La lucha contra la impunidad no vendrá del gobierno ni de la oposición

Nadie en la política quiere darse por aludido en la lucha contra la impunidad. Tiene mucho que ver con complicidades de hace tiempo. El acceso al poder del PAN corrompió a demasiados, mientras el modelo Atlacomulco del PRI afectó a buena parte de la oposición. Los problemas del obradorismo, que preceden a su arribo al poder nacional, se relacionan con el financiamiento subrepticio e ilegal, asunto delicado si –como se ha señalado– los dineros del crimen organizado fueron parte de ello. No es asunto menor que, ya en el poder, el mayor incremento en el contrabando de combustibles se diera en los años electorales.

La destrucción de las contenciones contra la corrupción –como la transparencia, la rendición de cuentas y el escrutinio del Congreso– significó que la venalidad creciera en proporciones inimaginables. Resulta impensable que el contrabando de combustibles fuera operado por funcionarios y parientes del secretario almirante Rafael Ojeda. Es posible que todo iniciara con la intención de fondear a Morena y a sus candidatos a gobernador, como se infiere del caso Sergio Carmona, ejecutado en San Pedro Garza García, Nuevo León, en un operativo de alta escuela criminal. La corrupción los desbordó y generó formas de complicidad sin precedente.

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El crimen de ahora, junto con el contrabando de combustibles, se llama extorsión. No es nuevo, su origen remite a los gobiernos locales y municipales, así como a aduanas, fiscalías, policías y reclusorios. El crimen organizado incursionó en la venta de derecho de piso y, de allí, gradualmente pasó a desplazar a aquellas autoridades para apropiarse del negocio. Los recursos obtenidos por este medio superan a los del narcotráfico, además de provocar un agravio social mayor. El descontento reciente de transportistas, productores agrícolas y comerciantes a ello remite.

En la medida en que el gobierno minimice lo que ocurre, se recrean las condiciones para que el crimen persista y se amplíe. Es válido el diagnóstico del Gobierno Federal sobre la necesidad de actuar con urgencia contra la extorsión y definir una estrategia específica al respecto. Sin embargo, el problema es más profundo: la complicidad de autoridades municipales y estatales. Acabar con la extorsión –o al menos disminuir– implica abatir la impunidad de la que gozan las autoridades que la cobijan y se benefician.

Acertado también ampliar el marco legal, pero la lucha necesariamente implica acciones ejemplares contra criminales que hacen de autoridad y autoridades que hacen de criminales, lo cual tiene implicaciones políticas mayores, sobre todo cuando la complicidad alcanza a los niveles superiores del gobierno local.

La visión centralista ha significado que las atribuciones, los recursos y las responsabilidades se trasladen al ámbito federal, cuando el problema es mayoritariamente local. Desde hace tiempo, los expertos destacan la necesidad de depurar, mejorar y adiestrar a policías, fiscales y áreas de investigación de carácter local. Mucho se ha dicho y, quizá, hecho, pero los resultados demuestran que el problema persiste y crece, porque está en los niveles más elevados de los gobiernos municipales y estatales, como lo muestran los casos de Sinaloa, Veracruz, Guerrero y Michoacán, entre otros.

Combatir la impunidad, hasta hoy, se realiza según las necesidades políticas del régimen, además de que persiste una profunda ineficacia. Resulta ilustrativo que, en los casos en que la presión social se acentúa, las autoridades den con los responsables, pero la abrumadora mayoría de los delitos de alto impacto no son esclarecidos y sus responsables permanecen impunes. Las cifras lo demuestran, y preocupa aún más su normalización.

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El descontento por la impunidad reviste la mayor importancia y constituye la fuerza capaz de alterar el orden de cosas. El reto es que el hartazgo cobre fuerza, no para destruir ni recrear la polarización y el encono social, sino para transformar en favor de la mejora. Buena parte depende de lo que hagan las autoridades, de la actitud de los opositores institucionales y de la capacidad del movimiento social para llevar al poder una agenda intransigente y consecuente con la legalidad y la justicia.

Por lo que se ve, la lucha contra la impunidad no vendrá del gobierno porque su preocupación central está en mantenerse en el poder, no en ejercerlo y asumir plenamente su responsabilidad y las consecuencias que implican. La oposición, al menos sus dirigencias, permanece entrampada en su propio pasado. La mejor y confiable salida viene de la sociedad civil, a pesar de sus limitaciones. No sería la primera vez.