Coahuila: Feminicidio a los 12 años, un caso que no se puede ignorar

En San Juan de Sabinas, una niña de 12 años fue asesinada y su cuerpo tirado en un lote baldío. En Gómez Palacio, Durango, la madre de una niña de 13 años enardeció contra la decisión de jueces duranguenses de soltar al violador de su hija, a pesar de las evidencias de la agresión sexual. En el municipio de Frontera, una mujer fue asesinada a puñaladas por su pareja, quien después se quitó la vida.

Fueron tres... en una semana. Tres noticias, tres casos “cercanos” que nos deberían sacudir, espabilar, enojar y cuestionarnos.

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Apenas la semana pasada, en este mismo espacio, cuestionaba por qué han aumentado las riñas en Torreón, por qué los casos violentos donde se ven involucrados jóvenes, por qué las agresiones sexuales, también con menores involucrados como víctimas y victimarios. Y a la siguiente semana ocurren estas tragedias.

Acudí a la marcha que convocaron en Gómez Palacio para protestar por la absolución del presunto violador de la adolescente de 13 años. Allí, familias y colectivos se unieron para apropiarse del Periférico y caminar siete kilómetros con consignas que destilaban el enojo, la rabia y la furia por el caso. No es para menos: en un contexto de elección judicial, saber que tres juzgadores dejaron libre a una persona señalada por una víctima de 13 años, es para querer incendiar todo.

Por eso y más son comprensibles las protestas, las consignas, los señalamientos y las críticas. Porque mientras se presumen estados blindados, hay una sociedad con heridas abiertas, con resentimiento, frustración, con altos consumos de cristal en jóvenes, con mujeres que siguen enfrentando la violencia institucional, con centros de justicia que defienden a los agresores y culpan a las mujeres, con políticas sin estrategia ni dimensión de los problemas; políticas que se reducen a cosas superficiales, a la fotografía, a la conformación de comités o consejos que no funcionan y que sólo sirven para legitimar el sueldo que entra a los bolsillos.

En la región Carbonífera está el antecedente del feminicidio de Jimena, donde habitantes tomaron las calles, también con rabia. Así que después del atroz feminicidio de una niña de 12 años, uno esperaría que hubiera otra sacudida y se volviera a hacer eco −de alguna u otra forma− de la rabia y el coraje.

Porque el feminicidio de una niña de 12 años refleja una vulnerabilidad extrema y la omisión de los mecanismos de protección que debieron activarse desde antes. No es un caso aislado, sino síntoma de un sistema que ha fallado en prevenir, atender y erradicar la violencia.

No hay que olvidar que donde hay un feminicidio, de una menor o de una mujer adulta, hay una cadena previa de violencias toleradas o ignoradas: desapariciones, abusos sexuales, omisiones de autoridades, denuncias mal canalizadas o ignoradas, revictimización...

AL TIRO

Estos casos llaman la atención porque se presentan en el contexto de la solicitud de Alerta de Género que, desde julio del año pasado, se pidió para Coahuila por parte de colectivos, abogadas y activistas de La Laguna. Y también porque, del lado de Durango, desde 2018 se activó una Alerta de Género para distintos municipios, entre ellos Gómez Palacio, pero que ha tenido avances muy pobres.

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Que no sorprenda que se insista en una Alerta de Género en Coahuila. Insistir en ella tras un feminicidio de una niña de 12 años visibiliza el problema y rompe con la narrativa oficial de normalización o negación de la violencia, que se basa en minimizar cifras, deslegitimar denuncias o criminalizar a las víctimas.

La vida de una niña no puede ser una cifra más ni una tragedia que pase al olvido. Es forzar al Estado a cumplir su deber y proteger a quienes más lo necesitan.