Narrativa de incertidumbre, salida de capitales y crecimiento

Atlas del Mundo Offshore informa que al cierre del año pasado el capital de mexicanos y mexicanas en centros financieros del mundo supera 9% del producto interno bruto del país, activos que incluyen fondos de inversión, bonos, acciones y ahorro bancario, lo cual, supera la media global de fuga de capitales, distribuidos: 1 billón 670 mmdd en Estados Unidos (4.6%); 762 mil millones de dólares en Asia (2.1%); y 752 mmdd en Europa (2.3%).

Estos capitales triplican remesas recibidas el año 2025 (61.8 millones de dólares) y cuatriplica inversión extranjera directa (40.9 mdd).

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Más aún, datos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos revelan que esta inversión en cartera procedente de México se triplicó en siete años, de 80.1 mdd a 237 mdd, incremento de 197% (La Jornada, 15-05-26). Esta salida de capitales ha sido periódica, así no ha depreciado el tipo de cambio.

Las cifras anteriores muestran que la inversión privada en México contribuye mínimamente al crecimiento económico. La inversión directa en nuestro país es rentable puesto que dicha riqueza financiera se generó en producción y distribución histórica y reciente, el asunto es que no se reinvierte.

Aparte, según la firma Kearney de México que, aun con las tensiones geopolíticas actuales, por optimismo de alta dirección de empresas extranjeras y por reconfiguración de cadenas de suministro, nuestro país pasó del lugar 25 al 19 en el Índice de Confianza de Inversión Extranjera 2026, situándolo como el de mayor mejora en el ranking, -junto con Singapur- y el quinto mercado emergente más atractivo de captación de capitales internacionales (El Financiero, 10-04-26), por facilidad para hacer negocios, gobernanza transparente e infraestructura de calidad.

El gobierno mexicano recién firmó el Acuerdo Global Modernizado con la Unión Europea con inversiones por 5 mil millones, acuerdo que se extenderá por cuarenta años, asunto relevante para diversificar el sector externo y sortear las condiciones que impone el actual gobierno estadounidense.

La certeza de rentabilidad en el territorio nacional está fuera de duda (incluidos los bancos y sus amplias ganancias que rompen récord año a año, 304.4 mmdp en 2025, superior en 1.1% al año anterior, El Economista, 04-02-26), aún con la narrativa de incertidumbre judicial y de inseguridad impulsada por la derecha académica, política y mediática; demostrado está que se eliminó el contubernio perverso entre corporativos empresariales y el sistema de justicia, además que se tienen avances importantes en seguridad pública, según reconoce el gobierno estadounidense.

Históricamente las empresas mexicanas en general son proveedoras de empresas extranjeras y el TLC es prueba de ello, es decir que la inversión nacional se supedita a directrices de inversión externa, la cual sí aprovecha las facilidades que el país otorga, como menos salarios comparativos a los de sus países de origen.

En el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaun, el Plan México para impulsar los negocios productivos, con sustitución de importaciones e impulso de multicadenas de producción locales, ofrece, entre otras estrategias, la inversión de más de seis billones de pesos, con obras de infraestructura productiva que previsiblemente atraerán capitales nacionales, el asunto es que los inversionistas mexicanos se suscriben a la obra pública también sólo como proveedores del gobierno federal.

Lo anterior implica que, aún con la crítica neoliberal conservadora, el Estado mexicano debe posicionarse como el eje rector e impulsor de la dinámica económica, primero con la efectividad del gasto en infraestructura y segundo con perspectivas de abordar espacios que la iniciativa privada no atiende, como la vivienda, la multicadena automotriz y la industria pesada.

Aun se deberán atender áreas de oportunidad para la economía mexicana, pero, hasta ahora, lograr crecimiento económico superior al 2% tendrá mínima aportación de la iniciativa privada nacional, el impulso será en parte del exterior y de las perspectivas estatales.