Sancionan desvío en el Banco del Bienestar por 380 mdp
COMPARTIR
La sentencia notificada el 10 de septiembre no es definitiva, pues puede ser apelada ante la Sala Superior del TFJA
Un Tribunal federal sancionó a funcionarios del Banco del Bienestar por causar un daño patrimonial de 380 millones de pesos, al autorizar pagos indebidos a una empresa contratada para la “gestión inmobiliaria” de las 2 mil 750 sucursales que ordenó el ex Presidente Andrés Manuel López Obrador.
El Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) inhabilitó hasta por 15 años y ordenó resarcir diversas cantidades --hasta por el monto mencionado-- a Alberto Medina Zamudio, ex director de Recursos Materiales; Faustino Ramírez Zenteno, ex subdirector de Adquisiciones, y Yuliet Luis Reyes, ex gerente de Administración Inmobiliaria.
Además, el TFJA ordenó destituir e inhabilitar por 3 meses a Nayeli Aguilar Pineda, quien, desde marzo de 2019, y por lo menos hasta mayo de 2026, ha sido la gerente de Pagos y Conciliaciones del banco, por haber participado en algunas de las operaciones cuestionadas.
Estos funcionarios eran responsables de supervisar el cumplimiento del contrato de hasta 496 millones de pesos adjudicado en mayo de 2021 al consorcio de Promotora de Infraestructura IMM y Urba Ingeniería, para desplegar en todo el País al personal que debía verificar la situación física de los inmuebles donde la Secretaría de la Defensa ya construía las sucursales.
La situación legal de dichos inmuebles era muy compleja, a tal grado que, al cierre de 2025, el auditor externo del banco reportó que sólo se contaba con documentos para acreditar su propiedad sobre 580 de los 2 mil 750 predios que ocupan las sucursales.
Una auditoría del Órgano Interno de Control (OIC) en el banco, iniciada en abril de 2024, reveló que el consorcio no entregó la información que se le requirió sobre cada sucursal, o lo hizo de manera errónea o incompleta, pero los funcionarios aceptaron modificar los requisitos que se habían fijado en el contrato, autorizaron los pagos y no cobraron penalizaciones.
“La servidora pública (Luis Reyes) suscribió cuatro actas de seguimiento en las que se alteraron condiciones relacionadas con los entregables, pese a no contar con facultades para modificar los términos contractuales”, resolvió la Primera Sala en Materia de Responsabilidades Administrativas Graves del TFJA.
Esta ex funcionaria, que apenas había ingresado al banco en abril de 2021, es la que recibió las sanciones más severas, porque participó en los 21 pagos cuestionados.
“Durante el periodo comprendido entre el 16 de agosto y el 17 de diciembre de 2021, (Medina Zamudio) omitió verificar adecuadamente el cumplimiento de las obligaciones contractuales respecto de los entregables que sustentaron 20 pagos identificados, a pesar de que diversos entregables no cumplían con los requisitos mínimos”, dice el fallo, en relación con dicho ex funcionario, quien también llegó al banco en 2021 y salió en 2022.
La sentencia notificada el 10 de septiembre no es definitiva, pues puede ser apelada ante la Sala Superior del TFJA.
Un Tribunal federal sancionó a funcionarios del Banco del Bienestar por causar un daño patrimonial de 380 millones de pesos, al autorizar pagos indebidos a una empresa contratada para la “gestión inmobiliaria” de las 2 mil 750 sucursales que ordenó el ex Presidente Andrés Manuel López Obrador.
El Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) inhabilitó hasta por 15 años y ordenó resarcir diversas cantidades --hasta por el monto mencionado-- a Alberto Medina Zamudio, ex director de Recursos Materiales; Faustino Ramírez Zenteno, ex subdirector de Adquisiciones, y Yuliet Luis Reyes, ex gerente de Administración Inmobiliaria.
Además, el TFJA ordenó destituir e inhabilitar por 3 meses a Nayeli Aguilar Pineda, quien, desde marzo de 2019, y por lo menos hasta mayo de 2026, ha sido la gerente de Pagos y Conciliaciones del banco, por haber participado en algunas de las operaciones cuestionadas.
Estos funcionarios eran responsables de supervisar el cumplimiento del contrato de hasta 496 millones de pesos adjudicado en mayo de 2021 al consorcio de Promotora de Infraestructura IMM y Urba Ingeniería, para desplegar en todo el País al personal que debía verificar la situación física de los inmuebles donde la Secretaría de la Defensa ya construía las sucursales.
La situación legal de dichos inmuebles era muy compleja, a tal grado que, al cierre de 2025, el auditor externo del banco reportó que sólo se contaba con documentos para acreditar su propiedad sobre 580 de los 2 mil 750 predios que ocupan las sucursales.
Una auditoría del Órgano Interno de Control (OIC) en el banco, iniciada en abril de 2024, reveló que el consorcio no entregó la información que se le requirió sobre cada sucursal, o lo hizo de manera errónea o incompleta, pero los funcionarios aceptaron modificar los requisitos que se habían fijado en el contrato, autorizaron los pagos y no cobraron penalizaciones.
“La servidora pública (Luis Reyes) suscribió cuatro actas de seguimiento en las que se alteraron condiciones relacionadas con los entregables, pese a no contar con facultades para modificar los términos contractuales”, resolvió la Primera Sala en Materia de Responsabilidades Administrativas Graves del TFJA.
Esta ex funcionaria, que apenas había ingresado al banco en abril de 2021, es la que recibió las sanciones más severas, porque participó en los 21 pagos cuestionados.
“Durante el periodo comprendido entre el 16 de agosto y el 17 de diciembre de 2021, (Medina Zamudio) omitió verificar adecuadamente el cumplimiento de las obligaciones contractuales respecto de los entregables que sustentaron 20 pagos identificados, a pesar de que diversos entregables no cumplían con los requisitos mínimos”, dice el fallo, en relación con dicho ex funcionario, quien también llegó al banco en 2021 y salió en 2022.
La sentencia notificada el 10 de septiembre no es definitiva, pues puede ser apelada ante la Sala Superior del TFJA.
