Denuncian a magistrado de Colima; ‘bloquea demanda de pensión y usa influencias’

COLIMA, COL.- Desde diciembre de 2023, Brenda Hernández mantiene una disputa legal para obtener una pensión alimenticia justa y condiciones estables para sus dos hijos. Afirma que su expareja, Juan Carlos Montes y Montes -presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Colima- ha utilizado su posición para retrasar el proceso y obstaculizar las acciones legales que ha intentado emprender desde que decidió separarse de él por supuesta violencia.

Hernández explicó que, tras más de un año de trámites, consiguió únicamente una pensión provisional que fija un descuento del 15% del salario del magistrado. De acuerdo con el tabulador del Poder Judicial de Colima, el sueldo bruto mensual del funcionario asciende a 104 mil 845 pesos, aunque no se especifican las deducciones finales. El pago, dice, se deposita vía nómina: “Desde abril de 2024 se le quitan 6 mil 391 pesos cada quincena, pero no cubren ni la mitad de los gastos de los niños”.

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La madre sostiene que no solo se trata del monto económico, sino también de la convivencia. La jueza del caso no estableció un régimen claro, lo que -afirma- deja a discreción del magistrado los días en que ve a los menores. “Él no los busca por semanas; emocionalmente también es un padre ausente”, señala.

Montes y Montes fue designado magistrado presidente en 2022 y ratificado tras la reforma al Poder Judicial en 2024. Hernández asegura haber dejado su hogar en enero de 2022 debido a una situación de violencia “insostenible”, y que los meses posteriores no existió una pensión regular. Al momento de interponer la demanda, relata, el proceso “se volvió un calvario” por la falta de avances, lo que la obligó a promover un amparo por omisiones de la jueza.

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A la par del juicio, la mujer ha interpuesto denuncias por presunto maltrato infantil, tráfico de influencias y ejercicio indebido de funciones; además, ha solicitado órdenes de protección que -dice- no han prosperado porque el magistrado “utiliza su poder para entorpecerlas”. También afirma que varios abogados se han negado a representarla por temor a represalias en otros casos. “Solo quiero suelo parejo; un debido proceso”, pide.

Hernández buscó apoyo institucional. Entregó un expediente breve a la gobernadora Indira Vizcaíno, buscó acercamiento con la presidenta Claudia Sheinbaum y logró contacto con Citlalli Hernández, titular de la Secretaría de la Mujer. Sin embargo, ninguna gestión -dijo- ha derivado en avances concretos.

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Montes y Montes rechazó haber interferido en el proceso. Afirmó que él cubre las colegiaturas, actividades extracurriculares y otros gastos de los menores, y que la resolución provisional quedó firme porque su expareja no la impugnó. Sobre la convivencia, señaló que la carga de trabajo puede impedirle cumplir ciertos horarios, pero negó descuido o riesgo hacia los menores. También sostuvo que la orden de protección fue negada a nivel federal porque “no existían elementos”.

El magistrado atribuyó los señalamientos a una “presión mediática” para justificar que el abogado de Hernández no apeló en tiempo la resolución. Mientras tanto, las acciones legales siguen en curso y los expedientes continúan reservados. Con información de El Universal