Tipifica la violencia ácida como delito autónomo con sanciones de hasta 15 años de prisión

CUERNAVACA, MOR.- La diputada Jazmín Solano López encabezó la ponencia “Ley de Violencia Ácida, Visibilizar para Transformar”, impartida por la saxofonista oaxaqueña María Elena Ríos Ortiz, impulsora a nivel nacional de la llamada “Ley Malena”, iniciativa que busca tipificar este tipo de agresión como una forma extrema de violencia de género y garantizar atención integral a las víctimas.

Durante el encuentro, la legisladora destacó que en 2025 entraron en vigor en Morelos las reformas al Código Penal y a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, con las cuales se reconoce la violencia ácida como un delito autónomo, sancionado con penas de hasta 15 años de prisión. Con ello, la entidad se convirtió en el estado número 20 del país en legislar contra esta forma de violencia extrema.

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Solano López calificó este avance como un acto de justicia, reivindicación y dignidad, al subrayar que la legislación honra la lucha de María Elena Ríos, quien en 2019 sobrevivió a un ataque con ácido que marcó su cuerpo y su vida, pero que también detonó un movimiento nacional para visibilizar este tipo de agresiones.

En su ponencia, Ríos Ortiz afirmó que aún persiste una revictimización por parte del Estado, pese a la existencia de marcos legales. “Quemar a una mujer en Morelos ya es un delito y muy grave”, enfatizó, al recordar que anteriormente este tipo de lesiones era equiparado jurídicamente a un moretón. Precisó que la legislación ahora contempla ataques realizados con ácido, sustancias químicas, corrosivas, tóxicas, inflamables, irritantes o líquidos a altas temperaturas.

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La activista reveló que, de acuerdo con datos de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), de enero a octubre de 2025 se han detectado 395 víctimas de violencia ácida o amenazas de este tipo en el país. Alertó que la mayoría de los agresores son cónyuges o exparejas sentimentales y que el 98% de las víctimas son mujeres en situación de vulnerabilidad, principalmente madres autónomas, mujeres indígenas y jóvenes de entre 20 y 32 años.

Ríos Ortiz subrayó además que, pese a la magnitud del problema, solo existen dos sentencias condenatorias en todo el país, lo que refleja un grave nivel de impunidad. “La ley existe, pero no se aplica con la contundencia que las víctimas necesitan”, advirtió.

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Por su parte, la diputada Martha Melissa Montes de Oca Montoya, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, refrendó el compromiso del Congreso local para impulsar acciones dentro de los 16 días de activismo por la eliminación de la violencia contra las mujeres, con el objetivo de que estos esfuerzos se traduzcan en mejores leyes y mecanismos de protección para las mujeres morelenses.

Las participantes coincidieron en que la Ley Malena representa un avance histórico, pero insistieron en que su verdadero impacto dependerá de la correcta aplicación de la justicia, la atención integral a las víctimas y el combate a la impunidad que aún prevalece en este tipo de delitos. Con información de El Universal