Sinaloa y el crimen organizado: crisis histórica se agrava con caso Rubén Rocha Moya

En el pódcast Hablemos, conducido por la periodista Denise Maerker, se abordó la compleja relación entre el estado de Sinaloa y el crimen organizado, a partir de un análisis histórico y de los acontecimientos recientes que han marcado la agenda pública, partiendo de las acusaciones contra Rubén Rocha Moya.

En la conversación participó Adrián López, quien expuso que durante décadas la sociedad sinaloense construyó una narrativa de convivencia con el narcotráfico, la misma que se sostuvo hasta que episodios de violencia extrema y conflictos internos entre grupos delictivos fracturaron esa percepción de estabilidad.

ACUSACIÓN DE EU CONTRA RÚBEN ROCHA MOYA CAUSA INFLEXIÓN EN SINALOA

Durante el diálogo, se señaló que la reciente acusación de autoridades de Estados Unidos contra el gobernador Rubén Rocha Moya y otros funcionarios representa un punto de inflexión que ha tensionado aún más la situación en la entidad.

López planteó que este señalamiento rebasó al propio estado y evidenció un problema de carácter estructural más que partidista, al subrayar que la relación entre poder político y crimen organizado en Sinaloa tiene antecedentes que se remontan a varias décadas.

La conversación también se centró en hechos pasados como la captura de Ismael ‘El Mayo’ Zambada y el asesinato del político Héctor Melesio Cuén, los cuales, de acuerdo con lo expuesto, pusieron en evidencia presuntos montajes institucionales dentro de la fiscalía estatal. Estos eventos fueron presentados como ejemplos de la crisis de credibilidad que enfrentan las instituciones locales.

Maerker destacó que la normalización de la presencia del narcotráfico en Sinaloa se consolidó a partir de una narrativa social que durante años asoció la actividad criminal con estabilidad económica y una supuesta protección hacia la población. “En Sinaloa la relación entre autoridades de ese estado y los líderes del cártel de Sinaloa es bien sabida y sus habitantes la han constatado en repetidas ocasiones desde hace décadas”, afirmó durante el pódcast.

GOBIERNO DE SINALOA HA MANTENIDO RELACIONES CON EL CRIMEN ORGANIZADO POR DÉCADAS

El análisis histórico abordado en la conversación ubica antecedentes desde la década de 1960, cuando el entonces gobernador Leopoldo Sánchez Celis tenía como escolta a Miguel Ángel Félix Gallardo, quien posteriormente sería identificado como uno de los principales líderes del narcotráfico en México.

En los años setenta, con la implementación de la Operación Cóndor, se generó un desplazamiento de grupos criminales hacia otras entidades, lo que contribuyó a la formación de estructuras delictivas que con el tiempo darían origen al Cártel de Sinaloa.

Asimismo, se mencionaron distintos episodios que, según lo expuesto, reflejan una presunta colusión institucional a lo largo del tiempo que no está condicionada a un solo partido político.

Entre ellos, el caso del exgobernador Francisco Labastida Ochoa, cuyos mandos de seguridad fueron vinculados con Félix Gallardo tras su detención, así como el de Jesús Antonio Aguilar Íñiguez, quien pasó de figurar en listas de personas buscadas a ocupar cargos en el ámbito de seguridad pública durante el gobierno de Mario López Valdés.

ELECCIONES DE 2021 EVIDENCIAN PACTO DE ROCHA MOYA CON EL CRIMEN ORGANIZADO

En relación con el proceso electoral de 2021 en Sinaloa, se expuso que diversos reportes documentaron una presunta intervención del crimen organizado en favor de la candidatura de Rubén Rocha Moya. Aunque las encuestas ya le otorgaban ventaja frente a Mario Zamora, durante la jornada electoral se registraron incidentes como el secuestro de operadores políticos de la oposición, la toma de casillas y el robo o quema de urnas.

También se abordó la alianza entre Morena y el Partido Sinaloense (PAS), encabezado por Héctor Melesio Cuén, la cual fue señalada como un acuerdo que permitió una distribución de posiciones dentro del gobierno estatal.

De acuerdo con lo mencionado en el análisis, fuentes citadas por autoridades estadounidenses sostienen la existencia de un presunto pacto previo con el crimen organizado para favorecer el resultado electoral, a cambio de protección a sus operaciones y la designación de perfiles afines en áreas de seguridad.

ENTREGA DE ‘EL MAYO’ ZAMBADA A ESTADOS UNIDOS CAUSÓ FRACTURA

Estos elementos cobraron relevancia tras la crisis registrada el 25 de julio de 2024, considerada en el pódcast como un punto crítico que exhibe la continuidad de vínculos entre estructuras políticas y facciones criminales a lo largo de distintos gobiernos y partidos.

En esa fecha, Ismael “El Mayo” Zambada fue detenido en Texas, Estados Unidos, tras ser traicionado por Joaquín Guzmán López, hijo de “El Chapo”, quien lo llevó en una avioneta privada a territorio estadounidense.

De acuerdo con registros, Zambada creía que inspeccionaría aeródromos clandestinos, pero fue entregado a autoridades de Estados Unidos en el aeropuerto de Santa Teresa, Nuevo México.

INTERVENCIÓN FEDERAL EN SINALOA

En cuanto a la respuesta institucional, se indicó que la intervención del gobierno federal ha sido percibida como un contrapeso ante el debilitamiento de las autoridades locales.

Entre las acciones destacadas se encuentra el desarme de la policía municipal de Culiacán y el despliegue de fuerzas federales que operan de manera independiente, lo que, según el análisis, refleja un nivel de desconfianza hacia las corporaciones locales.

“No creo que sea el único elemento, pero yo sí creo que es la primera vez en una crisis de este tamaño donde la federación ha puesto muchísimo o en la que más ha puesto, en términos de presencia, de contención, etcétera. Espero que veamos lo mismo desde la justicia”, declaró Adrián López.

SINALOA ENFRENTA RETOS PARA LA RECONSTRUCCIÓN INSTITUCIONAL

Finalmente, se expuso que la estrategia del gobierno federal se ha planteado bajo tres ejes: verdad, justicia y respeto a la soberanía. No obstante, se subrayó que el esclarecimiento de los hechos ocurridos durante la crisis reciente es fundamental para la construcción de condiciones de estabilidad.

En ese sentido, Adrián López señaló que el contexto actual representa un punto límite para Sinaloa, pero también una oportunidad para replantear la actuación institucional. “Sinaloa no puede aspirar a construir ninguna paz sostenible después de esta crisis si no pone ahí verdad y justicia”, afirmó.