‘Nada por encima de la ley’: clave de FGR ante urgencia de arresto provisional
El fiscal a cargo anunció que la Cancillería pedirá ampliación de información y subrayó que la institución actuará en defensa de la soberanía
CDMX.- La Fiscalía General de la República (FGR) sostuvo que no existen elementos para detener de forma provisional al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y a nueve funcionarios y exfuncionarios, dos días después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos los acusó por narcotráfico y posesión de armas de fuego.
Raúl Jiménez Vázquez, titular de la Fiscalía Especializada en Control Competencial de la FGR, informó que solicitarán a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) gestionar ante autoridades estadounidenses una ampliación de la información contenida en el pedimento.
Jiménez Vázquez afirmó que “no se trata de un procedimiento de extradición formal como tal, sino de una solicitud de otorgamiento de una medida cautelar con fines de extradición”, al explicar el alcance del trámite recibido por la vía diplomática.
El funcionario señaló que la detención provisional “constituye una restricción a los derechos humanos” y sostuvo que, en la solicitud revisada, “no hay ninguna evidencia que nos permita apreciar el porqué de la urgencia de la detención provisional”.
Jiménez Vázquez advirtió que “la difusión pública de la información base de este pedimento pone en riesgo el debido proceso”, y planteó que la revisión debe sostenerse en documentación suficiente para valorar la procedencia de la medida cautelar.
El titular del área anunció que “la Fiscalía General de la República enviará una comunicación a la cancillería para que se solicite a la autoridad requiriente, todas las pruebas, argumentos, informes, documentos que sean necesarios”, con el fin de completar la evaluación conforme al marco aplicable.
Jiménez Vázquez subrayó que “nuestra obligación es la procuración de justicia con base en las atribuciones y facultades que nos otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Código Nacional de Procedimientos Penales, nuestra Ley de Extradición Internacional y los tratados internacionales”, y añadió: “Afirmamos categóricamente: Nada ni nadie por encima de la ley”.
El funcionario cerró con la línea que marcó el tono de la postura institucional: “El pueblo de México debe saber que nuestro compromiso es con la verdad, la justicia y la defensa de la soberanía nacional”.
