Proponen en el Senado regular cobranza automatizada y sancionar hostigamiento a deudores por llamadas
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El proyecto plantea sanciones y responsabilidad solidaria para instituciones y despachos que incumplan
CDMX.- Ante el hostigamiento hacia personas deudoras, en particular mediante sistemas automatizados de cobranza, el senador Jorge Carlos Ramírez Marín presentó una iniciativa para regular prácticas extrajudiciales y frenar el acoso, sin promover el no pago ni restringir el derecho de los bancos a cobrar créditos.
El legislador del Partido Verde señaló que la reforma no busca condonar deudas ni impedir el cobro, sino fijar límites para evitar que, por falta de vigilancia y un marco legal preciso, algunas instituciones incurran en conductas indebidas, sobre todo en cobranza.
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Ramírez Marín sostuvo que la propuesta pretende actualizar el marco legal para proteger los derechos de los usuarios de servicios financieros, al advertir que la cobranza, cuando no está debidamente regulada, puede convertirse en una práctica grave.
El senador por Yucatán indicó que el uso de nuevas tecnologías ha modificado la operación de los despachos de cobranza, por lo que consideró indispensable ajustar la legislación a esa realidad, particularmente por el impacto de mecanismos automatizados en la frecuencia de contacto.
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Advirtió que las llamadas constantes y la imposibilidad de usar el teléfono, incluso para emergencias, transforman la cobranza en un acto de hostigamiento, sin importar si la deuda es elevada o de montos menores.
El legislador aseguró que se tienen registros de casos con “624 llamadas en 24 horas”, y explicó que, al considerar los periodos en los que no se puede llamar, una persona podría recibir prácticamente una llamada cada dos minutos.
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Añadió que estas acciones convierten la cobranza en un hostigamiento “total y absoluto” y que el teléfono queda prácticamente “secuestrado” hasta que se realiza el pago, sin atender al monto de la deuda ni a las necesidades del usuario.
La iniciativa reforma y adiciona disposiciones de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros y de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, y plantea sanciones de hasta 3 mil días de salario para instituciones que incumplan, además de establecer responsabilidad solidaria por actos de terceros, como despachos contratados para cobrar.
