Así funciona la estafa del crimen organizado a turistas con tiempos compartidos en resorts

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó a cinco personas, como 17 empresas, por ser parte de una red empresarial con vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) —la medida se emitió con base en las Órdenes Ejecutivas 13224 y 14059—, cuya estructura financiera es el sector turístico e inmobiliario en las zonas hoteleras de Riviera Nayarit y Puerto Vallarta.

En paralelo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), también incorporó a siete sujetos a la Lista de Personas Bloqueadas y presentó denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) por operaciones con recursos de procedencia ilícita.

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La UIF los acusa de formar parte del “núcleo operativo” de este fraude relacionado supuestamente con el CJNG.

“La ampliación de medidas restrictivas, tanto las derivadas de la designación internacional como las implementadas a nivel nacional, fortalece el alcance preventivo del régimen de bloqueo de cuentas, limita el acceso a activos dentro del sistema financiero global y cierra espacios para la utilización de intermediarios, prestanombres o estructuras corporativas destinadas a la dispersión de recursos ilícitos”, señaló la UIF.

ASÍ OPERAN LOS FRAUDES EN RESORTS

EU identificó como pieza central al propietario de Kovay Gardes, antes Vallarta Gardens, Carlos Humberto Rivera. La investigación estadounidense afirma que el complejo participó en fraudes de tiempo compartido y compartió bases de datos con call centers controlados por el CJNG —organización criminal que acaba de perder a su líder Nemesio Oseguera Cervantes—.

Kovay se ubica al noroeste de Puerto Vallarta, en La Cruz de Huanacaxtle, en la Riviera Nayarit. “Muchas de estas personas y entidades tienen su base en o cerca de Puerto Vallarta, un popular destino turístico que también sirve como bastión estratégico para el CJNG”, añadió el texto del Departamento del Tesoro.

El fraude iniciaba con llamadas para atraer compradores a presentaciones de venta; tras el contrato de “los tiempos compartidos”, se registraban cargos no autorizados y condiciones distintas a las ofrecidas.

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La estafa está dirigida a adultos mayores estadounidenses y suele durar años; quienes estaban del otro lado de la línea afirmaban ser algún tipo de representantes de ventas o legal de tiempo compartido.

Pero la base de datos se transfería a centros de atención telefónica que operaban reventas ficticias y cobros adicionales.

“Kovay Gardens utiliza tácticas deshonestas, como llamadas automáticas para atraer a posibles compradores a presentaciones, donde utiliza prácticas de venta engañosas para seducirlos”, indica el comunicado de EU.

Las estafas van desde la salida o realquile, por lo que les piden “cuotas” o “impuestos” por adelantado para que se les pague dinero que se les debe, pero el monto nunca llega y las víctimas siguen pagando.

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Los afectados suelen caer por las llamadas de supuestos abogados, quienes aseguran que los ayudarán con su caso o el funcionario que acusa transacciones sospechosas por las que es obligatorio pagar multas y evitar ir a la cárcel.

Kovay Gardens, según el Departamento del Tesoro, comienza su fraude al firmar un contrato utilizando técnicas deshonestas para atraer compradores; utilizan prácticas de venta engañosas y falsas promesas.

Las operaciones en Nayarit estaban bajo control de integrantes que actuaban en nombre de Audías Flores Silva, designado previamente por OFAC.

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Además, sancionaron a Oscar Enrique Jiménez Tapia, Jonathan Faustino Ríos González, José Eduardo Palacios Rodríguez y José Luis Gutiérrez Ochoa, este último (de acuerdo con el Tesoro de EU) tendría lazos familiares con Oseguera Cervantes.

La OFAC anunció asimismo sanciones contra la red empresarial Rivera Miramontes, compuesta por 13 compañías. Se trata de Punto 54, S.A. de C.V.; High Land Park, S.A. de C.V., que operan en el sector turístico; Colinas Proyectos y Construcciones, S.A. de C.V.; Ornitorrinco Inmobiliaria, S.A. de C.V., y VG Desarrollos de La Bahía, S.A. de C.V., que se dedican a actividades inmobiliarias; Deep Blue Desarrollos, S. de R.L. de C.V.; Deep Blue Servicios, S.A. de C.V.; Estrategia PVR, S. de R.L. de C.V., y Reef Administracion Avanzada, S. de R.L. de C.V., que están en el sector de los servicios financieros; Asesoría y Servicios Importadores, S.A. de C.V., que es una empresa de servicios empresariales; Corporativo Controlador Explora, S.A. de C.V., que es una sociedad de cartera, y la empresa de combustibles Solugas Soluciones en Gasolineras.

“Durante décadas, los cárteles basados en México han tomado como objetivo a propietarios estadounidenses de tiempos compartidos mediante centros de llamadas en México atendidos por televendedores que dominan el inglés”, explica el comunicado, que detalla que el CJNG empezó a adueñarse de esos programas de televenta hacia 2012 en Puerto Vallarta.

El documento detalla que, de acuerdo con el FBI, unas 6 mil víctimas estadounidenses denunciaron haber perdido casi 300 millones de dólares entre 2019 y 2023 a causa de estafas relacionadas con el tiempo compartido en México.

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Las sanciones implican el bloqueo de cualquier activo bancario de esas empresas o individuos en Estados Unidos, así como la prohibición de cualquier transacción.

¿QUÉ ES EL TIEMPO COMPARTIDO?

El tiempo compartido es un tipo de modelo de propiedad de uso vacacional, el cual consiste en la compra de tiempo en un mismo inmueble turístico; este se comparte con más personas.

Y es útil para quienes vacacionan por temporadas largas o frecuentan un mismo lugar.