Caso Ayotzinapa: Usa la 4T a Ángel Aguirre como ‘pieza de sacrificio’ y cortina de humo en exoneración de militares: Riva Palacio

CDMX.- La detención del exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, es una cortina de humo orquestada desde el Gobierno Federal para desviar la atención de la exoneración absoluta del Ejército en el caso Ayotzinapa, asegura Raymundo Riva Palacio.

Hoy en su columna Estrictamente Personal, el periodista aborda los verdaderos motivos de la aprehensión de Aguirre Rivero, a quien califica como “una pieza de sacrificio en el caso Ayotzinapa”.

“Es una nueva jugarreta gubernamental del régimen de la 4T, que lleva ocho años tratando de combatir la versión del exprocurador Jesús Murillo Karam, llamada ‘la verdad histórica’”, refiere.

El objetivo, de acuerdo con el analista, es aliviar la presión internacional luego de la última recomendación de la CNDH sobre el caso Ayotzinapa, en la que “concluyó que no existen elementos probatorios para atribuir responsabilidades a la Secretaría de la Defensa en la desaparición de los 43 normalistas”, refiere.

De esta manera, advierte, la presidenta Claudia Sheinbaum perpetúa el blindaje militar y el uso político de una tragedia que, tras tres sexenios, permanece marcada por la impunidad y el abandono a las víctimas.

Según el análisis del periodista, el valor probatorio de dicha exoneración “le está costando mucho trabajo al Gobierno Federal”, por lo que la captura fue promovida directamente desde las cúpulas militares en Lomas de Sotelo como una “caja china”.

La semana pasada, el exgobernador Ángel Aguirre fue detenido por elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) en el Estado de México. Al respecto, la fiscal general Ernestina Godoy dijo que su detención se debió a que nueva información apunta a que el exfuncionario ordenó la destrucción y ocultamiento de grabaciones clave.

Sin embargo, Riva Palacio subraya que esos videos “no tienen peso alguno para resolver el crimen” y califica la acción penal como “una burda cortina de humo” que busca llevar a Aguirre “del ocultamiento de la evidencia a la colusión con el crimen organizado cuando era gobernador”.

Para sustentar la imputación por colusión con el narcotráfico, la FGR utilizó como testigo cooperante al líder de Guerreros Unidos, Sidronio Casarrubias, alias “El Sapo”, quien declaró que Aguirre ignoró las advertencias sobre los nexos del entonces alcalde de Iguala, José Luis Abarca, con el crimen organizado.

En su columna, Riva Palacio desmiente esa narrativa oficial y sentencia que “es una mentira”, al explicar que la relación de Abarca y su esposa con el cártel era del conocimiento público en las estructuras de poder y que incluso se discutió en las mesas de seguridad del entonces CISEN (hoy Centro Nacional de Inteligencia).

“Nunca hizo nada el gobierno de Peña Nieto. Tampoco el Ejército ni la Policía Federal o el gobierno de Aguirre. Fueron omisos. Las minutas de esas reuniones desaparecieron hace 12 años”, asevera.

AYOTZINAPA: EL USO POLÍTICO DE UNA TRAGEDIA DURANTE TRES SEXENIOS

Durante tres sexenios, acusa Riva Palacio, la tragedia de Ayotzinapa ha sido usada con fines políticos: Peña Nieto construyó la “verdad histórica”; Andrés Manuel López Obrador impulsó una “verdad alterna” contra militares para luego anularla y blindar al Ejército; y ahora, Claudia Sheinbaum mantiene intacta esa protección, abriendo con la detención de Ángel Aguirre nuevo “desagüe político”.

“La desaparición de los normalistas de Ayotzinapa en Iguala ha sido abordada por los gobiernos de Enrique Peña Nieto, Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum con un enfoque político”, señala.

PERSONAJES LIGADOS AL CASO AYOTZINAPA, HOY ESTÁN ENCUMBRADOS EN LA 4T

El autor de Estrictamente Personal exhibe también la contradicción de la 4T, que mientras persigue al exgobernador, personajes que ocuparon puestos claves en la seguridad estatal y federal en 2014, cuando ocurrió la tragedia de los 43 normalistas, hoy están encumbrados en el régimen.

Es el caso del almirante Rafael Ojeda, exsecretario de Marina de López Obrador, quien era comandante de la Octava Región Naval en Guerrero; Mariana Benítez, brazo fuerte de Murillo Karam y autora intelectual de “la verdad histórica”, quien entró a Morena y hoy es diputada federal; y Omar García Harfuch, actual secretario de Seguridad federal, que fue delegado estatal de la Policía Federal en ese estado.

Respecto al ocultamiento de pruebas, el periodista recuerda que una recomendación original de la CNDH –cuando era autónoma– evidenció que el papel del Ejército (al que intentan exonerar) la noche de los hechos “no fue de contención, sino de espionaje operativo activo y posterior ocultamiento de evidencia fundamental”.

Riva Palacio menciona en su artículo que el subteniente de inteligencia militar, Eduardo Mota Esquivel, presenció de forma encubierta en el Puente del Chipote la agresión y detención ilegal de los normalistas para entregarlos al crimen organizado; tomó entre cuatro y cinco fotografías con su celular. Posteriormente, las borró del móvil tras supuestamente descargarlas en el Batallón, provocando la pérdida total de la evidencia visual inmediata”.

El analista concluye que el caso Ayotzinapa carga con un historial de “omisiones criminales” y abandono a las víctimas y a sus familiares, y advierte que, aunque la imputación de Aguirre sea verdad, “no resolverá el caso, pero le dará oxígeno al Ejército, porque donde hay tantos culpables, nadie lo es”.