¿Un sistema de justicia para presumir?

Para nadie es un secreto que el sistema de justicia sigue siendo, en todos los órdenes, una de las principales asignaturas pendientes del Estado mexicano, cuya máxima aspiración continúa siendo la de formar parte del bloque de naciones altamente desarrolladas.

La corrupción, reflejo de la falta de probidad de muchos que persiguen el delito y dirigen los órganos jurisdiccionales, es el principal obstáculo para alcanzar los objetivos de la reciente reforma judicial, que concluirá en 2027, cuando se complete la renovación del viejo sistema.

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En tanto, está claro que hace falta mucho más que enmiendas al marco jurídico y cambios operativos si lo que buscamos es sobreponernos a nuestra incipiente cultura de la legalidad, pues, de cierto, estamos ante un cáncer invasivo, por decir lo menos. Veamos.

En sus mediciones más recientes (2024-2025), World Justice Project (WJP) presenta a Coahuila con un desempeño general que lo mantiene en el top 10 en materia de eficiencia.

Tradicionalmente, el estado ha oscilado entre la séptima y décima posición a nivel nacional, con un puntaje general aproximado de 0.45 (en una escala de 0 a 1).

Aunque 0.45 parezca una calificación baja, es de las más altas del país, ya que casi ningún estado mexicano ha logrado superar la barrera de 0.50 en la historia del índice.

Respecto de sus fortalezas, la entidad sobresale particularmente en los factores relacionados con la estabilidad operativa y la seguridad:

Según WJP, el tema “orden y seguridad” constituye el factor más fuerte de Coahuila, con el cual se ubica en el tercer lugar, lo cual refleja una baja incidencia de homicidios y una percepción de seguridad superior al promedio nacional.

Su desempeño en justicia penal se sitúa en el séptimo lugar, destacando su eficacia en las investigaciones y la reducción de la impunidad en delitos de alto impacto, comparado con otras entidades.

En la observancia de los derechos fundamentales, mantiene una puntuación estable (cercana a 0.52), lo que indica un respeto relativo a las libertades civiles y derechos laborales mayor que en el sur del país.

World Justice Project plantea para Coahuila las siguientes áreas de oportunidades y retos: En principio, al igual que el resto de México, el estado presenta debilidades en los contrapesos y la integridad institucional:

La falta de suficientes límites al poder gubernamental es uno de sus puntos más bajos (lugar 22 nacional en ediciones previas). La evaluación se enfoca en cuanto a determinar qué tanto el Congreso local, los auditores y los jueces pueden frenar la injerencia del Ejecutivo.

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Por otra parte, aunque Coahuila no es de los estados más corruptos del ranking, su calificación está estancada (en aproximadamente 0.38), lo que refleja una tarea pendiente en la administración pública y cuerpos policiales.

No obstante, su posición favorable en el país se desvanece cuando realizamos un análisis comparativo más amplio. Al contrastar su sistema de justicia con otros estándares, los resultados revelan serias deficiencias que empañan su desempeño. Me refiero a lo siguiente:

Según el Rule of Law Index (Índice de Estado de derecho) 2025, México descendió al lugar 121 de 143 países evaluados, de acuerdo con el informe anual publicado en octubre pasado por la institución ya citada, que en español se denomina Proyecto de Justicia Mundial.

Haciendo honor al refrán “en el país de los ciegos, el tuerto es rey”, el estado de Querétaro presume su primer lugar en el ranking general. Le siguen: Guanajuato, Aguascalientes, Yucatán, Sinaloa, Coahuila, Zacatecas, Baja California Sur, Chihuahua y Durango.

En este top 10 del Índice de Estado de Derecho en México 2024-2025, estas entidades han logrado las puntuaciones más altas en una escala de 0 a 1 (donde 1 es el puntaje ideal).

Las anteriores evaluaciones permiten corroborar un hecho innegable: ni siquiera éstas “entidades líderes” han podido alcanzar la excelencia operativa. En mayor o menor grado, todas siguen lidiando prácticamente con las mismas deficiencias estructurales que motivaron la reforma judicial en el país.

Se tiene, por ejemplo, el fenómeno al que se le ha dado en llamar “puerta giratoria”, que alude al hecho de que los delincuentes son puestos en libertad casi tan pronto como son capturados, dadas las anomalías que suele haber en las carpetas de investigación o debido a un garantismo excesivo que favorece al victimario sobre la víctima.

Se trata de un serio problema de impunidad, mismo que ha sido señalado por organismos empresariales, colectivos de víctimas e incluso por funcionarios públicos. Su percepción es que de esta manera el trabajo de la policía se desperdicia en los tribunales.

Por cierto, la tasa de impunidad en México supera todavía el 90 por ciento de los delitos, indicando un promedio nacional de 96.3 por ciento en los casos conocidos por el Ministerio Público. Para delitos específicos, como la desaparición de personas, la impunidad se acerca al 99 por ciento, ya que casi no hay sentencias condenatorias, a pesar de la existencia de miles de casos.

Otro tumor a extirpar es la politización de la justicia, es decir, cuando el gobernante en turno dispone cómo, asimismo, cuándo y a quién castigar, casi siempre por revancha o control político, aunque esto implique invadir, impunemente, las facultades del Poder Judicial.

Luego también, a raíz del nuevo sistema de elección de jueces por voto popular, la justicia dejará de apoyarse en la ley para basarse en la popularidad de los juzgadores electos o en los intereses de los partidos políticos y grupos de poder, incluyendo los del crimen organizado. Al menos así lo percibe la generalidad de los abogados litigantes.

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Es de hacerse notar el gran peso que tiene esta clase de señalamientos, considerando que muchos de ellos son resultado de la investigación seria de instituciones y organismos con la relevancia de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).

Los análisis también han venido de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) —por relatorías sobre la independencia de magistrados— y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En tanto, las embajadas de Estados Unidos y Canadá no terminan de convencerse de la cacareada certidumbre jurídica para invertir en México.

A las anteriores prácticas y vicios arraigados se agregan el nepotismo, la corrupción institucional, la justicia selectiva, la justicia para ricos y un largo etcétera. El camino para revertir todo ello es largo y escabroso. Quizá tenga que pasar una generación más, antes de ver, entidad por entidad, los resultados que se pretenden con la reforma judicial. En lo que eso ocurre, sálvese quien pueda.

davidguillenp@gmail.com