Acusan extorsiones utilizando el T-MEC

Sindicatos mexicanos de reciente creación utilizan el Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida del T-MEC como vía de presión contra empresas exportadoras, en un esquema que especialistas advierten ha derivado en prácticas cercanas a la extorsión, acusaron despachos.

Grupo Reforma publicó que la presencia del crimen organizado es un factor que autoridades de EU empiezan a tomar en cuenta en la resolución de quejas y paneles que se presentan bajo el Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida del T-MEC.

Así lo demuestra la resolución del caso de la Minera Camino Rojo, de la canadiense Orla Mining, en el cual se expuso que detrás de actos de intimidación en contra de trabajadores de su mina en Mazapil, Zacatecas, estuvo la mano del narco.

El instrumento, incorporado en 2019 dentro del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, fue diseñado para sancionar la denegación de derechos de libertad sindical y negociación colectiva.

Sin embargo, en muchas ocasiones, organizaciones sin una real representatividad lo han convertido en una herramienta de presión económica para beneficios personales.

De acuerdo con un abogado laboral consultado, los gremios de reciente creación (de 2021 a la fecha) apurados en la afiliación de trabajadores encabezan este tipo de estrategias, pero en la mayoría de casos han sido detonadas en al menos 40 casos por el Gobierno de Estados Unidos.

Las industrias más afectadas de estos gremios son la automotriz y de autopartes, particularmente en el Bajío y el centro del País, donde se concentran las exportaciones hacia Estados Unidos.

“Van y denuncian una supuesta denegación de derechos buscando ingresar a las empresas a pesar de ser sindicatos sin relación previa con los trabajadores”, explicó.

El especialista señaló que estos sindicatos buscan forzar el acceso a los centros de trabajo mediante la activación del mecanismo, lo que abre la puerta para influir en los trabajadores o incluso negociar directamente con las empresas.

“Utilizan el mecanismo para obligar a que les abran las puertas. Ya dentro, buscan desplazar a los sindicatos existentes y, en algunos casos, han llegado a exigir que se cumpla con compensaciones económicas, a pesar de que en la jurisdicción nacional no exista una condena”, advirtió.

El Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida permite que cualquier persona o grupo presente una queja ante autoridades estadounidenses. Si éstas consideran que existe una posible violación, activan el proceso y solicitan a México una investigación.

Sin embargo, el impacto para las empresas es inmediato. Desde el inicio del procedimiento, las compañías pueden perder los beneficios arancelarios del T-MEC, lo que implica pagar impuestos como si no existiera un tratado comercial.

“Es una medida muy agresiva. A una empresa exportadora le cambias de un día a otro un arancel de cero a 50 por ciento. Eso les dobla las manos, aunque no tengan responsabilidad”, explicó el abogado.

El especialista subrayó que se trata de un esquema que sanciona desde el arranque, sin que exista una resolución de fondo.

“Es como congelar cuentas sin juicio. Aquí te quitan beneficios comerciales antes de probar que cometiste una falta”, dijo.

“El problema no es la herramienta, que es válida, sino su uso. Se ha desvirtuado y hoy funciona como una palanca de presión para intereses ajenos a los trabajadores”, sostuvo.

El experto consideró que la próxima revisión del T-MEC representa una oportunidad para que México ajuste las reglas y evite abusos, como impedir sanciones automáticas o limitar la presentación de quejas exclusivamente a gobiernos.

“Hoy cualquier actor puede detonar un mecanismo con efectos económicos inmediatos. Ahí está el desequilibrio”, alertó.