Amílcar Olán desata crisis en Palacio Nacional
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Lázaro Cárdenas, jefe de la Oficina de la Presidencia, y el asesor externo Eduardo Cervantes plantearon la posibilidad de que, si fuera detenido por petición de EU, Amílcar pudiera aportar datos que involucrarían en actos de corrupción a los hijos de AMLO
Hay una crisis en Palacio Nacional. Lleva una semana y fue causada por el descubrimiento del santuario de Jorge Amílcar Olán Aparicio en Suiza. Hay paranoia, culpándose internamente de haber filtrado una información a TV Azteca, pese a que hay señales de que el trabajo no fue interno, sino externo; no mexicano, sino extranjero. No es para estar más tranquilos, sino al contrario. La pregunta que se hacen dentro y fuera del gobierno es: ¿dónde está? Porque de Lugano, en los Alpes suizos en la frontera con Italia, se fue hace una semana corriendo para escapar del escrutinio público.
El gobierno mexicano no sabe hacia dónde, como tampoco sabía antes de que TV Azteca les reventara en la cara el departamento y el rostro operado de Amílcar Olán, pese a que estaban buscando ubicarlo. Decían que entre Suiza –el lugar donde el columnista Claudio Ochoa, primero, y yo, lo situamos en octubre del año pasado– y España, sin certeza. España es un destino poco probable, por tantos mexicanos que viven en ese país y que pueden reconocerlo por las imágenes difundidas masivamente la semana pasada. Una apuesta podría ser Dubái, su misteriosa escala camino a Suiza el año pasado. Nadie que no tuviera registro de que ahí pasó una breve temporada antes de llegar a Lugano pensaría en ese emirato del Medio Oriente.
La realidad es que nadie sabe dónde está y la poca capacidad del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), particularmente en el extranjero, reduce las posibilidades y capacidades del gobierno para determinar su nuevo escondite. Amílcar Olán debe ser una persona que prácticamente se ha ido a la clandestinidad, temeroso no de perder su libertad –porque no hay acusaciones judicializadas en su contra–, sino quizás por su vida. Tres mil millones de pesos que transfirió a Suiza, en vísperas de irse de México, son tres mil millones de razones, porque mucho de ese dinero tenía dueños en el Grupo Tabasco, donde algunos de sus operadores financieros y lavadores de dinero están siendo detenidos.
El último fue Justo Rivera Parrazales, arrestado a mediados de julio, acusado de operar para el Cártel del Noreste y La Barredora, grupo criminal que nació en el gobierno de Adán Augusto López en Tabasco y se fortaleció durante su paso como secretario de Gobernación, así como en los gobiernos de Carlos Merino, su sucesor y actual director de Aeropuertos y Servicios Auxiliares, y de Rutilio Escandón en Chiapas, actualmente cónsul en Miami. En su momento, fuentes del gabinete de seguridad nacional revelaron a la prensa que Rivera Parrazales estaba ligado a Amílcar Olán y al senador López.
Amílcar Olán y Rivera Parrazales aparentemente se conocieron en el negocio de las medicinas –insumos médicos y servicios clínicos, particularmente– con los gobiernos de Escandón y de su sucesor, Eduardo Ramírez. Se ha señalado públicamente que detrás del huidizo tabasqueño se encuentra el hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador. La detención de Rivera Parrazales debió haber causado alarma en el Grupo Tabasco, porque es una hebra que, si se investigara realmente a fondo, conduciría a los confines de Palenque.
Eso no va a suceder, por lo que pasó la semana pasada en Palacio Nacional, que entró en una situación de crisis, y se ordenó a los estados morenistas revisar todos los contratos que pudieran tener con las empresas asociadas a Amílcar Olán y cancelarlos de inmediato. La presidenta Claudia Sheinbaum encargó la recopilación de la información y el seguimiento a su secretario particular, Carlos Augusto Morales, secretario de Gobernación de facto.
Morales fue responsabilizado de supervisar que todos los contratos que tengan relación con las empresas de Amílcar Olán sean protegidos jurídica y administrativamente, para evitar que puedan trascender a la opinión pública. Pero en prevención de que suceda, se puso en marcha una estrategia de comunicación política de la mano de su coordinador de asesores, jefe de la maquinaria de propaganda de la 4T, Jesús Ramírez Cuevas, para que, en caso de que comiencen a ser difundidos por los medios, prepare una contranarrativa y puedan neutralizar el impacto de nuevas pruebas sobre la corrupción del Grupo Tabasco, que ya está haciendo mella importante en la imagen del gobierno y de la 4T.
En una de las primeras reuniones de la semana caótica, el jefe de la Oficina de la Presidencia, Lázaro Cárdenas, y el asesor externo Eduardo Cervantes –a quien Sheinbaum le encarga regularmente asuntos que son de gobierno– plantearon la hipótesis de que la información sobre el paradero de Amílcar Olán pudo haber salido del interior de su administración. Expresaron, además, la posibilidad de que, si fuera detenido por petición de Estados Unidos, Amílcar pudiera aportar datos que involucrarían en actos de corrupción a los hijos de López Obrador, Andrés y Gonzalo López Beltrán. Hay una firme certidumbre de la Presidenta y su equipo más cercano de que, si es detenido para ser extraditado a Estados Unidos, se convertiría en testigo cooperante.
El gobierno de Sheinbaum ha vuelto a llegar tarde. Lo que era fuego en un principio se convirtió en un incendio que está abrasando al entorno obradorista. Amílcar Olán nunca fue perseguido judicialmente para no incomodar a los hijos de López Obrador y evitar un motivo más de queja y reclamos políticos del expresidente a Palacio Nacional. Pero, como ocurre con todos los asuntos de encubrimientos para no molestar a López Obrador, el caso se les está revirtiendo.
Iniciar una investigación la semana pasada en la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) fue un acto desesperado, probablemente no para actuar en busca de un presunto delincuente, sino para evitar que Amílcar Olán hable contra los López Beltrán y el Grupo Tabasco, que sigue siendo, en toda su extensión, el que tiene el peso político de Morena y el control del régimen.
Plantear que esa es la motivación detrás de la investigación tiene sustento en el patrón de encubrimiento de las dos fiscalías obradoristas para proteger a los suyos, porque si uno cae, teme la Presidenta, el árbol de corrupción es tan grande y profundo que no saben dónde terminarían de quitar la última hoja, como ocurre con el caso del contrabando de combustible en la Marina, donde la participación del exsecretario cada vez es más difícil de tapar. Lo mismo sucederá con el caso de Amílcar Olán, con la diferencia de que van contra el tiempo: llegaron más de un año tarde con respecto a Estados Unidos, que desde 2025 ha estado platicando en él.
