Nuevo León: Fabricación de pruebas, parte del modus operandi del aparato de justicia local en custodias de menores

Paulina Elizondo Belden denunció haber sido víctima de una estrategia legal fabricada por su exesposo para arrebatarle la custodia de sus hijas, con la participación del aparato de justicia de Nuevo León que ha aceptado pruebas psicológicas falsas y testigos inventados.

Lo que comenzó como un patrón de abuso doméstico se ha transformado, según su testimonio, en una red de impunidad y violencia institucional para favorecer al padre de sus hijas, despojándola de la custodia y limitando de forma drástica su derecho a convivir con las menores, por lo que pidió la intervención del gobierno federal.

Paulina Elizondo Belden aseguró que desde hace más de una década vive lo que ella llama una “tortura psicológica e ilegal”, y cuyo primer episodio tuvo lugar a finales de 2012, cuando el padre de sus hijas intentó inyectarle litio de manera forzada, en lo que claramente se puede configurar como un intento de feminicidio.

Paulina recordó que una familiar le llamó de urgencia para advertirle que huyera inmediatamente de la casa donde vivía junto a los abuelos de las menores porque le advirtió lo que su entonces esposo quería realizar. En shock, Paulina huyó con su bebé.

Tras una reconciliación temporal motivada por la sospecha de su segundo embarazo, el agresor la llevó con un psiquiatra de su confianza, quien en apenas diez minutos —y bajo el argumento de que ella “tenía la culpa” de los problemas— le diagnosticó falsamente esquizofrenia y bipolaridad para recetarle medicamentos.

La separación definitiva ocurrió poco después, y el divorcio se firmó en agosto de 2013.

Apenas semanas después de dar a luz a su segunda bebé, Paulina enfrentó el segundo gran golpe: la sustracción de menores. Su expareja se llevó a sus hijas a un rancho familiar bajo la promesa de regresarla en unas horas. No obstante, al regreso, condicionó la entrega de la bebé: “Si no me firmas estos papeles, no te entrego a la bebé”. Tras una angustiante semana, una jueza intervino para que le devolvieran a la menor.

Paulina contó que posteriormente su exesposo, abogado penalista de profesión, fabricó en 2020 una estrategia legal en su contra para quitarle la custodia de las menores. Según su versión, en el proceso participaron testigos que declararon sin conocerla, así como una perito cuyo dictamen fue utilizado para construir la resolución judicial que la separó de sus hijas.

“En 2020 elaboró todo un escenario fabricado en mi contra para poderme legalmente quitar a mis hijas, con falsos testigos, con una perito, conocida de mi exesposo”, relató.

Sostuvo que, una vez que el asunto llegó a los tribunales, comenzó a enfrentar lo que denomina una red de violencia institucional.

“Todo fue falso, todo elaborado, todo hecho a su modo. No hay absolutamente nada en mi contra”, afirmó. “Hay una violencia institucional tremenda por parte de las autoridades”, añadió.

UN DICTAMEN PSICOLÓGICO INEXISTENTE

Un punto central de su denuncia es un dictamen psicológico que, aseguró, fue determinante para que la custodia fuera otorgada al padre.

Paulina aseveró que nunca fue entrevistada personalmente por la especialista que emitió una de las evaluaciones utilizadas en el proceso.

“Un dictamen psicológico que yo jamás vi a la mujer, ni mis hijas la vieron”, afirmó.

Paulina intentó denunciar penalmente a la perito por lo que considera un dictamen falso, pero, según su relato, le informaron que un dictamen psicológico era solamente una opinión y que no podía proceder penalmente.

“Yo le dije al juez: ‘Sí, pero por esa simple opinión me están quitando a mis hijas’”, recordó.

Sin embargo, el juez primero de lo familiar, Luis Enrique Fernández Torres, le dijo que no podían hacer nada.

Al final, el juez tomó como base dos pruebas psicológicas para otorgar la custodia al padre.

Paulina señaló que esta violencia institucional sistemática está respaldada por una estructura de “amigos” que incluye al juez de San Pedro, secretarios, abogados y peritos con historial de realizar este tipo de prácticas.

“Él amenaza de que ya nunca más voy a volver a ver a mis hijas hasta que quite las denuncias que le puse. Pero él sí me denuncia, él sí me agrede, él sí me quita las niñas. Él sí me extorsiona, yo si le doy pensión, ¿cómo? Mientras la autoridad no nos apoye, la verdad es que estamos lidiando con gente que no tiene conciencia”, expuso.

TESTIGOS QUE NO LA CONOCÍAN

Según el relato de la víctima, algunas de las personas que acudieron como testigos reconocieron ante el juez que no tenían una relación personal con ella.

“Dentro de las audiencias salen, no recuerdo si son dos o tres personajes que el papá de mis hijas contrató, o más bien les pidió de favor que declararan en mi contra”, señaló.

De acuerdo con su versión, cuando el juez les preguntó si la conocían, uno respondió que no y explicó que había acudido porque el padre de las niñas le había pedido el favor. Otro, afirmó, dijo conocerla solamente “de vista”.

Para Paulina, esos testimonios formaron parte de la construcción de un expediente que terminó por afectar la custodia de sus hijas. “Uno se pone de acuerdo con el otro, el otro con el juez, el otro con el abogado... falso testigo, etcétera”, dijo al describir lo que considera una red que favoreció a su exesposo.

DE UNA CONVIVENCIA DE UNA HORA A SIETE HORAS

Paulina aseguró que desde 2020 su contacto con sus hijas fue limitado. Primero, relató, dejó de verlas durante la pandemia y posteriormente pudo convivir con ellas solamente una hora a la semana en un centro de convivencia.

La situación cambió cuando recurrió a instancias federales. A través de un amparo, logró ampliar el tiempo de convivencia a aproximadamente siete horas cada domingo y sus hijas pudieron volver a tener contacto con otros integrantes de su familia. Sin embargo, aseguró que esa convivencia tampoco se ha respetado en los últimos meses.

“Después de tantos años, logré verlas libremente nada más los domingos”, contó. “Pero lleva más de dos meses de que no las lleva”.

Paulina acusó que, pese a esta situación, el juez no ha tomado medidas.

“No se están respetando los derechos de los menores y mucho menos de una simple ciudadana común. El llamado es para pedir auxilio, el juez no hace nada”, reclamó.

La pérdida provisional de la custodia también provocó otra consecuencia: Paulina comenzó a pagar pensión alimenticia al padre de sus hijas.

Según explicó, inicialmente el juez había determinado que el padre debía cubrir la pensión mientras se resolvía el juicio de custodia. Sin embargo, posteriormente, aseguró, esa decisión cambió y se le reclamaron pagos retroactivos desde 2020.

Actualmente, dijo, debe pagar 3 mil 800 pesos mensuales y enfrenta además un reclamo de pensiones retroactivas que supera el medio millón de pesos.

Inclusive refirió que ha sido vinculada a proceso en dos ocasiones a raíz de estos adeudos y que en una de ellas tuvo que cubrir 151 mil pesos para evitar ser encarcelada.

“Es una violencia tras violencia tras violencia”, resaltó.

Su caso se encuentra en apelación y sin una sentencia definitiva sobre la custodia. Sin embargo, aseguró que existen “órdenes de arriba” para que no le devuelvan a sus hijas.

EL ANTECEDENTE DEL CASO VANGUARDIA

La denuncia pública de Paulina ocurre en un momento en el que el sistema de procuración de justicia de Nuevo León enfrenta cuestionamientos por la fabricación de expedientes. El caso de Paulina no es único. Junto a otros seis casos enviaron una solicitud de intervención a la presidenta Claudia Sheinbaum, en donde señalan la existencia de un “patrón sistemático de irregularidades, abuso de autoridad y violencia institucional en la procuración e impartición de justicia en Nuevo León”.

Esta misma casa editorial lo ha sufrido. En enero de 2026, el director general de VANGUARDIA fue detenido en el aeropuerto de Monterrey tras una falsa acusación de fraude promovida ante la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León.

La acusación sostenía que el directivo había recibido 700 mil pesos como anticipo de una operación inmobiliaria el 27 de agosto de 2025 en San Pedro Garza García.

Sin embargo, durante la audiencia de control, la defensa presentó documentos que acreditaban que el director general de VANGUARDIA no se encontraba en el país cuando supuestamente se cometió el ilícito.

Al final el juez de control negó la vinculación a proceso y determinó el no ejercicio de la acción penal.

En el caso VANGUARDIA, las inconsistencias pudieron ser confrontadas ante un juez y la acusación fue desechada.

Paulina, en cambio, aseguró que lleva seis años intentando desmontar una estrategia que fue construida para separarla de sus hijas.

“No busco otra cosa más que imparcialidad y justicia”, dijo.

Su llamado ahora es para que instancias federales intervengan en el caso. Ya interpuso una denuncia en la Secretaría de Gobernación, la Fiscalía General de la República (FGR), la Unidad de Inteligencia Financiera por presuntos actos delictivos cometidos por su exmarido, e inclusive lo acusa de haber alojado en un departamento suyo en la Isla del Padre Sur, Texas, al juez de lo familiar que lleva su caso.

“Ya no veo salida en el estado de Nuevo León. Mis hijas corren peligro con toda esta gente, con todo esto. No se vale”, comentó. La mujer aseguró tener denuncias contra su exesposo por sustracción de menores, extorsión e intento de feminicidio, entre otros hechos que mencionó durante la entrevista.

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