Saltillo: Lizeth evita la cárcel temporalmente por fraude de más de 70 mdp y negocia con víctimas
Acusada de una veintena de casos de fraude inmobiliario, Lizeth evade la cárcel; aún enfrenta 18 causas en etapa intermedia
El caso de Lizeth, la mujer que enfrenta cerca de una veintena de denuncias que suman aproximadamente 70 millones de pesos por la venta de propiedades que no le pertenecían, continúa su curso legal marcado por sentencias, apelaciones y acuerdos de último momento.
La defensa de Lizeth, encabezada por el abogado Ricardo Giovanni Hernández Espitia, logró un avance significativo la semana pasada, específicamente el 8 de noviembre, al alcanzar un acuerdo con algunas de las víctimas, realizando pagos durante la audiencia para evitar la continuidad del juicio en una de las denuncias.
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SITUACIÓN ACTUAL: SUSPENSIÓN DEFINITIVA
Lizeth fue declarada culpable de fraude en un juicio que agrupó cuatro denuncias por un monto total de 4.5 millones de pesos, en octubre de 2024. Desde entonces, ha evitado su ingreso al penal.
Recientemente se informó que le fue otorgada la suspensión definitiva en el marco de un amparo indirecto que aún está en curso. Esto significa que, por el momento, Lizeth no ingresará al penal para cumplir la sanción de 15 años derivada de las sentencias. Estas cuatro condenas ya fueron confirmadas en segunda instancia.
FRAUDE TRAS FRAUDE
La escala del caso es considerable. Los primeros reportes surgieron en 2020, y fue hasta 2023 cuando se judicializaron los primeros expedientes, lo que derivó en una primera sentencia de 15 años por cuatro denuncias.
La situación actual es la siguiente: en etapa intermedia se encuentran 18 causas pendientes de resolución. Además, hay tres nuevas denuncias que aún no cuentan con audiencia inicial.
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El retraso en estas audiencias se debe a que no se ha logrado localizar a uno de los abogados que acompañaba a Lizeth en los trámites relacionados con los hechos denunciados.
La defensa, encabezada por Hernández Espitia, sostiene que Lizeth no debe ser considerada como la única autora de los crímenes. Argumenta que los compradores, al adquirir los lotes y viviendas, necesariamente realizaron diversos trámites con notarios y otros abogados, lo que implicaría la participación de terceros en las operaciones de venta.
