La informalidad en México: una amenaza estructural para el desarrollo

Más del 50 por ciento de la población en México se encuentra laborando en el sector informal. Esto implica que millones de personas trabajan sin acceso a seguridad social, sin contratos legales y fuera del marco regulatorio fiscal, es decir, sin pagar impuestos. Si no sabe de qué va en la estructura de un estado o municipio el tema de los impuestos, sería bueno que le echara un vistazo. Sólo le advierto que toda la estructura y la infraestructura de la sociedad –educación, salud, seguridad, carreteras, alumbrado, puentes, transporte, becas, pensiones, apoyo alimentario– se mueve a partir de los mismos.

El asunto es que la informalidad no sólo limita el desarrollo individual y familiar, sino que también afecta la recaudación tributaria y la productividad nacional. Muchos se han olvidado que antes de reclamar es importante internalizar sobre las causas y consecuencias para avanzar hacia una economía más justa, equitativa y eficiente. De lo contrario, ni yendo a bailar a Chalma.

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En el primer trimestre de 2025, en datos del Inegi, la tasa de informalidad laboral fue de 54.3 por ciento, sin variación significativa respecto al mismo periodo en 2024. En mayo subió a 54.9, es decir, 32 millones de personas habitan en el sector informal. Esto significa que más de la mitad de la fuerza laboral en México carece de contrato formal, prestaciones o acceso al sistema de seguridad social. Todo esto obstaculiza la recaudación fiscal, la productividad y el desarrollo institucional.

Aclaremos que ordinariamente cuando se habla de informalidad, la liga va siempre a los pequeños oferentes que encontramos por las calles, en los mercados rodantes, trabajadores domésticos sin contratos, artesanos, pequeños comerciantes; y no es así, le pongo un ejemplo: el 29 por ciento de las manufactureras, el 27 por ciento de los negocios de servicios, el 25 por ciento de los negocios de comercio –cualquier tipo de negocio– viven en la informalidad, según los últimos reportes del Inegi. La economía informal representa el 24 por ciento del PIB nacional.

Hay también trabajadores que realizan actividades dentro de empresas formales que no llegan ni siquiera a entrar en el descarado outsourcing, que laboran más horas de las declaradas, u otros que están reportados con el salario mínimo cuando ganan mucho más en sus empresas. Aquí la deshonestidad de los patrones es de lo más común.

Por otra parte, hay negocios que operan sin registro o incumpliendo normativas fiscales y laborales. De la misma forma hay trabajadores que reciben un pago fijo o por horas, pero sin contrato ni prestaciones o trabajadores que tienen empleo formal, pero que trabajan menos horas de las que desean o con ingresos insuficientes.

En nuestro país, la informalidad es deporte nacional. De ida y de venida, es decir, entre emprendedores (empresarios) y trabajadores, de ahí que muchos para beneficiarse combinan varios empleos para poder sobrevivir. Otros que trabajan por su cuenta sin registrarse formalmente, sin pagar impuestos ni cumplir regulaciones, por ejemplo, taxistas sin licencia, artesanos que venden en mercados no regulados, profesionistas como médicos, abogados, arquitectos, contadores o ingenieros, entre otros que no emiten ninguna factura o aclaran que el cobro es en efectivo; y negocios (restaurantes, autopistas, hospitales) con las mismas características.

En su relación con los trabajadores, no sólo no hay contratos, tampoco hay afiliación a la seguridad social, prestaciones y cumplimiento de obligaciones fiscales, es decir, no hay un registro legal, no se emiten facturas ni se hacen declaraciones fiscales formales.

La informalidad en México tiene raíces profundas que van desde factores históricos hasta cuestiones estructurales de política pública. Uno de los principales factores es la falta de oportunidades en el sector formal. Muchas pequeñas y medianas empresas (pymes) enfrentan trámites complejos, altos costos fiscales y poca ayuda gubernamental, lo que las empuja a operar fuera del marco legal. Asimismo, muchas personas con bajo nivel educativo o sin acceso a capacitación laboral optan por actividades informales, como el comercio ambulante, la prestación de servicios sin registro o el autoempleo sin regulación.

La persistencia de la informalidad también se ve alimentada por la desconfianza hacia las instituciones y la percepción de que los beneficios de la formalidad no compensan los costos. Para muchos trabajadores, afiliarse al IMSS o al SAT implica trámites engorrosos sin una mejora real en sus condiciones de vida. Además, en zonas rurales o marginadas, el Estado está prácticamente ausente, lo que normaliza prácticas informales como única forma de subsistencia.

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La informalidad en México es reflejo de un sistema económico desigual y de una institucionalidad frágil. Las consecuencias de esta situación son múltiples. En el ámbito económico, la informalidad limita el crecimiento porque reduce la base tributaria, impide la planificación económica y frena la innovación. En lo social, refuerza la desigualdad al mantener a millones de trabajadores sin acceso a servicios de salud, pensiones o créditos. Además, genera condiciones laborales precarias que vulneran derechos humanos básicos.

Si usted o algún conocido evade impuestos –como trabajador o empresario– no sólo está en la informalidad, sino que ni siquiera está como para quejarse de los gobiernos que según muchos nos tienen en caos total y completo; el maniqueísmo a todo lo que da. Entonces, la pregunta que tendría que hacerse, antes de decir que andamos mal en todo, es: ¿estoy pagando mis impuestos o me voy por la libre?

Un país no puede avanzar si de manera general no nos hacemos todos cargo –vía impuestos– de su desarrollo económico. Así las cosas.