Tras amparo y revisión, FGR libera tres inmuebles asegurados a ‘La Reina del Pacífico’ desde 2003
La devolución se vincula con una diligencia dictada en 2014 que ordenó tramitar la liberación administrativa de los inmuebles en CDMX
CDMX.- La Fiscalía General de la República (FGR) devolvió a Sandra Ávila Beltrán, “La Reina del Pacífico”, tres inmuebles ubicados al sur de la Ciudad de México que le aseguró en 2003, dentro de la averiguación previa 966/MPFEADS/2002 iniciada en su contra por delitos contra la salud.
La institución presentó ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México documentación con la que acreditó la cancelación del aseguramiento de los inmuebles identificados con los números 5, 6 y 35 del condominio de Puente Cuadritos 18, colonia San Nicolás Totolapan, alcaldía Magdalena Contreras.
La medida derivó del amparo promovido por Ávila Beltrán contra la omisión de la FGR de cumplir con la diligencia de entrega decretada desde el 17 de junio de 2014, en la que se estableció que debían realizarse a la brevedad los trámites administrativos para cancelar cualquier situación jurídica que pesara sobre esos bienes.
En julio de 2025, la señalada acudió al Juzgado Cuarto de Distrito, a cargo de la jueza María del Carmen Sánchez Cisneros, para denunciar la falta de cumplimiento. En esa ocasión, la juzgadora determinó sobreseer el asunto al considerar que los informes de las autoridades responsables daban cuenta de acciones encaminadas a ejecutar la resolución de 2014.
Inconforme, Ávila Beltrán tramitó un recurso de revisión que fue turnado al Décimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, el cual revocó la resolución y ordenó reponer el procedimiento en el juicio de amparo.
Durante la reposición, la Fiscalía Especial en Investigación de Delitos contra la Salud informó a la jueza que las constancias remitidas previamente acreditaban la cancelación del aseguramiento de los inmuebles y que con ello se daba cumplimiento a lo ordenado.
Ávila Beltrán fue absuelta del delito de tráfico de cocaína en diciembre de 2010 por falta de pruebas; sin embargo, en 2012 fue extraditada a Estados Unidos para enfrentar cargos por posesión y tráfico de drogas, se declaró culpable ante una corte federal de Miami y recibió una condena de 70 meses de prisión.
En 2013 fue deportada a México y recluida en el penal federal de Tepic, donde permaneció hasta febrero de 2015, cuando un Tribunal Colegiado revocó la sentencia de cinco años que cumplía por operaciones con recursos de procedencia ilícita.
