Va Morena contra auditores para combatir la corrupción

Para combatir la corrupción, Morena va por reformar toda la planilla de las instituciones autónomas que integran al Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), comenzando por las fiscalías especializadas y las auditorías estatales, para debatir los perfiles en foros ciudadanos y eliminar la reelección que se da de auditores y titulares de órganos internos de control.

En entrevista con EL UNIVERSAL, el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar afirma que el diagnóstico es que tanto fiscales como auditores —en algunos casos— funcionan como “un empleado más” del gobierno en turno, incluido el nivel federal.

El resultado de ese fenómeno ha sido la infiltración del crimen organizado en todos los niveles de gobierno, comenta.

Explica que a esta reforma se sumará la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), concretada desde el sexenio pasado, y la muerte en los hechos del Comité de Participación Ciudadana (CPC), que sólo tiene un integrante designado por el Senado de la República.

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Aunque Morena insiste en que los ciudadanos deben tener mayor peso en el combate a la corrupción, su propuesta los coloca sólo como denunciantes y votantes en la revocación de mandato.

Afirma que la reforma anticorrupción debe tener como propósito erradicar de manera total la intromisión del crimen organizado en los gobiernos. Pero no debe ser la única; la reforma al sistema de fiscalización y la reforma electoral deben también buscar el blindaje del poder político sobre el poder criminal.

‘La reforma más urgente que requiere el país es la reforma anticorrupción, por lo tanto, la reforma electoral debería poner el acento en la fiscalización de los partidos, del dinero que se les da, sus gastos y sus ingresos, y tiene que garantizar mayores penalizaciones, mayores sanciones a todos aquellos candidatos y partidos que agarren dinero criminal, porque eso es lo que está degradando las instituciones del Estado mexicano’.

REFORMA A LAS FISCALÍAS Y LAS AUDITORÍAS

La reforma anticorrupción de Morena irá sobre cinco ejes: erradicar el fuero de manera total; reconstruir el sistema anticorrupción, incluyendo órganos de fiscalización y dando más herramientas de sanción; reformas a la Ley Orgánica del Congreso para garantizar la fiscalización y los procesos de selección del auditor superior; el blindaje a la denuncia ciudadana y fortalecer y unificar los sistemas de revocación de mandato.

Las primeras dos ya fueron presentadas por Ramírez Cuéllar, pero se espera que antes de que termine el periodo ordinario, en abril próximo, la Consejería Jurídica de la Presidencia presente la que reforme totalmente el SNA. Sobre la reforma al sistema de fiscalización, Ramírez Cuéllar presentó la propuesta para reducir los plazos en los que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) entrega sus informes, a medida de que puedan irse acortando hasta llegar al tiempo real que tanto se prometió con el engranaje del SNA hace una década.

‘Se propone la presentación de un sólo informe individual en agosto, en lugar de dos informes individuales en junio y octubre; además, la entrega del informe general ejecutivo el 20 de enero y no el 20 de febrero, del año siguiente al de la presentación de la Cuenta Pública’, comenta el legislador.

Además, se propone eliminar la posibilidad de reelección del auditor superior de la Federación y del titular de la Unidad de Evaluación y Control de la ASF. Para elegir al auditor superior, se plantea que los diputados federales que integren la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior realicen foros de consulta entre las organizaciones de sociedad civil e instituciones académicas para elegir al mejor candidato.

Sumado a ello, la propuesta busca prohibir los vínculos familiares entre titulares de auditorías y la administración pública, igualmente, entre trabajadores de la ASF y servidores públicos. Otra propuesta es que la toma de decisiones en la Auditoría Superior sea colegiada y terminen los beneficios individuales del auditor.

EL NUEVO PAPEL DE LOS CIUDADANOS

Cuestionado directamente sobre si debe seguir o no el Comité de Participación Ciudadana dentro del Sistema Nacional Anticorrupción, el diputado Ramírez Cuéllar asegura que los ciudadanos deben ser partícipes a través de denunciar la corrupción y votar en los ejercicios de revocación de mandato, blindando que éstos no sean ejercicios a modo o de simple ratificación de los gobernantes.

‘Ya ese esquema no funciona. Tenemos que hacer una revisión completa, total, tienen que renovarse todos los órganos encargados de perseguir y castigar la corrupción. Cualquier reforma debe garantizar que ningún funcionario, legislador o gobernante tenga privilegios procesales para evadir la justicia y que estén sometidos a la rendición de cuentas... y la mejor forma de rendir cuentas, pues son los sistemas de revocación de mandato’, menciona.

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Sobre la reforma a la Ley Orgánica del Congreso, Ramírez Cuéllar asegura que es necesaria una fiscalización más fuerte a ambas cámaras, pues ahora viven ‘en una burbuja y en un paraíso que ya resulta totalmente inaceptable’.

‘Necesitamos que tanto el Congreso de la Unión como el cuerpo legislativo de las entidades federativas sea sujeto a una mayor revisión, ejerza mayor transparencia de sus gastos y que los diputados y las diputadas locales y federales tengamos que estar bajo la lupa de los ciudadanos, no solamente revisando las cuestiones legislativas, sino también las prerrogativas que tiene cada legislador por ser representante de sus partidos’, dice.

¿DE QUÉ VA LA INICIATIVA?

La reforma anticorrupción de Morena girará en torno a cinco puntos:

*) Reducir plazos de fiscalización; una sola entrega de informe individual en enero.

*) Eliminar la reelección de los auditores, así como órganos internos de control.

*) Organizar foros ciudadanos en los congresos para debatir perfiles y elegir al auditor superior.

*) Prohibir vínculos familiares entre titulares de auditorías y la administración pública.

*) Adoptar decisiones colegiadas en las auditorías y que los fiscales sean electos por el Congreso.

EL DATO

El diputado Alfonso Ramírez Cuéllar afirma que el diagnóstico es que tanto fiscales como auditores —en algunos casos— funcionan como “un empleado más” del gobierno en turno.