En 7 días, nueva Corte enfrenta críticas por autos blindados, ritual y decisiones internas

CDMX.- La nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), primera electa en las urnas, atravesó una semana marcada por controversias internas y señalamientos por decisiones administrativas, a poco más de 100 días de haber iniciado funciones el 1 de septiembre de 2025.

Como contexto inmediato, en la ceremonia solemne de instalación, el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz ofreció un Poder Judicial “austero, transparente, honesto y cercano al pueblo”, promesa que fue contrastada en días recientes con una cadena de episodios que derivaron en comunicados, aclaraciones y críticas públicas.

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En el Pleno, el 19 de enero se discutió un proyecto de la ministra Lenia Batres Guadarrama sobre la improcedencia de interponer recursos de revisión contra sentencias dictadas por las extintas Primera Sala y Segunda Sala; aunque el proyecto fue avalado por unanimidad, siete ministros objetaron el párrafo 52 al considerar que vulneraba el principio de cosa juzgada. En esa sesión, Yasmín Esquivel Mossa sostuvo que las decisiones “se toman por unanimidad o mayoría de votos” y que la Corte “no representa ni debe representar la voluntad individual de una persona que presenta la propuesta”.

Tras el debate, Batres mantuvo el párrafo y señaló: “Si los ministros quieren cambiar las normas de este Pleno, de funcionamiento, yo pediría que se emita un acuerdo para que eso suceda [...] Si se insiste en querer suprimir un párrafo de mi proyecto, porque es mi proyecto, ustedes están cambiándolo”, por lo que en el registro quedó asentado que hubo mayoría de ministros en contra de ese apartado.

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En el plano administrativo, el 22 de enero la SCJN informó que renovó la flotilla vehicular asignada a ministras y ministros mediante la adquisición de nueve camionetas blindadas tipo Jeep, con el argumento de garantizar condiciones de seguridad. El máximo tribunal sostuvo que las unidades en uso ya no cumplían estándares adecuados y que la renovación se realizó con base en normatividad interna emitida en 2019, que prevé renovar este tipo de vehículos cada cuatro años o antes.

De acuerdo con el catálogo referido en la información difundida, los precios de esas camionetas oscilan entre 1 millón 69 mil pesos y 1 millón 777 mil pesos, sin incluir el blindaje, cuyo costo, según el nivel, podría llevarlas a más de 3 millones de pesos por unidad. Tras críticas por estos automóviles, la Corte anunció el domingo 25 de enero que las ministras y los ministros decidieron no utilizarlos y que solicitarán iniciar el proceso para su devolución o, en su caso, ponerlos a disposición de personas juzgadoras que enfrentan mayores riesgos.

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En otro punto, el 24 de enero la Corte emitió una tarjeta informativa sobre la elaboración del retrato al óleo de Lenia Batres Guadarrama: indicó que la obra fue adjudicada a la artista Diana Carolina López López, pero que no se realizó por “compromisos y actividades previamente programadas”; añadió que “la ministra Lenia Batres no determinó ni a la artista ni los términos del contrato, incluyendo su monto”, que fue de 40 mil pesos, y reconoció que se omitió retirar el documento del Portal de Transparencia Ciudadana, por lo que permaneció disponible.

En reacción, Batres sostuvo en su cuenta de X que no tuvo participación en la adjudicación, contratación, no realización y no pago del retrato, y escribió: “Se sigue comprobando que no es a mí a quien van a encontrar abusos de gastos. Al contrario, puedo seguir presumiendo que mi equipo y yo devolvimos o ahorramos a la Suprema Corte en dos años más de 20 millones de pesos”; mientras que otra ministra, Loretta Ortiz Ahlf, se dijo “muy feliz de estar en Costa Rica” tras ser captada viajando en primera clase y difundió su participación en la inauguración del Año Judicial Interamericano 2026 y en la Primera Edición del Seminario Interamericano de Derechos Humanos.

En el panorama general, también volvió al debate público el costo del acto del 1 de septiembre en el Zócalo, donde los ministros recibieron un bastón de mando en una ceremonia tradicional en la que se agradeció a Quetzalcóatl; información obtenida vía transparencia por El Universal señaló que el evento costó al menos 1 millón 254 mil 121 pesos, con pagos a proveedores por audio, baños portátiles, alimentos y montaje de escenario, en una semana en la que la Corte enfrentó presión por explicar decisiones y procedimientos internos y administrativos.