Adela pasó de trabajadora doméstica a empresaria fantasma

Adela Vázquez, de 58 años, volvía a casa cargada con las compras del mercado cuando un auto blanco le cerró el paso. El reloj casi marcaba la 01:00 de la tarde del 28 de mayo de 2025. Un hombre y una mujer bajaron del vehículo y la llamaron por su nombre. Al volante quedó otra persona. Le ordenaron que se subiera. Ya arriba le entregaron una orden de aprehensión; eran policías ministeriales federales. Ahí escuchó hablar por primera vez del tema que se volvería su dolor de cabeza por meses: Maximus Enterprises S.A. de C.V., una textilera que importaba mercancía asiática.

Según la acusación, Adela era socia y representante legal de la firma, y le debía al fisco 16 millones de pesos por contrabando, un delito que podría costarle hasta nueve años de cárcel.

Fue presentada ante un juez de Control bajo la causa penal 157/2020, y se inició un proceso en su contra. Pasada la medianoche regresó a su casa con el peso de un delito que, asegura, no cometió.

Las investigaciones hacendarias se remontaban a septiembre de 2013, cuando la empresa, adscrita al programa de fomento de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación (IMMEX), dejó de reportar sus movimientos a la Secretaría de Economía (SE).

Autoridades fiscales descubrieron que el domicilio que tenían registrado, una bodega ubicada en privada Pino 12524, colonia La Carmelita, en la ciudad de Puebla, estaba vacío desde hacía meses.

La empresa había desaparecido junto con las presuntas toneladas de textiles importados.

La señora rechazó los cargos. Aseguró que jamás firmó papel legal alguno relacionado con esa compañía. “Pero empresa de dónde, si yo siempre me he dedicado al trabajo doméstico”, contó a principios de este año en una entrevista. “Dicen que soy la administradora, pero si yo no terminé ni la primaria. Eso es de una gente que tiene preparación; yo toda mi vida me he dedicado al hogar. Jamás había escuchado de la empresa esa”.

Adela ha pasado su vida entre el trabajo en casas ajenas y la propia, siempre a cargo de labores domésticas. Es una mujer menuda, de andar rápido con pasos cortos. Su cabello lleva trazas de la edad.

Lo que vivió, de acuerdo con lo narrado, fue un robo o suplantación de identidad: la sumaron a la empresa sin su autorización, falsificaron su firma y la hicieron responsable. Se vio obligada a buscar asesoría legal. Y lo que encontró fue un acompañamiento deficiente, recuerda, por el que pagó miles de pesos que reunió con ayuda de familiares y de un “préstamo fuerte con una persona que se dedica a eso”. Una deuda que poco a poco ha ido saldando.

A pesar del gasto, poco hizo su defensa para demostrar que lejos de ser la cabeza legal de una empresa que contrabandea textiles, era en realidad víctima de un delito que vive en un “limbo” jurídico, de acuerdo con especialistas consultados para este trabajo.

Aunque ha pasado más de un año, la señora Adela aún vive en la incertidumbre. Lo último que le notificaron vía telefónica fue que el caso se había mandado al archivo, pero no le entregaron ningún documento que lo ratifique. El robo o suplantación de identidad, afirma, “es un tormento para las personas que lo hemos vivido”.

INICIA EN TLAXCALA

Maximus Enterprises se constituyó en agosto de 2008 en la correduría pública número 1 de Santa Chiautempan, Tlaxcala.

De acuerdo con los documentos, su base de operaciones sería Cholula, Puebla, y se dedicaría a la maquila textil.

En el inicio de la compañía, la señora Adela no aparecía como accionista, pero cuatro años después, el 13 de abril de 2012, Leonardo Adolfo Daniel Molina Yano dio fe de la venta de acciones a dos nuevos socios, ahí apareció en papeles el nombre de Adela Vázquez Vázquez. Y lo hizo con base en el testimonio de una mujer que presentó un acta de asamblea de la sociedad en donde, además, la nombraban administradora de la sociedad.

En el acta notarial se lee: “Que bajo protesta de decir verdad la compareciente manifiesta que las firmas estampadas en el acta de asamblea ordinaria corresponden al puño y letra de los interesados”.

Adela insiste en que ella no firmó el acta de asamblea ni los movimientos de textiles importados que aparecen reportados en la carpeta de investigación de la Fiscalía General de la República (FGR).

En esos documentos hay asentada una firma que no se parece a la registrada en la credencial de elector de la señora.

Se buscó al notario en su oficina para abundar en el tema, pero no atendió la petición de entrevista.

Para Luis Pérez de Acha, abogado fiscalista y doctor en Derecho, el robo de identidad de personas “es una de las modalidades clásicas con la que operan las empresas fantasma para ocultar la identidad de los verdaderos dueños del negocio ilícito, y esquivan las consecuencias legales que recaen en las personas cuya identidad fue hurtada, que con mucha frecuencia son personas, en particular mujeres, con niveles de precarización para quienes defenderse es muy caro o complicado”.

El también exintegrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción reconoció que los mecanismos legales “todavía no son muy eficientes para eliminar las consecuencias que se generan a cargo de las personas a quienes les roban la identidad”.

Para este trabajo se solicitaron entrevistas con el SAT, la SHCP y la FGR; sin embargo, no hubo respuesta a la petición.

DATOS A LA DERIVA

Adrián Alcalá Méndez, el último presidente del extinto Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), destaca que uno de los problemas es la facilidad con la que solemos entregar nuestra información.

“En un montón de lugares nos piden identificarnos sin ofrecer prácticamente ninguna medida de seguridad o manejo responsable de ellos. Cuando entras a un edificio, por ejemplo, y para dejarte entrar te piden el INE, o se la mandas a la persona que atiende la papelería a dónde vas a imprimir documentos, por poner dos ejemplos muy básicos”.

Otro problema es el robo de bases de datos con información personal a entidades de gobierno.

En una comunicación que se tuvo vía correo electrónico con personal de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, que desde el 21 de marzo de 2025 es la autoridad encargada de proteger los datos personales, se reconoció que no tienen información al respecto.

“No se cuenta con un registro de las denuncias presentadas que se encuentren específicamente relacionadas con el robo de datos personales; de modo que no es posible indicar cuántas denuncias fueron recibidas o atendidas; tampoco se cuenta con la información estadística que especifique el uso de datos personales para la constitución de empresas fraudulentas o factureras”, respondió el personal.

La Fiscalía General de la República tampoco entregó datos con el argumento de que no pudo ubicar cifras del delito, y pidió que se especificara el delito con su tipo penal, pero el robo de identidad no está tipificado como tal en el Código Penal Federal.

La diputada Olga Juliana Elizondo Guerra presentó a principios de julio pasado una iniciativa de reforma para tipificar el robo o suplantación de identidad. Un delito que, dice, sólo está reconocido “en más o menos 16 estados, que cuentan con alguna legislación para sancionar dentro de lo que a ellos les compete, pero a nivel federal no la tenemos”.

“El problema no es sólo la afectación patrimonial”, afirma, “también hay daños emocionales, pues los delincuentes acceden a información privada”.

Desde el Poder Legislativo federal se ha buscado, desde hace algunos años, darle rostro jurídico al delito, y aunque hasta el momento eso no ha sucedido, la reforma podría estar cerca.

En julio pasado la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados aprobó por mayoría una reforma para reconocer como delito “la suplantación de identidad digital”. Falta que el dictamen llegue al pleno y ahí se apruebe.

Cuando son casos relacionados con personas afectadas en sus operaciones bancarias, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) vincula el robo de identidad con el delito de fraude, explica su presidente Óscar Rosado Jiménez.

EL DATO

16 millones de pesos es la deuda que el fisco le adjudicó a Adela Vázquez, según la acusación del Ministerio Público Federal.