Solicita ASF información a OPLE sobre contratistas

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) hizo llegar ya a los institutos y Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) requerimientos de información sobre contratos de licitación de material electoral vinculados con empresas señaladas a raíz del caso de la expresidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala.

Los organismos que están bajo la lupa de la Auditoría Superior de la Federación respondieron, por separado, que atenderán las solicitudes del órgano fiscalizador y señalaron que mantendrán —por el momento— los procesos de contratación y licitación de materiales electorales y otros servicios en curso.

El Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (IEEyPC) de Sonora indicó que continuará con los procesos de licitación para la adquisición de material electoral y la impresión de boletas rumbo al próximo proceso electoral, pese a los cuestionamientos surgidos sobre contrataciones realizadas en años anteriores.

Nery Ruiz Arvizu, consejero presidente del organismo, aseguró que los procedimientos son inminentes debido al calendario electoral, por lo que no pueden detenerse.

Sin embargo, reconoció la necesidad de incorporar medidas adicionales que fortalezcan la confianza ciudadana en el manejo de los recursos públicos.

Ruiz Arvizu advirtió que uno de los principales problemas es el reducido número de empresas especializadas que participan en las licitaciones de material y documentación electoral, lo que provoca que los mismos proveedores aparezcan en procedimientos de distintas entidades del país.

En el mismo sentido, el Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz [OPLE Veracruz] informó que ninguna empresa requerida por la Auditoría Superior de la Federación ha sido contratada en los últimos cuatro años.

La consejera presidenta de dicho organismo, Marisol Alicia Delgadillo Morales, reveló que recibieron un requerimiento de la ASF para brindar información de contratos vinculados a ocho empresas, de las cuales, expuso, ninguna ha sido contratada de 2022 a la fecha.

El reporte solicitado, el cual, dijo, será atendido, forma parte de la fiscalización que lleva a cabo la Auditoría Superior de la Federación al Instituto Nacional Electoral y a los Organismos Públicos Locales Electorales.

En tanto, en el estado de Tamaulipas, el Instituto Electoral de esa entidad (IETAM) indicó que las licitaciones bajo su responsabilidad se realizaron de forma normal y no se han detenido.

El consejero presidente del IETAM, Juan José Ramos Charre, afirmó que el instituto no tiene proveedores preferidos y las contrataciones se realizan conforme a los procedimientos establecidos para ello.

“No existe un solo proveedor consentido o preferido”, expresó el consejero Ramos Charre.

Al referirse a las próximas compras de materiales y equipo, el consejero presidente mencionó que se prevén convocatorias abiertas y las empresas interesadas deberán acreditar experiencia, cumplir sus obligaciones fiscales y no estar inhabilitadas.

En tanto, el Instituto Electoral de Quintana Roo (IEQROO) inició una revisión sobre la documentación y material electoral licitado o adjudicado desde 2014. De forma preliminar, encontró que entre esas adjudicaciones figura Cajas Graf, que recibió casi 15.9 millones de pesos para el proceso electoral de 2025.

La consejera presidenta del IEQROO, Rubí Pacheco Pérez, informó que solicitó a la Dirección de Administración localizar los contratos y expedientes de las empresas proveedoras, ante la posibilidad de que la Auditoría Superior de la Federación revise las contrataciones de los Organismos Públicos Locales Electorales.

Entre las compañías que aparecen en los registros del instituto se encuentra Cajas Graf, relacionada con el contratista José Alfredo Hernández Casillas, señalado como parte de una presunta red de empresas proveedoras de material electoral que habría simulado competencia en procedimientos de contratación.

De acuerdo con Pacheco, Cajas Graf recibió al menos tres contratos del IEQROO, incluido el correspondiente a 2025, cuando obtuvo mediante licitación pública nacional una adjudicación por 15 millones 897 mil pesos para suministrar material electoral.

Mientras que, en Zacatecas, el Instituto Electoral del Estado (IEEZ) admitió que sus contratos de material electoral se han adjudicado a un grupo reducido de proveedores; justifica que no tiene opción porque en México existen “prácticas monopólicas que han sido toleradas por el gobierno mexicano” desde hace más de dos décadas.

A través de un posicionamiento emitido por la presidencia del Consejo General, el IEEZ reconoció que al emitir sus licitaciones nacionales terminan recurriendo a “una oferta de mercado altamente concentrada por contadas empresas que acaparan las licitaciones públicas”.

Este órgano electoral también refiere que las denuncias por estas prácticas monopólicas “deben ser atendidas por las autoridades competentes” y aseguró que sus procesos de contratación para las elecciones de 2024 y la del Poder Judicial en 2025 se apegaron a la normatividad.

En el caso de Oaxaca, la vocería del Instituto Estatal Electoral y Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO) informó que no se ha iniciado ningún proceso en el que se plantee la suspensión de procesos de contratación, como ha ocurrido en otros Organismos Públicos Locales Electorales, como en el Estado de México.

Sin embargo, durante la sesión ordinaria del viernes, la consejera presidenta del IEEPCO, Elizabeth Sánchez González, aseguró que aún no inician los procesos de licitación para la elección del próximo año. Y manifestó su “preocupación” de cuál empresa van a contratar si sólo cinco empresas en el país se dedican y cumplen con los requisitos para ofrecer la documentación y material electoral.

Cabe recordar que el pasado viernes en la Cámara de Diputados, el titular de la Auditoría Superior de la Federación, Aureliano Hernández Palacios Cardel, reveló que los OPLE que han signado contratos con un grupo de empresas dedicadas a la elaboración de material electoral y señaladas de conseguir contratos a modo y de simular competencia son el de Veracruz, con 484.4 millones de pesos; Oaxaca, con 370.3 millones; Coahuila, con 306.3 millones; Puebla, con 286.6 millones; Nuevo León, con 253.9; Baja California, con 223.3; Aguascalientes 211 millones; Estado de México, con 163.7 millones; Jalisco, con 159.5 millones; y Yucatán, con 151.1.