Desde prisión, exfuncionario de Sonora acusa montaje y niega desvío de recursos

HERMOSILLO, SON.- Desde el penal donde permanece en prisión preventiva desde hace más de cuatro meses, José Víctor Guerrero González, exsecretario de Educación y Cultura de Sonora, aseguró ser inocente del delito de peculado que le imputa la Fiscalía Anticorrupción del Estado (FAS), al sostener que las acusaciones carecen de sustento jurídico.

A través de una carta pública dirigida a la opinión pública, el exfuncionario afirmó que los recursos por los que fue vinculado a proceso no son fondos públicos, sino dinero privado derivado de retenciones aplicadas directamente al salario de trabajadores de la educación afiliados a la Sección 54 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, destinados a un sistema de previsión social vigente desde hace cuatro décadas.

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Guerrero González explicó que dicho esquema se originó en un acuerdo laboral firmado en 1986 entre el Gobierno del Estado y el sindicato magisterial, con el objetivo de otorgar prestaciones económicas a los trabajadores o a sus deudos en casos de incapacidad, pérdidas orgánicas o fallecimiento. “Al no tratarse de recursos públicos, no existe el delito que se me imputa”, sostuvo.

El exsecretario detalló que estas retenciones aparecen en los talones de pago bajo conceptos como Plan de Beneficios Múltiples y que, jurídicamente, se consideran “fondos ajenos”, similares a descuentos de nómina destinados a aseguradoras, servicios funerarios o pensiones alimenticias, por lo que —afirmó— dejan de formar parte del presupuesto estatal.

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En su posicionamiento, advirtió que si prospera la tesis de la Fiscalía de que los recursos son públicos, también deberían investigarse funcionarios de la actual y la anterior administración estatal, tanto de la Secretaría de Educación y Cultura como de la Secretaría de Hacienda, ya que el esquema financiero continúa vigente bajo la denominación de Plan de Beneficios Laborales.

Incluso señaló que en la administración actual los recursos retenidos se depositan en una cuenta bancaria destinada a programas de pavimentación e infraestructura urbana, desde la cual posteriormente se transfieren al sindicato, lo que —a su juicio— evidenciaría un uso similar del mecanismo que hoy se le reprocha penalmente.

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Guerrero González recordó que durante su gestión detectó presuntas irregularidades en la operación de un fideicomiso administrado por la empresa Consulta Actuarios, SC, motivo por el cual instruyó al comité técnico del plan a presentar una denuncia penal en 2021. Posteriormente, añadió, la actual administración promovió una demanda civil para recuperar recursos presuntamente mal utilizados.

Sin embargo, denunció que ese proceso civil se encuentra detenido desde finales de 2024 y que la investigación penal fue reorientada contra los funcionarios que originalmente denunciaron a la empresa, además de que la evidencia documental que respalda su versión no ha sido valorada por los juzgadores, pese a integrar la carpeta de investigación.

Finalmente, el exsecretario exigió transparencia, respeto a la presunción de inocencia y que el caso sea resuelto sin presiones externas. También reclamó que se reactive el proceso civil contra la empresa administradora de los fondos y advirtió que su encarcelamiento lo convierte en el único imputado privado de la libertad por un esquema que, aseguró, sigue operando dentro del gobierno estatal. Con información de El Universal