Jueza ordena al gobierno de Trump cancelar anuncios de TV pagados con fondos de contribuyentes
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Durante dos semanas, tras una demanda de la organización ciudadana Common Cause, se detendrán los anuncios de la DHS financiados con 20 millones de dólares públicos
El presidente Donald Trump debe cancelar cualquier anuncio televisivo restante que haya sido pagado con dinero de los contribuyentes para promover su mensaje político, ordenó una jueza federal la noche del domingo, aun cuando el gobierno indicó que la campaña publicitaria estaba llegando a su fin.
La jueza de distrito Jennifer L. Rochon, en Nueva York, dio la razón a una coalición —que incluye al grupo de vigilancia no partidista Common Cause— que impugnó los anuncios y los calificó como un uso ilegal de fondos. Al conceder una orden de restricción temporal, le indicó al gobierno que debe cancelar cualquier anuncio restante, incluidos los programados para emitirse la noche del domingo.
“La parte demandada no deberá celebrar, renovar ni ampliar ningún acuerdo que autorice el desarrollo, la creación, la difusión, la colocación o la emisión de los anuncios impugnados” durante las dos semanas de vigencia de su orden, manifestó la jueza.
La Casa Blanca no respondió de momento a un correo electrónico en busca de comentarios. El Departamento de Justicia argumentó el sábado en la noche que la orden era innecesaria porque “la supuesta conducta infractora terminará mañana”.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus iniciales en inglés) destinó 20 millones de dólares de los contribuyentes para los anuncios. Expertos legales han dejado entrever que la decisión violó una ley federal que prohíbe que los fondos asignados por el Congreso sean utilizados para “publicidad o propaganda”, así como otras leyes.
“Nos complace que el tribunal actuara con rapidez para evitar que se utilicen más dólares de los contribuyentes para una propaganda política tan descaradamente ilegal”, dijeron los demandantes en un comunicado emitido por Democracy Forward, la organización legal sin fines de lucro que los representa. “No hay justificación legal —ni precedente— para que el presidente utilice la maquinaria del gobierno y fondos asignados por el Congreso para otros usos para influir en resultados electorales que impulsen su propia agenda”.
La funcionaria de alto rango del DHS Holly Mehringer escribió el sábado en un comunicado que el dinero provenía de fondos asignados por el Congreso que están “disponibles para, entre otras cosas, ‘conmemorar esfuerzos y eventos relacionados con la seguridad fronteriza’”.
La Casa Blanca ha defendido los anuncios como anuncios de servicio público, similares a lo que gobiernos anteriores han hecho para promover diversas políticas. Pero los anuncios recientes difieren de muchos de los anteriores porque no están dirigidos a ayudar a miembros de la población a beneficiarse de programas gubernamentales específicos.
Los anuncios, que comenzaron a finales de septiembre, enaltecen a Trump y se hacen eco de su mensaje político de cara a las elecciones legislativas del próximo mes. Uno incluye un clip de Trump hablando sobre la amenaza del comunismo y otro es una repetición de un anuncio de su última campaña presidencial. El quinto anuncio comenzó a emitirse el martes, centrándose en la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro.
El uso de fondos públicos para pagar los anuncios generó fuertes críticas —incluso de miembros del Partido Republicano.
“No debería pagarse con dólares de los contribuyentes”, dijo el líder de la mayoría en el Senado, John Thune, un republicano por Dakota del Sur.
El Comité Nacional Demócrata ha presentado por separado una demanda contra el gobierno republicano por los anuncios.
En medio de la reacción, Trump dijo que comenzaría a pagar los anuncios con una cuenta de campaña. Un funcionario de la Casa Blanca señaló que no había planes inmediatos para reembolsar al gobierno el dinero que ya fue gastado.
