Gobierno de Biden y Abbot siguen en disputa legal por medidas extremas por reforzar la frontera en Texas
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Dicha demanda es el capítulo más reciente del conflicto legal que protagonizan Texas, gobernada por Greg Abbott, y la administración de Biden por la seguridad fronteriza
Hace unos días, una jueza federal ha concedido la petición de Texas para impedir que temporalmente el Gobierno de Biden retire el alambre de púas en la frontera entre Estados Unidos y México a la espera de una audiencia preliminar.
Dicha demanda es el capítulo más reciente del conflicto legal que protagonizan Texas, gobernada por Greg Abbott, y la administración de Biden por la seguridad fronteriza, justo en medio de una oleada de migrantes que está poniendo a prueba los recursos locales y federales.
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ANTECEDENTES DEL CONFLICTO
Greg Abbott y Joe Biden continúan en la batalla legal por la instalación de una barrera de boyas en el río Grande en julio pasado.
Defensores de derechos humanos denunciaron que Texas ha extendido su polémica barrera de alambres de púas en la frontera con Ciudad Juárez, lo que ha elevado el riesgo para los migrantes que cruzan hacia la ciudad de El Paso.
Recordemos que un tribunal federal con sede en Austin, capital de este estado sureño, coincidió con los argumentos del Gobierno del presidente Joe Biden, que exigía la suspensión de la instalación de esta barrera.
El republicano Abbott anunció inmediatamente que apelaría esta decisión.
El río Bravo, también llamado río Grande, es la frontera natural con México. Las boyas instaladas están diseñadas para girar si alguien trata de asirse a ellas y, a cada lado, tienen unos discos metálicos dentados.
La línea de boyas color naranja de unos 300 metros (995 pies) está tendida en el sector de Eagle Pass, que limita con Piedras Negras en México. Es uno de los tramos utilizados por migrantes para entrar a Estados Unidos.
El tribunal federal prohibió a las autoridades estatales y a cualquier entidad que trabaje a su servicio “construir o agregar cualquier boya, barrera o estructura de cualquier tipo en el río Grande”, en espera de una decisión de un tribunal superior sobre el fondo de la cuestión.
También ordenó “reubicar antes del 15 de septiembre” todos los elementos ya existentes que componen esta barrera flotante “en la orilla del Río Grande del lado de Texas”.
El domingo 22 de octubre, la cumbre migratoria de México y otros 11 países latinoamericanos concluyó con una declaración conjunta que rechazó las “medidas coercitivas”, la promesa de respetar el derecho humano a migrar y la petición de más alternativas legales para la migración.
La declaración conjunta, con 13 puntos de acuerdo, fue firmada por los jefes de Estado de Colombia, Cuba, Haití, Honduras y Venezuela, el vicepresidente de El Salvador y el viceprimer ministro de Belice, así como ministros de Costa Rica, Ecuador, Guatemala y Panamá, que se reunieron en Palenque, Chiapas, con el presidente Andrés Manuel López Obrador.
