El Paquete Económico que la Secretaría de Hacienda hizo entrega al Congreso de la Unión el pasado viernes, para su análisis, discusión y eventual aprobación, cobra un interés especial por ser el último ejercicio fiscal de la presente administración. Mucho del interés -y también del morbo- que despertaba el conocer los detalles de su diseño, descansaba en verificar si el Gobierno continuaría con ese distintivo de responsabilidad fiscal que los caracterizó en sus primeros cinco años de gestión.
Contrario a años anteriores, los Criterios Generales de Política Económica 2024 contienen en lo general, estimaciones y supuestos bastante sensatos. Un crecimiento del PIB del 3%, para el próximo año, así como un precio del barril de petróleo en 56.7 dólares, una tasa de interés de los Cetes de 9.5% y un tipo de cambio de 17.1 pesos por dólar, constituyen previsiones realistas y consistentes, conforme a la realidad que estamos viviendo en el mundo y de las acciones emprendidas por los bancos centrales.
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Preocupa la estimación de la producción petrolera, que a todas luces está fuera de toda realidad al suponer 1.98 millones de barriles diarios (mbd), superior al 1.91 (mbd) estimados para este año y muy por encima de los 1.6 (mbd) observados en los primeros seis meses de este año. Esperemos que esta alegre sobreestimación sea compensada con una mayor cotización del petróleo en los mercados internacionales.
Pero el tema que más inquieta tiene que ver con la trayectoria del déficit público, así como de la deuda pública. Suena totalmente paradójico, por no decir descabellado, que ni siquiera en plena pandemia, con los estragos más fuertes en materia económica, el Gobierno no tuvo la más mínima intención de aumentar el déficit y la deuda para paliar los efectos adversos en la economía de las familias.
Ahora en su año de salida, propone que los Requerimientos Financieros del Sector Público (la medida más amplia del déficit) se ubique en 5.4% del PIB, cuando en los Criterios 2023, se planteaba que fueran de un 2.7% para el año 2024. Ahora lo llevan al doble.
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En el tema del Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público (la medida más amplia de la deuda), la propuesta es llevarlo a un 48.8% desde el 46.5% actual.
Si en temas fiscales algo había que reconocer a esta administración −más allá de las prioridades en el gasto y la asignación de recursos a obras y programas sumamente cuestionables− era su fuerte compromiso con preservar la sostenibilidad de las finanzas públicas y el perfil de la deuda. No obstante, parece ser que ahora la consigna es: “nosotros ya nos vamos, que lo arreglen los que vienen atrás”.
Con ello, la amenaza potencial de una degradación crediticia se hace cada vez más latente. Con la ya de por sí carga tan pesada que representa Pemex y sumado al costo financiero de la deuda, que se estima se incremente un 11% respecto al 2023, las finanzas públicas no aguantarán por mucho tiempo.
