FGR logra nueva vinculación contra excolaboradores de Aureoles por desvío de 138 mdp en Michoacán
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La imputación apunta a transferencias por más de 138 millones de pesos y se suma a otro proceso por el desvío de más de 3 mil millones.
CDMX.- La Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción (FEMCC) de la Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo la vinculación a proceso contra Carlos Maldonado Mendoza, exsecretario de Finanzas de Michoacán, e Israel Patrón Reyes, exsecretario de Seguridad, por el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades, derivado del pago de más de 138 millones de pesos a dos empresas gasolineras y una compañía de seguros.
De acuerdo con la información del caso, las resoluciones de amparo frenaron el cumplimiento de mandamientos judiciales; en este expediente, la determinación judicial se relaciona con pagos hechos con recursos federales durante la administración de Silvano Aureoles Conejo, quien gobernó Michoacán del 1 de octubre de 2015 al 30 de septiembre de 2021.
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Según el señalamiento, los pagos indebidos se habrían realizado con recursos del Ramo 28, denominado “participaciones a Entidades Federativas y Municipios y/o Partida Estatal”, y se efectuaron entre el 17 de enero y el 25 de noviembre de 2020.
En el procedimiento se indicó que las transferencias se canalizaron a Grupo Octano, Centro Carretero San Jorge y Seguros El Potosí, y que, por la conducta imputada, se consideró la posibilidad de una sanción de hasta 12 años de prisión.
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Como antecedente, se informó que Maldonado Mendoza se encuentra preso en la Ciudad de México, mientras que Patrón Reyes es considerado prófugo; además, la FGR ha solicitado su detención con fines de extradición a Estados Unidos, donde presuntamente ha sido ubicado.
En cuanto a reacciones y elementos de investigación, el expediente se originó a partir de una denuncia de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), en la que se señala la falta de constancias sobre la prestación de los servicios y, en el caso de las empresas gasolineras, la inexistencia de contratos que sustentaran las transferencias.
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En el plano institucional, se detalló que el desvío por más de 138 millones de pesos se realizó mediante 87 solicitudes de pago, y que, conforme a constancias judiciales, se habrían pagado 100 millones 236 mil 619 pesos a Grupo Octano; 30 millones 2 mil 15 pesos a Centro Carretero San Jorge; y 8 millones 357 mil 15 pesos a Seguros El Potosí.
En el panorama general, se indicó que ambos exfuncionarios enfrentan otro proceso penal relacionado con el presunto desvío de más de 3 mil millones de pesos de recursos federales destinados a la construcción de cuarteles de policía en la entidad.
