Diputados de Morena corrigen reforma para evitar cárcel a usuarios
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Diputados de la bancada oficial informaron que presentarán una reserva para dejar claro que la penalización por vapeo no aplicará a consumidores individuales
CDMX.- La bancada de Morena en la Cámara de Diputados anunció que presentará una modificación a la reforma legal que prohíbe los cigarrillos electrónicos y vapeadores, con el propósito de aclarar que no se aplicará pena a quienes consuman esos productos de forma individual, sino únicamente a quienes los compren, vendan o distribuyan con fines comerciales.
El ajuste fue propuesto luego de que diversos sectores criticaran que la redacción original podría criminalizar a usuarios que porten un vapeador. En su intervención desde tribuna, el presidente de la Comisión de Salud, Pedro Zenteno (Morena), declaró que la reserva busca “especificar con toda claridad el tipo penal”.
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La reforma, impulsada como parte de una política nacional de salud, pretende prohibir la producción, comercialización e importación de dispositivos de vapeo, como una medida preventiva ante los riesgos para la salud que representan, especialmente entre jóvenes. La iniciativa ya avanzó en comisiones esta semana.
Según el borrador aprobado en comisiones, las sanciones para quienes infrinjan la ley incluyen penas de prisión de entre uno y ocho años, así como multas que pueden ascender hasta 226 mil pesos.
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El debate ha generado polarización: mientras el bloque oficialista defiende la iniciativa como una medida de salud pública, opositores advierten que penalizar a consumidores —o mantener redadas bajo criterios amplios— podría fomentar un mercado negro e incluso abrir espacios para abusos.
Con la reserva presentada por Morena, se busca calmar las críticas y centrar las sanciones en quienes comercien con vapeadores, sin perseguir a quienes los porten únicamente para uso personal. El acuerdo político parece un intento por balancear el combate al tabaquismo y la protección de libertades individuales.
El ajuste será sometido al proceso legislativo correspondiente, donde diputados de diferentes partidos ya expresaron posturas encontradas respecto a la regulación, despenalización del consumo, la posible criminalización de usuarios y el impacto en la demanda de salud pública. Con información de El Universal
