‘No vamos a cubrir a nadie’... Sheinbaum pide pruebas contundentes a EU en caso Rocha Moya; FGR investigará caso

La presidenta Claudia Sheinbaum marcó una línea clara frente a las acusaciones del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, que el 29 de abril señaló al gobernador Rubén Rocha Moya y a otros funcionarios por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa. Desde Palacio Nacional, el mensaje fue directo: cualquier señalamiento debe estar respaldado por pruebas.

“Como presidenta de la República, mi posición ante estos hechos, verdad, justicia y defensa de la soberanía, es decir, la Fiscalía General de la República (FGR) que es la autoridad competente, recibe pruebas contundentes conforme a la legislación mexicana en su propia investigación encuentra elementos constitutivos de un delito, deberá proceder conforme a Derecho bajo nuestra jurisdicción, lo he dicho siempre de forma clara y hemos actuando en consecuencia”, expreso.

La presidenta reiteró que en México no se protegerá a ninguna persona que haya cometido un delito, pero subrayó que cualquier acción deberá sustentarse en pruebas y realizarse bajo la jurisdicción nacional.

“Nosotros no vamos a cubrir a nadie que haya cometido un delito. Sin embargo, si no existen pruebas claras es evidente que el objetivo de estas imputaciones por parte del Departamento de Justicia es político. Bajo ningún motivo vamos a permitir la intromisión o injerencia de un gobierno extranjero en las decisiones que le competen exclusivamente al pueblo de México”, afirmó la mandataria, al tiempo que subrayó que la actuación del Estado mexicano dependerá de evidencias sólidas. En su posicionamiento, insistió en que la verdad y la justicia son ejes centrales, pero siempre dentro del marco jurídico nacional.

Sheinbaum también dejó ver un punto sensible en la relación bilateral: la defensa de la soberanía nacional. “Bajo ningún motivo vamos a permitir la intromisión o injerencia de un gobierno extranjero”, sostuvo, en una declaración que marca distancia frente a cualquier presión externa.

FGR INVESTIGARÁ, PERO BAJO LEY MEXICANA

La Fiscalía General de la República asumirá la revisión del caso, aunque dejó claro que su actuación dependerá de que existan pruebas contundentes. El vocero de la institución, Ulises Lara López, señaló que la solicitud de extradición presentada por autoridades estadounidenses no incluye, hasta ahora, elementos suficientes.

El funcionario explicó que el tratado bilateral establece requisitos estrictos: sin evidencia sólida, no procede ninguna entrega. “Es fundamental cumplir con lo que mandata la ley, con pleno respeto al Estado de derecho”, enfatizó en un mensaje videograbado.

Además, recordó que la legislación mexicana contempla la necesidad de retirar la inmunidad procesal a funcionarios como gobernadores antes de cualquier detención. Este punto jurídico introduce un filtro adicional que complejiza el proceso y lo mantiene dentro del ámbito institucional mexicano.

EXTRADICIÓN, CONFIDENCIALIDAD Y TENSIÓN DIPLOMÁTICA

Otro elemento que ha generado debate es la difusión pública del caso. Según la FGR, la información enviada por Estados Unidos debió mantenerse bajo reserva, conforme a la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas.

“Dar a conocer dicha información con otros fines podría afectar la naturaleza confidencial de los procedimientos penales”, advirtió Lara López, en referencia a la exposición mediática del expediente. Este señalamiento añade una dimensión diplomática al conflicto.

Mientras tanto, el caso se mantiene en una fase inicial, marcada por declaraciones firmes, exigencias de pruebas y una tensión latente entre cooperación internacional y defensa de la jurisdicción mexicana.

COMUNICADO ÍNTEGRO DE SHEINBAUM

Al pueblo de México. El 28 de abril por la noche, la Secretaría de Relaciones Exteriores recibió 10 documentos solicitando la detención provisional con fines de extradición para 10 ciudadanos mexicanos.

El 29 de abril, la misma Secretaría, de acuerdo con el marco normativo vigente, Turno la información recibida a la Fiscalía General de la República para la evaluación de dichas solicitudes conforme a la legislación mexicana.

El miércoles 29 de abril al mediodía, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América para el distrito sur de Nueva York hizo público el levantamiento de cargos contra 10 ciudadanos mexicanos entre los que se encuentra el gobernador en funciones de Sinaloa, El senador por Sinaloa y el alcalde de Culiacán, anexo a esta acusación publicó un documento denominado en español acusación de reemplazo bajo reserva esto lleva un extrañamiento del jurídico de relaciones exteriores dado que estos procesos son confidenciales acorde con los tratados en la materia ayer por la tarde la fiscal General de la República, emitió un comunicado en el que establece lo siguiente.

Con fundamento en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Código Nacional de Procedimientos Penales y las leyes aplicadas en la materia, es obligación de la Fiscalía, a través de la Fiscalía Especial para Asuntos Internacionales, analizar la documentación recibida con la finalidad de establecer con toda exactitud si existen los elementos probatorios necesarios para tal fin y en su caso, sobre la viabilidad de la solicitud.

De manera paralela, la Fiscalía General de la República señaló que iniciará una investigación para allegarse de toda la información necesaria para conocer si existen datos de prueba que establezcan la eventualidad de que la acusación hecha por las autoridades estadounidenses cuente con el fundamento legal para solicitar órdenes de aprehensión.

La propia Fiscalía General de la República estableció que la legislación mexicana señala claramente que para solicitar a la autoridad judicial una orden de aprehensión se requiere presentar datos de prueba que infieran la posibilidad de que alguna persona ha cometido un delito. Desde que asumí la presidencia de México, juré hacer respetar la Constitución y las leyes.

Así mismo, asumí el firme compromiso de velar por el bienestar del pueblo y la defensa de la soberanía nacional. México es un país grandioso con un pueblo generoso y trabajador. México establece una relación de iguales con todas las naciones, nunca de subordinación y menos de entreguismo.

Como presidenta de la República, mi posición ante estos hechos es verdad, justicia y defensa de la soberanía.

Es decir, si la Fiscalía General de la República, que es la autoridad competente, recibe pruebas contundentes e irrefutables conforme a la legislación mexicana o en su propia investigación encuentre elementos constitutivos de un delito, deberá proceder conforme a derecho bajo nuestra jurisdicción.

Lo he dicho siempre de forma clara y hemos actuado en consecuencia. Nosotros no vamos a cubrir a nadie que haya cometido un delito. Sin embargo, sin embargo, si no existen pruebas claras, es evidente que el objetivo de estas imputaciones por parte del Departamento de Justicia es político. Debe quedar sumamente claro: bajo ningún motivo vamos a permitir la intromisión o injerencia de un gobierno extranjero en las decisiones que le competen exclusivamente al pueblo de México. Verdad, justicia y defensa de la soberanía. Esta es nuestra posición.