Feministas acusan inacción y exigen remover a juez por presunta agresión

CDMX.- Colectivas feministas exigieron la destitución del juez de Control en materia penal Jonathan Yong Mendoza, al señalar presunta inacción del Poder Judicial de Quintana Roo tras la difusión en redes sociales de una imagen en la que se observa a un funcionario aparentemente con un arma de fuego en mano durante una agresión contra una mujer, identificada como su pareja, en el fraccionamiento Palmaris, en Cancún.

En redes sociales circuló la fotografía en la que se aprecia al presunto servidor público con lo que aparenta ser una pistola, mientras la víctima se encuentra tirada en el piso. De manera extraoficial, también se señaló que el juez presuntamente intimidó a un agente de Seguridad Pública que acudió a atender el reporte.

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De acuerdo con la información difundida, hasta el momento ninguna autoridad se ha pronunciado públicamente sobre los hechos ocurridos el 23 de diciembre, que involucran al juez. El Poder Judicial, que cuenta con un Comité de Género, no ha informado acciones en torno al tema.

En tanto, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Quintana Roo negó tener un reporte de los hechos, aunque se indicó que hubo una denuncia vía telefónica al 911, lo que habría motivado la intervención del Grupo Especializado de Atención a la Violencia Familiar y de Género (Geavig).

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La colectiva 50+1, capítulo Quintana Roo, exigió la destitución inmediata de Yong Mendoza, así como la realización de una investigación “exhaustiva y transparente” por parte de las autoridades competentes. También demandó medidas de protección para las personas afectadas y que se garantice el acceso a la justicia sin privilegios ni dilaciones.

En su pronunciamiento, 50+1 afirmó que los hechos fueron presenciados por personas que se encontraban en el lugar y que existirían grabaciones que documentan el incidente, por lo que pidió que se integren a la indagatoria.

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Sobre el perfil del funcionario, se indicó que Yong Mendoza fue nombrado en 2016 como titular de la entonces Secretaría de Seguridad Pública del municipio de Benito Juárez y fue destituido en mayo de 2017; posteriormente fue reubicado como director de Catastro en junio de ese mismo año. Tras el proceso para integrar el nuevo Poder Judicial estatal, resultó electo y el Congreso local lo nombró juez en septiembre.

Por separado, el Colectivo Femenil Xtabay coincidió en la exigencia de separarlo del cargo y pidió sancionarlo. En tanto, 50+1 señaló que el juez ha sido mencionado previamente en investigaciones por presuntos delitos como lavado de dinero y posibles vínculos con la delincuencia organizada, y sostuvo que actos de violencia, particularmente contra mujeres, no deben ser tolerados en la función pública. Con información de El Universal