Acusa empresario regio de ser víctima de la misma red del caso VANGUARDIA; Fiscal y Alcalde de Monterrey niegan su participación

La misma red que fue señalada por participar en la fabricación del delito de fraude en contra del director general de VANGUARDIA es acusada de intentar quedarse con la empresa regiomontana Garage y Talleres (GyT) a través de un “despacho divino” que es responsabilizado de operar una maquinaria de abogados, autoridades y jueces; en respuesta, tanto el Fiscal de Nuevo León como el Alcalde de Monterrey han negado su participación.

“Como consecuencia del uso faccioso y arbitrario del Poder Judicial en el Estado de Nuevo León, de la Fiscalía General de Justicia en el Estado y del Poder Judicial de la Federación del Cuarto Circuito (...) (Adrián y Filiberto de la Garza) han transgredido descaradamente mis derechos humanos fundamentales, a título personal, despojándome del 50% de la empresa GARAGE Y TALLERES, S. DE R. L. DE C.V..”, afirmó Arturo Bernabé Cortez Garza, integrante de la familia propietaria de la compañía, a través de un desplegado.

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Esta publicación -realizada en VANGUARDIA y otros medios de la región- está dirigida al presidente de la Suprema Corte, Hugo Aguilar, y la presidenta magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Nuevo León, Laura Córdova, solicitando restablecer el orden jurídico.

El empresario acusó directamente a Adrián de la Garza, alcalde de Monterrey y ex procurador general de Justicia de Nuevo León, así como a Filiberto, hermano de Adrián y socio de De la Garza-Vega Abogados, el despacho “divino” que opera esta red a través de sus influencias en la justicia de aquella entidad.

Cortez Garza narra que en octubre de 2021 recibió el 50 por ciento del capital social de la compañía como herencia de su padre Arturo Cortez González, fundador de la firma.

Sin embargo, a pesar de formar parte del testamento registrado ante notario público, la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León integró una carpeta en su contra “totalmente improcedente y amañada por un supuesto delito de despojo de inmueble inexistente”, luego que Javier Flores Saldívar, actual titular de la Fiscalía, presentara una denuncia como asesor legal de su hermano Roberto Carlos Cortez Garza.

“Es increíble que habiendo demostrado fehacientemente que mi padre me confirió la administración de la empresa (...) se haya tramitado la carpeta judicial 4098/2023; en la que sin respetar mi derecho de audiencia, de defensa y de contradicción, ordenó arbitrariamente el aseguramiento de la compañía familiar de la cual soy propietario del 50% y posteriormente emitió auto de vinculación a proceso en mi contra, aparentando un fraude inexistente, que nunca fue objeto de denuncia ni de la investigación integrada en mi contra. Todo esto violando la jurisprudencia obligatoria que debió aplicarse a mi favor por los Jueces de Control”, señaló Arturo.

El empresario, quien hoy en día está vinculado a proceso bajo medidas cautelares, sostuvo que este plan fue orquestado por Jorge Alejandro Treviño Garza, identificado como suegro de su hermano Roberto Carlos; éste último falleció en octubre de 2025.

“(Treviño Garza) pretende despojarme de mi participación accionaria en la empresa familiar, utilizando como aparato de extorsión, a la Fiscalía y al Poder Judicial del Estado de Nuevo León; en contubernio y con la intervención del actual alcalde de Monterrey Adrián Emilio de la Garza Santos, de su hermano Filiberto de la Garza Santos y del actual fiscal Javier Enrique Flores Saldívar, al grado que es de mi conocimiento que ha ofrecido el 25% de la empresa a estas personas para lograr su cometido”, denunció públicamente el empresario.

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Asimismo destacó lo que califica de “injusticias, irregularidades y violaciones a sus derechos fundamentales”, las cuales fueron del conocimiento de las juezas Quinto de Distrito en Materia Penal del Estado de Nuevo León, Martha Yadira Machado López e Irene Guadalupe Cisneros López.

“Dichas funcionarias públicas en todo momento actuaron contra constancias, al servicio de los intereses de mi contraparte, tal y como puede corroborarse en los juicios de amparo 893/2023, 233/2024, 838/2024, 915/2024, 682/2025, 1284/2025 entre otros; en los que las Juzgadoras Federales han emitido resoluciones infundadas y contrarias a derecho, que han favorecido indebidamente a la contraparte”, acusó el empresario en su desplegado.

A la par, Cortez Garza detalló que “en un ejercicio abusivo del aparato de justicia” se ha permitido que la administración de la empresa familiar esté en manos de un “interventor a modo”, el cual fue designado por su contraparte, bajo una administración en la cual no se han rendido cuentas a pesar de solicitarlo en varias ocasiones.

Ante ello, hizo un llamado a las autoridades en materia de justicia a nivel local y federal.

“Recurro apremiantemente ante Ustedes, para que se restablezca el Estado de Derecho y en el ámbito de las atribuciones que legal y constitucionalmente les corresponde como titulares de los Órganos de Justicia que representan, inicien la investigación respectiva para que sean sancionadas las autoridades que han actuado en contra de los principios de imparcialidad y de objetividad”, solicitó Cortez.

VANGUARDIA ha documentado que el despacho De la Garza-Vega, involucrado en la denuncia contra Armando Castilla Galindo, director general de esta casa editorial, representó este caso en el que se fabricó un supuesto delito de fraude.

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En diversas ocasiones se ha acusado la existencia de un mecanismo que involucra a despachos, jueces y fiscalías para fabricar casos penales a partir de conflictos mercantiles.

De la Garza-Vega Abogados es señalado como el “despacho divino” que se ha convertido en un actor recurrente en este tipo de procedimientos, bajo un esquema en donde se presentan querellas sin sustento que luego se convierten en órdenes de aprehensión.

Este despacho presenta un posible conflicto de interés por su vínculo con David Ramos Montemayor, titular de la Dirección General de Investigación y Litigación de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, quien aparece como socio de la empresa Promotora de Inmuebles y Asesores Jurídicos de Monterrey S.A. de C.V., constituida a finales de 2019 por Filiberto de la Garza.

En esta misma compañía, otros integrantes del despacho como el abogado Herwen López Álvarez, figuran como socios.

DOBLE INTENTO POR QUEDARSE CON LA EMPRESA

El pasado 17 de mayo de 2024, medios de comunicación retomaron un video de Arturo Cortez en el que acusa una serie de irregularidades para arrebatarle la compañía.

En primera instancia, detalla que a unas horas del fallecimiento de su padre, su hermano Roberto Cortez pidió a un abogado de la compañía que firmara un testamento con fecha anterior y con el sello de la compañía a lo cual se negó.

En un segundo intento, en noviembre de 2022, Arturo Bernabé sostiene que se realizó una asamblea, a la cual califica como “fraudulenta y plagada de irregularidades”.

“En la segunda ocasión que me tratan de robar mi participación accionaria es una junta de asamblea fraudulenta que se lleva a cabo en un restaurante aquí en la localidad, no se me convoca y en una junta de asamblea plagada de irregularidades.

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“Ni siquiera el quórum estuvo presente del cual se tiene videos, fotografías, me compran sin mi consentimiento, mi participación accionaria quedando el 99 por ciento Roberto, mi hermano, y el 1 por ciento su esposa”, dijo.

Dicha asamblea fue suspendida judicialmente mediante un juicio de oposición mercantil, por lo que, legalmente, sus acuerdos no surtieron efectos. No obstante, pese a esta suspensión, se desencadenó una ofensiva penal que derivó en el aseguramiento de la empresa y la imposición de un interventor, mediante resoluciones que fueron revocadas y restituidas en cuestión de horas.

Sin embargo, el 2 noviembre de 2023, la compañía fue asegurada, ante lo cual Arturo Cortez Garza acusó en su video que hubo “una confabulación” del entonces encargado de la fiscalía, Pedro Arce, y Arturo Salinas, también en aquel momento presidente del Tribunal de Justicia de Nuevo León.

SE LE VINCULA A PROCESO

El 20 de enero de 2025, el agente del Ministerio Público José Luis López Lugo le notificó el no ejercicio de la acción penal a favor de Arturo Cortez Garza, de acuerdo con información proporcionada por su equipo jurídico. Un mes después, a quien identificó como el abogado de su hermano Roberto, fue designado Fiscal General de Justicia de Nuevo León.

El 17 de febrero de 2025, tras más de dos años de pugnas, el Congreso local designó por unanimidad a Javier Flores Saldívar como fiscal general, luego de integrar una terna junto con Pedro Arce, entonces encargado de despacho de la Fiscalía; el abogado Alberto Palomino, y Griselda Núñez, fiscal especializada en feminicidios.

Coincidiendo con el nombramiento, el 27 de febrero de ese año, el agente del Ministerio Público solicitó la judicialización de la carpeta de investigación, imputando los delitos de despojo y robo.

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Posteriormente, el 10 de junio, se celebró la audiencia de formulación de imputación, en la que Arturo Cortez Garza fue vinculado a proceso, aunque por el delito de fraude maquinado, imponiéndosele medidas cautelares como la presentación periódica cada 30 días y la retención de documentos migratorios.

En medio de estos cuestionamientos, los abogados de su hermano Roberto presentaron una nueva denuncia, ahora por el delito de fraude en contra de Arturo y personal de confianza de GyT. Esta acusación permanece en etapa de investigación, sin fecha definida para la audiencia inicial.

No obstante, el 21 de octubre de 2025, Roberto Carlos Cortez Garza falleció a los 45 años, en medio del conflicto legal con su hermano Arturo Bernabé. Sin embargo, la disputa continúa en los tribunales.

DICEN ALCALDE Y FISCAL NO TENER INFLUENCIA

Ante estas acusaciones, el alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, y el fiscal general del estado, Javier Flores, negaron este domingo haber incurrido en tráfico de influencias en el conflicto legal por el control de GyT, como lo ha acusado Arturo Cortez Garza.

El edil priista aseguró en entrevista con El Norte que no ha intervenido de ninguna forma en el litigio, al tratarse —dijo— de un conflicto estrictamente familiar entre Cortés Garza y otros integrantes de su familia. Reconoció haber mantenido una relación de amistad con el fundador de la empresa, Arturo Cortez González, así como con sus hijos Arturo y Roberto, pero aclaró que ese vínculo no tiene relación alguna con el proceso legal.

“Yo fui amigo de su padre, tuve amistad también con él y con su finado hermano. Es la única relación que yo tengo con el señor Arturo Cortez”, expresó De la Garza.

El Alcalde rechazó además cualquier participación de su hermano, Filiberto de la Garza, en el caso, y subrayó que éste no ha actuado como abogado ni ha intervenido a través de algún despacho.

“Es un tema total y absolutamente familiar, de él, de su hermano y de toda su familia. Él (Filiberto de la Garza) no tiene nada que ver, tampoco estuvo autorizado como abogado ni su despacho”, afirmó.

De la Garza pidió a Arturo Cortez Garza sustentar con pruebas los señalamientos en su contra y reiteró que no tiene responsabilidad alguna en el conflicto.

“Son cosas que total y absolutamente no son mi responsabilidad y que, repito, sí está él obligado a responder y sobre todo a probar lo que está diciendo. No tengo nada que ver como abogado ni nada; desconozco totalmente por qué me quiere involucrar y de esa manera”, sostuvo.

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Por su parte, el fiscal general Javier Flores reconoció que el despacho del cual fue titular sí tuvo participación en el caso antes de su nombramiento, pero aseguró que se retiró de todos los asuntos legales a partir del 18 de febrero, cuando fue designado por el Congreso del Estado.

“Efectivamente, la oficina de la cual era titular manejó ése asunto. Desde el 18 de febrero, en que el Congreso me designa como fiscal general, en ése y todos los asuntos me revoco y dejo de actuar”, indicó en entrevista con El Norte.

Flores descartó la existencia de tráfico de influencias y señaló que las resoluciones relacionadas con el litigio, incluidos los amparos, han sido otorgadas y confirmadas por autoridades federales, no estatales.

“Que haya algún tráfico de influencias, pues definitivamente no, porque son las autoridades federales las que han confirmado y concedido los amparos en este caso”, puntualizó.

Finalmente, el fiscal señaló que, hasta donde recuerda, Arturo Cortez Garza cuenta con derechos sobre acciones, pero no es socio de la empresa en disputa. Con información de El Norte

En esta ocasión exponemos el caso de una persona de Vanguardia que fue víctima de esta red; sin embargo, nuestro fin es poner luz en una situación que viven a diario decenas de personas y cuyas voces, lamentablemente, todavía no han sido escuchadas.

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