Proceso federal por caso SIMAS Torreón podría alcanzar a más involucrados: Salazar

TORREÓN.- La investigación federal relacionada con presuntas irregularidades en el manejo de recursos destinados al Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS) de Torreón entró en una nueva etapa judicial, luego de las detenciones realizadas por autoridades federales y del desarrollo de las respectivas audiencias, informó el senador de la República, Luis Fernando Salazar Fernández.

En entrevista con VANGUARDIA, el legislador señaló que, una vez transcurrido el plazo constitucional, las personas detenidas fueron presentadas ante un juez de Control y vinculadas a proceso por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada.

Salazar Fernández indicó que entre las personas sujetas al procedimiento se encuentran José Elías “N”, exsecretario del Ayuntamiento de Torreón; Martha Esther “N”, extitular del Centro de Justicia Municipal, además de otros involucrados en la investigación federal.

Las detenciones fueron realizadas durante un operativo de la Fiscalía General de la República (FGR) en Torreón. Posteriormente, José Elías “N” y otros detenidos fueron trasladados a un penal federal de Oaxaca y Martha “N” al Centro Federal de Reinserción Social Femenil número 16, en Morelos.

El senador sostuvo que los imputados permanecerán bajo prisión preventiva mientras se desarrolla el proceso judicial y estimó que el procedimiento podría prolongarse entre uno y dos años, dependiendo del desarrollo de la investigación, la presentación de pruebas y las determinaciones de la autoridad jurisdiccional.

Subrayó que la vinculación a proceso no representa una sentencia y que corresponderá a las autoridades ministeriales y judiciales acreditar las responsabilidades individuales de cada una de las personas imputadas.

BUSCAN ESTABLECER LA RUTA DEL DINERO

Salazar Fernández señaló que uno de los puntos centrales de la investigación es determinar la ruta que habrían seguido recursos federales destinados originalmente a obras hidráulicas en Torreón.

El legislador recordó que en junio de 2025 hizo públicos sus señalamientos sobre presuntas irregularidades relacionadas con más de 66 millones de pesos y posteriormente presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República, además de solicitar la intervención de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y del Servicio de Administración Tributaria (SAT). La denuncia federal quedó registrada dentro de la carpeta FED/FEMCC/FEDHCIS-COAH/0000306/2025.

Explicó que los recursos tenían su origen en un convenio relacionado con la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y estaban destinados, de acuerdo con su denuncia, a trabajos de rehabilitación y mantenimiento de 16 pozos de agua potable en Torreón.

Según el senador, durante la revisión documental que realizó antes de presentar la denuncia detectó que una empresa contratada para ejecutar parte de los trabajos carecía de la infraestructura y antecedentes que, a su juicio, no corresponderían a una compañía encargada de obras de esa magnitud.

Salazar ha sostenido desde 2025 que se trataba de una empresa utilizada presuntamente para simular operaciones y que, una vez recibidos los recursos, se realizaron diversos movimientos financieros que ahora forman parte de las indagatorias de las autoridades. Estos señalamientos forman parte de la denuncia presentada por el legislador y deberán ser acreditados dentro del proceso judicial.

El senador afirmó que el seguimiento de las transferencias permitió ampliar las líneas de investigación y que las indagatorias de la FGR habrían permitido establecer la probable participación de personas que no figuraban inicialmente en su denuncia.

Entre los nombres que posteriormente aparecieron en las investigaciones se encuentran Farid Alí “N” y Georgina “N”, además de José Feliciano “N, quienes fueron imputadas por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada.

NO DESCARTA QUE INVESTIGACIÓN ALCANCE A MÁS PERSONAS

A los involucrados específicamente se les acusa por operación de recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada.

Conforme avancen las indagatorias, Salazar Fernández consideró que las investigaciones podrían ampliarse y que habrá más detenidos en los próximos días, ya que lo que dibuja el caso permite concluir que faltan más personas que participaron el fraude, sobre todo del área de finanzas del municipio de Torreón y del SIMAS, quienes licitaron, y supervisan las obras y pagaban.

Todo el entramado de exservidores públicos que tienen que ver con estas áreas de la anterior administración municipal, son los que pudieran ser detenidos en los próximos días, es lógico y evidente, señala el Senador de la República.

Aclaró que corresponderá exclusivamente a la FGR determinar, con base en los datos de prueba, si existen elementos suficientes para proceder en contra de otras personas.

“Lo que falta ahora es seguir la ruta completa del dinero y establecer quiénes participan, quiénes autorizaron, quiénes supervisan y quiénes realizaron los pagos”, planteó el legislador durante la entrevista.

No obstante, cualquier eventual responsabilidad deberá ser establecida mediante investigaciones ministeriales y resoluciones judiciales.

Desde el inicio del caso, el senador ha sostenido que su denuncia buscaba esclarecer el destino de los recursos federales. El 9 de junio de 2025 hizo públicos los primeros documentos; días después llevó el asunto ante instancias federales y el 13 de junio formalizó una denuncia ante la FGR, la cual posteriormente fue ampliada con información adicional.

PRESENTA OTRA DENUNCIA POR PUBLICACIONES EN FACEBOOK

En un asunto distinto, Salazar Fernández dio a conocer que inició acciones legales relacionadas con una página de Facebook denominada “Unión Ciudadana contra la Delincuencia Coahuila”, a cuyos administradores atribuye publicaciones anónimas que, aseguró, contienen acusaciones falsas contra empresarios, ciudadanos y actores políticos de La Laguna.

El senador explicó que promovió acciones ante la FGR por conductas que considera podrían constituir ilícitos, además de recurrir a la vía civil por presunto daño moral.

Indicó que la denuncia ha sido ampliada en dos ocasiones para incorporar nuevas publicaciones y elementos que, desde su perspectiva, podrían permitir a las autoridades identificar a quienes administran el perfil.

Según explicó, una parte fundamental del procedimiento será obtener información de Meta, empresa matriz de Facebook, para conocer formalmente la identidad de las personas que han administrado la página.

Salazar aseguró que el perfil ha publicado señalamientos sobre presuntas actividades delictivas de distintas personas y posteriormente ha etiquetado cuentas de autoridades mexicanas y estadounidenses, práctica que, afirmó, pretende dar mayor difusión a acusaciones que él considera falsas.

El legislador dijo haber sido mencionado en diversas ocasiones por dicha página y señaló que también ha recibido testimonios de empresarios que aseguran haber resultado afectados por publicaciones realizadas desde ese perfil.

Fue a partir de estos antecedentes, explicó, que decidió emprender acciones legales y solicitar que las autoridades requieran información directamente a Meta.

Salazar indicó que presentó la primera acción el 29 de julio y que los días 15 y 18 de septiembre incorporó nuevos elementos. Paralelamente, señaló que promovió actuaciones en materia civil por presunto daño moral.

Respecto de la identidad de los administradores, el senador aseguró contar con información y testimonios que apuntaban hacia personas vinculadas anteriormente con la administración municipal de Torreón; sin embargo, señaló que esperará la información oficial que pueda proporcionar Meta antes de revelar nombres.

Recalcó que serán la FGR y las autoridades judiciales las encargadas de determinar si los hechos denunciados constituyan algún delito y, en su caso, establecer responsabilidades.

De esta manera, el senador sostuvo que mantendrá seguimiento tanto al proceso federal relacionado con los recursos destinados al SIMAS Torreón como a las acciones jurídicas emprendidas por las publicaciones realizadas desde la página de Facebook, al señalar que ambos asuntos deberán resolverse por las vías institucionales y con respeto al debido proceso.