Caso Axe Ceremonia: defensa denuncia amparos ‘anticipados’ de Ocesa y Lobo y pide claridad
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La familia de una de las víctimas sostuvo que dos empresas promovieron amparos antes de que se emitiera el acuerdo que las reconoció como imputadas
CDMX.- La representación legal de la familia de Berenice Giles, uno de los dos fotógrafos fallecidos durante el festival Axe Ceremonia, aseguró que Ocesa y Seguridad Privada Lobo promovieron amparos para frenar el acuerdo ministerial con el que se les otorgó la calidad de imputadas en la investigación por la muerte de los reporteros gráficos.
En una conferencia realizada la mañana de este miércoles a las afueras de los Juzgados de Distrito en Materia Penal, en la colonia San Ángel, el abogado Fabián Victoria señaló que ambas empresas “se adelantaron” a impugnar un acuerdo que, afirmó, todavía no existía cuando presentaron sus recursos.
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“Ocesa y Lobo vinieron a presentar, cada quien de ellas, un amparo directo en contra del acuerdo que determinaba darles la calidad de imputados... esos dos amparos... los presentaron el día 12 de enero”, dijo, al añadir que el acuerdo que les cambió la calidad a imputadas aparece fechado el 14 de enero; en su exposición, la fecha fue mencionada como “14 de enero de 2025 (sic)”, mientras que otros reportes ubican ese acuerdo en enero de 2026, en el contexto de la investigación por hechos ocurridos en 2025.
Como antecedente inmediato, la familia Giles informó previamente que Ocesa y Seguridad Privada Lobo quedaron en calidad de imputadas por el delito de homicidio por la muerte de los fotógrafos Miguel Ángel Rojas y Berenice Giles, y que la notificación fue realizada por el Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.
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El caso se originó tras el fallecimiento de ambos fotoperiodistas durante el festival Axe Ceremonia realizado en el Parque Bicentenario, un hecho que detonó protestas y exigencias públicas de esclarecimiento y responsabilidades.
En reacciones, la defensa de la familia Giles también cuestionó la participación del asesor jurídico de la otra familia en el proceso, al señalar un posible conflicto por su relación académica con personal de la fiscalía, y sostuvo que ello pondría en duda la imparcialidad con la que debe conducirse la investigación.
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En el plano legal e institucional, la discusión se centra en el efecto de los amparos promovidos contra el acuerdo de cambio de calidad procesal, así como en los actos ministeriales que derivaron en el reconocimiento de Ocesa y Lobo como imputadas; además, en el expediente han existido señalamientos públicos sobre demoras y alcances de las diligencias.
El proceso continúa en tribunales y ante la fiscalía capitalina, mientras las familias mantienen la exigencia de que se determinen responsabilidades por la muerte de los dos fotógrafos y se garantice que las decisiones judiciales y ministeriales se emitan sin dilaciones ni dudas sobre la imparcialidad.
