Sheinbaum busca sumar a Sedena, Semar y la FGR en la revisión de inversión extranjera

La presidenta Claudia Sheinbaum envió al Senado una iniciativa para reformar la Ley de Inversión Extranjera, con el objetivo de incorporar a mandos de seguridad, Fuerzas Armadas, al SAT y a la FGR en la evaluación y contención de riesgos a la seguridad nacional ante la llegada de capital foráneo.

El proyecto modifica el artículo 23 del ordenamiento para sumar como integrantes con voz y voto en la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras (CNIE) a los titulares de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), de Marina (Semar) y de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Asimismo, prevé integrar como invitados permanentes —con voz, pero sin voto— a la Fiscalía General de la República (FGR), al Servicio de Administración Tributaria (SAT), a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y al Centro Nacional de Inteligencia (CNI).).

De acuerdo con la exposición de motivos, aunque el artículo 30 vigente faculta a la CNIE a frenar adquisiciones por motivos de seguridad nacional, carece de parámetros y directrices técnicas claras para ejercer dicha atribución.

Con la reforma, la inversión foránea requerirá autorización obligatoria de la CNIE para rebasar el 49 por ciento del capital social en sociedades mexicanas con activos relevantes que inciden en infraestructuras estratégicas físicas o virtuales vinculadas con energía, transporte, sanidad, comunicaciones, minería, almacenamiento de datos, sistemas digitales, sector aeroespacial, defensa, instalaciones sensibles y predios indispensables para su operación.

La restricción se aplicará también a empresas enfocadas en tecnologías críticas y de doble uso, rubro que abarca inteligencia artificial, robótica, semiconductores, ciberseguridad, desarrollo aeroespacial, almacenamiento de energía, tecnología cuántica, nuclear, nanotecnologías y biotecnologías.

Según la iniciativa, la preservación de la seguridad nacional requiere de una evaluación altamente especializada e integral de factores vinculados con la integridad y la estabilidad del país para el desarrollo económico con bienestar, lo que, desde esta perspectiva, debe incluir: identificación de amenazas y riesgos, e implementación de acciones y políticas para mitigar y, en su caso, impedir la ocurrencia de actos que la vulnerabilidad.

En el régimen sancionador, el Ejecutivo plantea multas de mil a 5 mil Unidades de Medida y Actualización ( UMA ) para quienes adquieran participaciones mayoritarias o tomen el control societario sin el aval previo del órgano intersecretarial.

La propuesta será turnada a comisiones para su dictaminación en el Senado durante el período ordinario de sesiones.