Autoridades de los Estados Unidos aseguran que Cártel de Santa Rosa de Lima reclutó exmilitares colombianos

El Cártel de Santa Rosa de Lima reclutó a exmilitares y paramilitares colombianos para enfrentar al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en su lucha por el control del robo de combustible y petróleo crudo en el llamado “Triángulo de la Bermuda”, conformado por varios municipios de Guanajuato.

De acuerdo con el Departamento del Tesoro, el grupo criminal fundado por José Antonio Yépez Ortiz, “El Marro” que ya está en la mira de los Estados Unidos, le declaró la guerra al Cártel Jalisco Nueva Generación en octubre de 2017, en el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto.

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Y en su lucha, que mantiene a Guanajuato sumido en la violencia, el Cártel de Santa Rosa se alió con los cárteles del Golfo y de Sinaloa, así como células delictivas violentas de tráfico de drogas.

De acuerdo con el Departamento del Tesoro, el Cártel de Santa Rosa de Lima tiene sus orígenes en 2014, y está principalmente involucrado en el robo de combustible y petróleo, además de que también está involucrado en el tráfico de drogas, incluida la heroína.

Aseguró que, desde la cárcel, “El Marro” ayudó al Cártel de Santa Rosa de Lima a aliarse con el Cártel del Golfo para enfrentar al Cártel Jalisco Nueva Generación que le disputa el control del robo de combustible.

Señaló que las actividades del CSRL contribuyen a un mercado negro de energía transfronterizo que proporciona una importante fuente de ingresos para las organizaciones criminales mexicanas, al tiempo que perjudica a las empresas estadounidenses legítimas de petróleo y gas natural y causa importantes pérdidas de ingresos para el Gobierno de México.

José Antonio Yépez Ortiz, “El Marro”, quedó en la mira del gobierno de los Estados Unidos luego de que este miércoles el Departamento del Tesoro le impuso sanciones por encabezar el Cártel de Santa Rosa de Lima (CSRL), uno de los más violentos del país e involucrado en el robo de combustible y petróleo crudo a escala industrial.

A pesar de haber sido arrestado, en agosto de 2020, el líder huachicolero sigue operando las actividades de la organización criminal desde la cárcel, desde donde envía instrucciones para sus colaboradores, a través de sus abogados y familiares, según el Departamento del Tesoro.

Dos años después de su aprehensión en Guanajuato, un juez federal impuso a Yépez Ortiz 60 años de prisión al ser declarado culpable del delito de secuestro, pero aún enfrenta acusaciones por delincuencia organizada, lavado de dinero y extracción ilegal de combustible e intento de homicidio.

Desde que fue encarcelado, el líder huachicolero se ha quejado de tortura y tratos crueles e inhumanos al interior del penal de máxima seguridad del Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México.

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En julio del año pasado, el líder huachicolero fue trasladado al penal federal de Durango, donde actualmente permanece preso y quejándose de supuesta tortura y falta de atención médica.