Superan ‘premios fiscales’ a inversión pública; equivalen a 4.4% del PIB

Las renuncias recaudatorias sumaron en 2025 alrededor de 1.58 billones de pesos, un monto equivalente al 4.4 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB). Esta cifra es superior al total de la inversión pública y 43 veces mayor que el presupuesto de la Semarnat, por ejemplo, sin que estos beneficios contribuyan en todos los casos al crecimiento económico o al bienestar social, advierte un informe de Oxfam.

Dichas renuncias incluyen exenciones, tasas cero, deducciones, diferimientos y estímulos fiscales que suelen justificarse como herramientas técnicas para promover el desarrollo económico o garantizar derechos, pero constituyen en realidad —destaca el reporte— una forma de gasto público y un instrumento político.

La evidencia disponible, indica la organización, muestra que las renuncias recaudatorias en México presentan importantes riesgos de regresividad, concentración y opacidad.

“En 2025, casi 75 de cada 100 pesos de las deducciones personales del ISR se concentraron en el 10 por ciento de los hogares con mayores ingresos, mientras que casi 80 de cada 100 pesos de las deducciones empresariales para la compra de vehículos beneficiaron al 10 por ciento de las empresas más grandes”, detalla el documento. “Algunos de estos mecanismos operan como subsidios indirectos para grandes corporaciones o favorecen dinámicas de especulación inmobiliaria”.

La tasa cero del IVA en alimentos, ejemplifica, aplica por igual sin importar si el producto se destina al consumo directo o se utiliza como insumo industrial.

“En sectores como la agroindustria, la industria cervecera o la producción de alimentos ultraprocesados, la tasa reducida sobre insumos primarios permite que las corporaciones adquieran productos agropecuarios sin pagar el impuesto y, al mismo tiempo, acrediten el IVA pagado en insumos intermedios como energía, envases, transporte o servicios profesionales”, abunda el informe presentado el pasado viernes.

Oxfam advierte que la importancia económica y política de las renuncias en México contrasta con su opacidad, regulación deficiente y rendición de cuentas insuficiente.

“El Estado mexicano deja de cobrar impuestos sin objetivos verificables, indicadores de desempeño, evaluación periódica, cláusulas de caducidad o datos abiertos que permitan analizar las renuncias, ni información para conocer a las personas beneficiarias, montos y resultados alcanzados”, apunta.

Muestra de esta opacidad, indica, son los estímulos otorgados a los Polos de Desarrollo para el Bienestar o el Plan México, cuyos costos se registran en los documentos oficiales de la Secretaría de Hacienda bajo las siglas “N.A.” (No Aplicable) o “N.D.” (No Disponible).

“Que gran parte de las renuncias recaudatorias operen en la opacidad y bajo el riesgo de regresividad es una decisión política, no una limitación técnica. El Estado puede y sabe cómo fiscalizar a detalle; ya lo hace con las personas trabajadoras y con instrumentos de menor peso económico”, señaló Diego Merla, coordinador de la estrategia de Justicia Fiscal en Oxfam México.