SCJN ordenan liberar a Juana Hilda, acusada del caso Wallace

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Con cuatro votos a favor y uno en contra, la Primera Sala concedió a González Lomelí un amparo por violación al debido proceso
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó liberar inmediatamente a Juana Hilda González Lomelí, acusada y presa desde hace 19 años por el secuestro de Hugo Alberto Wallace, hijo de la activista Isabel Miranda de Wallace -quien falleció el pasado 8 de marzo-.
Con cuatro votos a favor y uno en contra, la Primera Sala de la SCJN concedió a González Lomelí un amparo por violación al debido proceso y que las pruebas claves del caso fueron obtenidas a través de tortura.
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Juana Hilda González Lomelí saliendo del Cefereso 16. Libre después de 19 años. Llegó para ella por fin la justicia. Falta aún conocer la verdad que la condenó sin justificación a vivir encarcelada. pic.twitter.com/LIs1NI1hBk
— Ricardo Raphael (@ricardomraphael) June 12, 2025
CONSIDERAN, CONFESIÓN FUE POR TORTURA
En la sesión del miércoles, ministros aprobaron el proyecto del ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, el cual proponía la libertad inmediata a Juana Hilda González Lomelí, sentenciada a 78 años de prisión por el secuestro Hugo Alberto, en razón de graves violaciones al debido proceso.
La SCJN consideró que, como argumentó la defensa del Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP), la confesión de la presa no fue libre ni voluntaria, sino obtenida mediante presiones, intimidaciones y amenazas, en un contexto de arraigo. Por ello, se declaró la nulidad de su declaración y de cualquier otra prueba derivada con violación a sus derechos humanos.
Contemplaron que las pruebas restantes ofrecidas por el Ministerio Público y no afectadas por las violaciones al proceso de Juana Hilda, resultaron insuficientes para demostrar la responsabilidad penal de la mujer en el secuestro de Wallace, más allá de toda duda razonable.
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IFDP: FALLO PONE DE RELIEVE VIOLACIONES EN EL SISTEMA PENAL
IFDP representa a Juana Hilda y a las otras personas coprocesadas por el caso, y reiteró que, sin importar la gravedad del delito imputado, la justicia federal debe actuar conforme a los más altos estándares constitucionales y convencionales de derechos humanos. Entre ellos, la prohibición absoluta de la tortura y el principio de exclusión de pruebas ilícitas.
Asimismo, destacó en un comunicado, es de enorme relevancia no sólo por el impacto en la libertad y derechos de su representada, sino también por su trascendencia en el sistema de justicia penal.
“El fallo pone de relieve algunas de las violaciones más persistentes del sistema penal tradicional —como la obtención de pruebas bajo tortura, las violaciones al derecho de defensa y el uso de estereotipos y prejuicios de género en la valoración judicial de la prueba— que aún mantienen a miles de personas sujetas a proceso penal en el ámbito federal”, indicó.
Adelantó que el fallo también puede tener consecuencias en los procesos de César ‘N’, Albert ‘N y Tony ‘N’, cuyos juicios de amparo indirecto se encuentran suspendidos; así como en el caso de Brenda ‘N’ y Jacobo ‘N’, quienes continúan bajo proceso.
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CASO WALLACE
En julio de 2005, el empresario Hugo Alberto Wallace fue secuestrado en un centro comercial de la Ciudad de México. Presuntamente, los acusados pidieron una recompensa de 950 mil dólares para entregarlo con vida; su madre -Isabel Miranda- denunció el secuestro un 13 de julio y tres días más tarde, informó la detención de George Khoury Layón, quien tampoco tenía que ver con el hecho.
Juana Hilda González Lomelí fue detenida por la entonces Procuraduría General de la República (PGR), mediante una orden de localización y presentación el 10 de enero de 2006, posteriormente arraigada hasta el 6 de abril de 2006, cuando se ejerció acción penal en su contra.
Miranda emprendió estrategias, como colocar espectaculares con fotografías, nombres y recompensas de los presuntos secuestradores.
Y de acuerdo con el Instituto Federal de la Defensoría Pública, su confesión ocurrió en este contexto de arraigo, coacción y tortura psicológica, el 8 de febrero de 2006.
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Cinco años después, Juana Hilda fue sentenciada a 78 años de prisión por los delitos de privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro, delincuencia organizada y portación de armas de fuego y cartuchos de uso exclusivo del Ejército mexicano.
Así que se espera que la mujer salga en las próximas horas del penal de federal femenil de Morelos, donde se encuentra recluida.