.

A diferencia de Zacatecas, Mazapil o Parral, donde los esclavos trabajaban en las minas, en Saltillo los esclavos, sobre todo mujeres negras y mulatas, trabajaban en la cocina, lavaban, planchaban y cuidaban a los niños de la casa. Los varones servían de pajes o acompañaban a caballo a los vecinos notables. Hacendados, militares, funcionarios virreinales y clérigos los tenían para su servicio y, sobre todo, para que se viera que podían tenerlos: una forma de presunción social, a fin de cuentas.

En Saltillo se prefería a las mujeres. Servían en las casas y con sus hijos, aumentaban el patrimonio del amo. La esclavitud se heredaba por vía materna: toda criatura nacida de madre esclava nacía esclava o esclavo. Por eso una mulata joven podía cotizarse en 450 pesos de oro.

El registro más antiguo de una venta de esclavos es de 1615: la venta de una negra joven, criolla, procedente de la Ciudad de México, sana de toda enfermedad, por 520 pesos de oro común. Vender un esclavo obligaba a pagar a la Caja Real una alcabala de entre 7 y 11 pesos de oro, así que la evasión era cosa común, y muchas ventas y nacimientos quedaron fuera de los protocolos.

Ante la Real Justicia

La ley, como siempre, ponía a los débiles en desventaja, pero no les cerraba del todo el acceso a la justicia. El derecho de la época, fundado en las Siete Partidas y en las Leyes de Indias, contaba a los esclavos entre los miserables, junto con los indios, los huérfanos y los pobres: gente desprotegida a la que la justicia debía asistir sin cobrarle.

Un esclavo podía presentarse ante el alcalde ordinario o el justicia mayor para denunciar la sevicia, que era como se llamaba entonces a la crueldad excesiva. Si el juez comprobaba el abuso, podía darle licencia para buscar otro comprador o mandar que un perito lo valuara para que alguien pagara su rescate.

Para muestra

En marzo de 1713 la justicia intervino contra Diego, sirviente del capitán Bartolomé de Cuéllar, que había azotado en la espalda y en las piernas a un niño esclavo de ocho años. Hacia 1719 el rector jesuita del Colegio de Parras, Francisco Ortiz, compró en Saltillo a un mulato prieto de 24 años por 300 pesos.

En 1726 el mulato Andrés, de 26 años, se querelló contra su amo, el capitán Juan Martínez Guajardo. Declaró que lo tenía encadenado y desnudo a la intemperie, y que lo estaba matando de hambre. Su esposa vivía en otra finca, y cuando él salía a buscar comida o a verla, lo castigaban: lo golpeaban con palos en la cabeza y en las piernas; para colmo, la mujer del capitán le jalaba la barba, y el propio capitán llegó a azotarlo hasta casi ahogarlo en un arroyo. Andrés no pidió la libertad. Pidió licencia para buscar otro amo que lo tratara mejor.

Los esclavos también llegaban ante la justicia como acusados. En 1737, en la hacienda de Santa María, hoy en el municipio de Ramos Arizpe, una disputa sobre a quién pertenecía un almud de maíz terminó a cuchilladas. Juan Manuel Francisco de Silva, esclavo bozal originario de Mozambique y de oficio azucarero, atacó a su compañero, el negro Antonio, sirviente de doña Ana María Almandos y de Diego Felipe Sáenz, y lo hirió en el vientre, la espalda y la cara. Antonio alcanzó a recibir la extremaunción del cura y, antes de morir, le dijo al mayordomo: Señor, Juan Manuel me ha puesto así.

Castigos y “justicia”

El justicia mayor de la villa dictó una sentencia hecha para que todos la vieran. Juan Manuel sería sacado de la prisión y arrastrado a la cola de una bestia de albarda por las calles, a son de trompeta y con pregonero, con el cuchillo colgado al cuello, y después ahorcado. Nadie podría bajar el cuerpo de la horca.

Como a cualquier reo pobre procesado por un delito grave, el juzgado le había asignado un defensor de oficio. Este apeló ante la Real Audiencia de Guadalajara, y el tribunal revocó la pena de muerte. En su lugar, Juan Manuel sería paseado por las calles en bestia de albarda, desnudo de la cintura para arriba y con el cuchillo colgado a la garganta; recibiría 200 azotes en público, y su servicio se vendería por ocho años para trabajar en un obraje. De lo que ganara saldrían doce pesos y medio para misas por el alma de Antonio, veinte pesos para la viuda, María Margarita de Arizpe, y seis pesos para las costas del proceso. La historiografía local lo cuenta entre los primeros casos en que el trabajo forzado sustituyó a la pena capital y se fijó una reparación económica para la viuda.

Cartas de libertad

No todo lo que guarda el archivo es castigo y compraventa. En los fondos Protocolos, Presidencia Municipal y Testamentos se conservan también cartas de libertad, escrituras en las que un amo declaraba libre a un esclavo ante el escribano.

Una de las cartas más antiguas de la villa es de 1659. Ese año, Alfonso González Romero pagó 120 pesos en reales a Alfonso Martín Peña y a su esposa para liberar a su hijo Cristóbal, un niño mulato nacido de la esclava Juana.

En 1682 fue una madre quien juntó el dinero. Estefanía Ernandes (sic) reunió 200 pesos de oro común con sus ahorros y con ayuda de otros, y Nicolás de Huerta los entregó a su amo, Nicolás de Oballe. Con ese pago quedaron libres ella y su hija Rosa María, de un año y dos meses.

A veces la libertad llegaba por agradecimiento. En 1694 doña María de Ayala de Montes de Oca liberó a Josefa, una niña morisca de tres meses, por las muchas y buenas obras que había recibido de la madre, la esclava Juana Flores. En 1699 el cura Bartolomé Cervantes Negrete dispuso en su testamento que la mulata Teresa de Jesús quedaría libre después de servirle diez años sin sueldo, y que al final recibiría el salario acumulado. Si él moría antes, la libertad correría de inmediato. Al año siguiente, la mulata Andrea puso en manos de su amo, Juan de la Peña, 425 pesos de oro común ganados con su trabajo, y él tuvo que presentarse ante la alcaldía a formalizar la carta que la dejaba libre.

Algunos testamentos dejaban la libertad a plazo. En 1718 el sargento mayor Nicolás Guajardo, gravemente enfermo, declaró en la cláusula 17 del suyo que sus esclavas María de Santiago y Manuela serían libres cuando su esposa muriera. En 1739, en cambio, Joseph Antonio Fernández de Rumayor, notario del Santo Oficio en Saltillo, liberó a Ana Gertrudis Sebastiana, de cuatro años, por el mucho amor que le tiene y porque su madre le ha servido bien antes y después de haberla comprado.

Otros tuvieron que ganarse la libertad en el juzgado. En 1752 una esclava llamada María Teresa obtuvo permiso para buscar un nuevo amo que pagara su valor. En octubre de 1759 el mulato libre Joseph Manuel López de la Cruz demandó a Antonio Cortinas, dueño de su esposa, la esclava María Faustina, por haberla azotado con saña tres veces, y pidió que un perito la valuara, porque él quería pagar su libertad con su propio dinero.

En 1762 los herederos de Ygnacio de Zertuche y Catharina Rodríguez liberaron al mulato Diego de la Sención en muestra de agradecimiento por haberlos criado y haberles servido con toda fidelidad y puntualidad. En 1773 el regidor y alférez real Melchor Lobo Guerrero liberó a María Antonia Romero por el buen servicio prestado en su casa.

El caso más singular ocurrió en 1774 en la hacienda de Mesillas. Más de veinte jornaleros y labradores, entre ellos Marcelo Gómez, Francisco de Aguilar y Phelipe Guebara, juntaron de sus salarios 201 pesos y dos reales y medio. Los entregaron ante el alcalde ordinario Pedro Joseph de la Peña para comprar la libertad de su compañero, el esclavo Joseph Ygnacio de Aguirre, y dijeron que lo hacían por hacerle bien y buena obra y por el mucho amor que antes y después de ahora le han profesado.

En fecha que la fuente no precisa, la esclava Isabel Carbajal denunció a su amo, Martínez de Abal, por golpes, hambre e intentos de abuso contra ella y sus dos hijas adolescentes, y pidió trabajar fuera de la casa para pagar su libertad.

En 1797 José Pereyra de Castro dejó en la cláusula 20 de su testamento la libertad del esclavo Agustín, de 20 años, con la condición de que aprenda algún oficio para que pueda mantenerse y evitarle la holgazanería. En la misma cláusula liberó a la esclava María Xaviera.

El color y el vientre

La mayor concentración de esclavos de la región no estaba en Saltillo, sino en el latifundio de los marqueses de San Miguel de Aguayo, de la familia Azlor Echeverz, con sede en Patos, hoy General Cepeda. En su hacienda de Santa María del Rosario, en Parras, los esclavos no estaban dispersos en el servicio de las casas, sino reunidos en los obrajes textiles. En 1760 trabajaban ahí 102, casi tantos como los 131 que el censo de 1777 encontraría en toda la villa de Saltillo diecisiete años después. En 1815 todavía quedaban 50.

Para distinguir

Los documentos llegan a usar hasta 23 términos para el color de la piel: negro, prieto, cocho, alobado, morisco, trigueño y otros. Hubo incluso esclavos o mulatos blancos, a quienes sus dueños vendían bajo la figura legal de vientre esclavo. Lo que contaba no era el color de la piel, sino la madre.

A principios del siglo XIX el vientre de una esclava todavía se pagaba aparte. En agosto de 1805 doña Rosalía de la Zendeja vendió a Gertrudis Polanco la mulata María Zaragoza Saravia en 186 pesos. Dos meses después, la esclava dio a luz a un niño, José Secundino Silvano. La vendedora entabló pleito: alegaba que la criatura había sido concebida bajo su techo. Ganó: consiguió que se le pagaran 25 pesos más por el producto del vientre.

Al terminar el periodo colonial, muchos de aquellos hombres y mujeres, o sus hijos, se habían integrado a la vida de la villa como artesanos y pequeños comerciantes.

La libertad llegó

La Constitución del Estado de Coahuila y Tejas, promulgada el 11 de marzo de 1827, declaró en su artículo 11 que todo hombre que habitara en el estado, aun de tránsito, gozaba de los derechos de libertad, seguridad, propiedad e igualdad. El artículo 13 fue más lejos: en el estado nadie nace esclavo desde que se publique esta constitución en la cabecera de cada partido, y después de seis meses tampoco se permite su introducción bajo ningún pretexto. La medida apuntaba sobre todo a Texas, adonde los colonos angloamericanos llegaban con esclavos. Muchos la burlaron con contratos de trabajo forzoso a muy largo plazo. Aquel artículo y, después, el decreto de abolición de Vicente Guerrero en 1829 se volvieron motivo de choque entre los colonos y el gobierno del estado, y alimentaron la separación de Texas en 1836.

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