Reserva SRE por 5 años comunicaciones sobre Rocha e Inzunza
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Se trata de toda la documentación relacionada con las comunicaciones entre México y EU sobre las acusaciones
CDMX.- La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) reservó por cinco años toda la documentación relacionada con las comunicaciones entre México y Estados Unidos sobre las acusaciones de presuntos vínculos con el narcotráfico del Gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y del senador por esa entidad, Enrique Inzunza Cázares.
En respuesta a una solicitud de transparencia, la Cancillería argumentó que hacer pública esa información podría “afectar la confianza y confidencialidad necesarias para el intercambio de información entre autoridades de ambos países”.
“La divulgación de esta información podría menoscabar la conducción de las relaciones internacionales del Estado mexicano, al revelar elementos sensibles de los mecanismos de cooperación, análisis de información, estrategias de coordinación intergubernamental y consideraciones para la conducción de la interlocución diplomática entre México y EU.
“Dicha información requiere ser clasificada como reservada por un término de cinco años”, resolvió.
EN MAYO SE SOLICITÓ DAR A CONOCER COMUNICACIONES
En abril pasado, la Fiscalía de Nueva York hizo públicas las acusaciones contra una decena de ex funcionarios de Sinaloa por presuntos vínculos con el grupo delictivo Los Chapitos.
Entre ellos figuran Rocha Moya y el senador morenista Enrique Inzunza, quien no ha solicitado licencia a su escaño en la Cámara Alta y, tras la congelación de sus cuentas bancarias, cobra su dieta legislativa mediante un cheque.
En mayo pasado, se solicitó a la Unidad de Transparencia de la Cancillería hacer públicos “todos los oficios, comunicaciones diplomáticas, solicitudes de asistencia jurídica internacional, notas verbales, correos institucionales y minutas” intercambiados entre México y Estados Unidos relacionados con Rocha Moya e Inzunza.
La Unidad de Transparencia resolvió que divulgar esa información “podría afectar la confianza y confidencialidad necesarias para el intercambio de información entre autoridades de ambos países, e incidir negativamente en la eficacia de los canales institucionales de coordinación establecidos para la atención de asuntos de interés estratégico común”.
